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El juzgado de garantías de Santa Rosa del Aguaray ratificó la prisión preventiva para William Bogarín Campuzano, alto funcionario del Congreso de la Nación, y la abogada Ilsa Paredes, quienes están acusados de integrar una red criminal implicada en una estafa millonaria a colonos menonitas del departamento. La denuncia señala un fraude que supera 1,5 millones de dólares.
Según las investigaciones policiales y fiscales, los acusados, junto con otros implicados, habrían participado en actividades ilícitas que incluían estafa, asociación criminal y la producción de documentos falsificados, y giraban en torno a la falsa promesa de compra de 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco, transacción que nunca se concretó. Entre los procesados también figura José Francisco Ljubetic Arréllaga (73), quien se encuentra con arresto domiciliario debido a su avanzada edad.
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Intentos de evitar la prisión
El abogado de Bogarín Campuzano presentó apelaciones en un intento por evitar la prisión en el reclusorio. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de San Pedro confirmó el arresto y el juez de garantías Vicente Coronel ratificó la medida. Aunque los acusados solicitaron la revisión del caso, las autoridades judiciales decidieron mantener la prisión preventiva.
El caso ha generado fuertes tensiones políticas, especialmente por la figura de Bogarín, quien es un destacado miembro del Partido Colorado y ocupaba un cargo de alto rango en la Cámara de Diputados antes de ser apartado. Según fuentes cercanas, se han ejercido fuertes presiones políticas para que los acusados sean beneficiados con medidas alternativas a la prisión, aunque estas han sido rechazadas por el juzgado.
Impacto en la comunidad menonita
El caso ha sacudido a la comunidad menonita, en especial a la familia Friessen, principal denunciante del fraude. Según la familia, fueron engañados con la promesa de adquirir tierras que nunca se entregaron. Esta denuncia derivó en una investigación fiscal-política que llevó a la detención de los presuntos responsables.