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A las 7:30 de mañana continuará el juicio oral al ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR - cartista) y otros cinco acusados de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa, por el presunto desvío de G. 5.105.600.000 de los fondos de emergencia desembolsados a la Gobernación, en el año 2020, para hacer frente a la pandemia por covid 19.
La audiencia se retomará con la presentación de los alegatos finales del Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del acusado Miguel Ángel Robles Ibarra, exasesor y ex director de Gabinete de Hugo Javier González en la Gobernación de Central.
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Posteriormente el Tribunal Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Ana Rodríguez Brozón y Yolanda Morel se retirará a deliberar para, finalmente, dictar su sentencia sobre la causa.
En la audiencia de hoy presentaron sus alegatos finales los representantes de las acusadas Lourdes Lezcano Decoud y Modesta Valiente, quienes así como las defensas, cuestionaron el trabajo del Ministerio Público y solicitaron la absolución de las procesadas, con el argumento que los hechos acusados no fueron probados.
Fiscalía pide 8 años de cárcel para Hugo Javier
En sus alegatos finales los fiscales Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Rodrigo Espínola presentado el lunes 30 de diciembre de 2024, solicitaron una condena a 8 años de cárcel para el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre por el caso conocido como “obras fantasmas” en la Gobernación.
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Los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción pidieron también 8 años de cárcel para el exasesor y ex director de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el supuesto “cerebro del esquema delictivo”; y 3 años de prisión para el exdirector de Administración y Finanzas de la gobernación Javier Marcelo Rojas Giménez.
Asimismo, los fiscales encargados de la acusación requirieron 3 años de cárcel para la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; y 2 años de pena para el extesorero Luis Eduardo Allende Araujo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente.
El daño patrimonial a la Gobernación de Central fue consumado mediante un esquema montado por el entonces titular de la institución departamental, Hugo Javier González, con la finalidad de robar el dinero que estaba destinado a la realización de obras sociales y que fueron simuladas con facturas falsas, según lo explicado por los fiscales.
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Desvío de G. 5.105 millones en Central
En el juicio oral que inició el 17 de junio de 2024 los fiscales anticorrupción aseguran haber probado los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, uso de documentos no auténticos y declaración falsa, que ocasionaron a la Gobernación de Central un perjuicio de G. 5.105.600.000, durante la administración de Hugo Javier González.
Con las facturas apócrifas presentadas en la primera rendición de cuentas, aparentemente, se justificaban por completo los desembolsos efectuados por Hugo Javier como gobernador a favor del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, mientras que las de la segunda rendición presentan inconsistencias y no llegan a justificar el monto total desembolsado por cada proyecto, pudiendo existir entre la primera y la segunda rendición un perjuicio patrimonial importante.
El 29 de diciembre de 2020 el entonces gobernador Hugo Javier González habría autorizado a través de dos resoluciones, presuntamente firmadas también por la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud, desembolsos de dinero para la ejecución de obras a favor de CIAP.
Desembolsos aprobados pese a irregularidades
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción resaltaron que los desembolsos se dieron, presuntamente, en el marco de dos proyectos genéricos presentados por los representantes de la fundación CIAP, como “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, con presupuesto de G. 3.063.360.000, y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000.
Esos proyectos no detallaban las obras que iban a ejecutar ni el lugar, sino que solo estaban especificados los montos solicitados para cada obra que se debía realizar en el marco del “Convenio de cooperación interinstitucional entre la GDC y los municipios del departamento Central”, al que llegaron Hugo Javier y Tadeo Álvarez.
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Así también, los fiscales puntualizaron que la fundación incumplió su obligación de presentar rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) en tiempo oportuno y de conformidad a la Ley de Presupuesto y, debido a esto, no podía recibir nuevos desembolsos a su cuenta. Dichos desembolsos totalizaron G. 5.105.600.000.