Costanera Norte de Asunción: ocupantes de tierras municipales, dispuestos a pagar, piden mesa de trabajo

Vecinos de la zona de Costanera Norte, donde ocupan parte de un terreno municipal de 22 hectáreas sobre Cañadón Chaqueño, piden al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), una mesa de trabajo, ante la posibilidad de ser desalojados. Los ciudadanos asuncenos, más de doscientas personas, aseguran estar dispuestos a regularizar su situación y piden ser tenidos en cuenta en un desarrollo sostenible de la Franja Costera.

Manifestación de ocupantes de tierras municipales en Cañadón Chaqueño, zona de Costanera Norte ( Archivo).
Manifestación de ocupantes de tierras municipales en Cañadón Chaqueño, zona de Costanera Norte ( Archivo).

Cargando...

Un grupo de más de doscientos vecinos de la zona de Costanera Norte, donde ocupan hace décadas un terreno municipal y que podrían ser afectados por un desalojo, entregaron este lunes una nota al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), en la que piden ser tenidos en cuenta en el proceso de desarrollo de la Franja Costera.

El abogado Enrique Wagener, quien los patrocina, explicó que los vecinos solicitan una mesa de trabajo en donde se pueda definir una regularización catastral y ocupacional de estos terrenos. “A los que están siendo notificados, que se les tenga en consideración los años de ocupación, las mejoras y un plan de financiamiento para el pago de sus contribuciones”, solicitó.

El profesional pidió que sus representados también tengan una regularización de sus contratos y de sus títulos. “No están ajenos a pagar esta gente. La mayoría trabaja en la misma Municipalidad, en el Poder Judicial, de (empleadas) domésticas, tienen su local comercial, son gente de clase media baja y que está hace mucho tiempo ahí”, reclamó.

Franja de tierras municipales en la zona de Costanera Norte donde familias viven hace más de dos décadas.
Franja de tierras municipales en la zona de Costanera Norte donde familias viven hace más de dos décadas.

“Nadie les está escuchando ni contestando sobre la notificación que les hicieron y tienen información de loteamientos que se están haciendo ya en esa zona de Cañadón Chaqueño y de Melchora Melgarejo y hasta se está disponiendo de esos inmuebles a terceros. Ellos quieren tener la prioridad, antes que se les venda a terceros”, destacó el abogado.

Ocupantes de zona Botánico en iguales condiciones

El abogado Wagener señaló que hay otras familias en la zona de Viñas Cue, Botánico, que se encuentran en las mismas condiciones. “Hay casi dos mil familias, cerquita del predio de Copaco. La Municipalidad debería solicitar la desafectación de esas tierras de dominio público y pasar a dominio privado y hacer la regularización catastral también”, dijo.

Wagener señaló que en ambos lotes, los ocupantes no están recibiendo más el certificado de ocupación que recibían anteriormente de parte de la misma Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Área Social. El abogado dijo que no se puede considerar a estas personas como invasores. “Para que sean invasores tiene que haber clandestinidad y violencia”, requisitos que a su parecer, no se cumplen.

Reclamó que la Municipalidad ponga a disposición de la ciudadanía la información correcta y que se cree una mesa de trabajo con los interesados. “Si no se arma la mesa de trabajo en un plazo prudencial de treinta días, vamos a proceder a una acción de inconstitucionalidad contra esta ordenanza -la N.° 33/95, que alega la Intendencia-, invocando el artículo 100 de la Constitución Nacional que establece el derecho a la vivienda digna”, dijo.

Abogado Enrique Wagener se presentó a la subasta de la Costanera, que quedó desierta.
Enrique Wagener, abogado patrocinante de los vecinos.

El abogado señaló que este trato a los ciudadanos constituye un amedrentamiento y que ya está causando el efecto de que algunas familias se retiren del sitio. “Es la obligación de la Municipalidad y del mismo Estado proveerles de una solución”, agregó.

Lo que dijo la Municipalidad

La reacción de los vecinos se dio luego de que el asesor jurídico de la Municipalidad, Benito Torres, anunciara la posibilidad de venta directa de más dominios privados de la comuna, ocupadas irregularmente. El asesor de Nenecho dijo que este es uno de los principales focos de evasión y que se amparan en la ordenanza N.° 33 del año 1995, en la que se establecían los procedimientos referentes a la disposición de las tierras municipales, que expresamente establece que podrán ser arrendadas, cedidas en uso o vendidas, tal como sucedió con las 1,7 hectáreas de la Costanera Sur, vendidas al Astillero Aguapé.

En el documento al que accedió ABC, en la parte final señala que “en caso de incumplimiento a la notificación y su falta de interés de regularización de su situación ocupación (...), la Municipalidad de Asunción se reserva el derecho a dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 138 de la Ley N.º 3966/10 “Ley Orgánica Municipal”, que textualmente reza: “Las municipalidades podrán enajenar los bienes de su dominio privado, por el procedimiento de la subasta pública o excepcionalmente en forma directa, previo avalúo pericial que no será menor al valor fiscal (...)”.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y el asesor Benito Torres.
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y el asesor Benito Torres.

La “caza” de ocupantes de tierras municipales coincide con la situación de crisis financiera de la comuna, negada por el intendente. Este enero, Nenecho debe pagar deudas por al menos G. 71.300 millones, producto del vencimiento de los bonos G6 y G9, por G 20.000 millones, de préstamos de bancos de plaza por G. 27.900 millones, además de deudas del intendente con la Caja Municipal y con la aso de funcionarios de la Municipalidad, por G. 14.400 millones y G. 9.000 millones respectivamente.

Además, el intendente está investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. También está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro” y en la cual la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1.800 millones.

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...