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El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que un nuevo intento de subasta de las 6 hectáreas de la Costanera Norte debería volver a pasar por la Junta Municipal. Esto, ante las declaraciones de Nelson Mora, jefe de Gabinete del imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), quien el fin de semana habló repetir el proceso.
“El que tiene la facultad de disponer de los bienes del dominio privado municipal es la Junta Municipal y, en ese sentido, estamos siendo prudentes, por eso no utilizamos la cláusula 20 (del Pliego de Bases y Condiciones) que establecía quince días hábiles para realizar una nueva subasta”, dijo Torres.
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El asesor jurídico del intendente dijo que trabajan en las condiciones propicias para determinar qué es lo más beneficioso para la Municipalidad y para los contribuyentes. Agregó además que el Comité de Subasta todavía no se reunió para definir una recomendación al respecto.
Nelson Mora, jefe de Gabinete de Nenecho, por su parte, dijo que el paso por la Junta Municipal solo se hará en caso de una modificación importante de las condiciones de la subasta. “Si no, también el Comité de Subasta tiene la posibilidad de hacer las modificaciones”, indicó. Mora dijo que nada está definido y que el intendente aún no tomó la decisión final. “El desarrollo de la Costanera Norte, a través del Plan Maestro, y de una posible subasta, se van a dar este 2025”, remarcó.
Tierras todavía no tienen valor fiscal, dice abogado
El abogado Enrique Wagener, quien planteó una acción judicial contra la subasta de las 6 hectáreas, señaló que todavía está pendiente la determinación del valor fiscal sobre los lotes, a cargo de la Dirección Nacional de Catastro. ABC Color verificó que, al menos en el portal de la institución, el valor fiscal aún no fue consignado.
El profesional señaló que recién a partir de esa determinación podría analizarse la posibilidad de un nuevo Pliego de Bases y Condiciones para la subasta. “En el nuevo pliego debería tenerse una comisión del 2% nomás para los rematadores”, reclamó.
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Agregó que no son necesarios dos rematadores por cada lote y que estos deberían ser designados por sorteo, y no “a dedo”, como se estableció en el primer intento fallido de subasta. Para ello, Wagener señaló que el mismo Colegio de Martilleros podría colaborar para la convocatoria, para otorgar transparencia al proceso.
Con respecto al método de subasta, reclamó que debería tener un proceso de pago diferente al primer intento, en el que se estipulaba una entrega del 50% del valor de venta. “Debería haber una seña del 10%, como es la costumbre del país, y el resto debería poder pagarse una vez obtenido el título”, resaltó.
Apurada subasta y crisis financiera
El fallido primer intento de subasta se dio en tiempo récord de 60 días desde la fecha en que Nenecho presentó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) a la Junta Municipal. Al tiempo de la convocatoria, los lotes A1 y A3 -de dos y cuatro hectáreas, respectivamente-, no tenían definición de uso de suelo, lo que se dio días antes del remate, con la aprobación a las apuradas del Plan Regulador de la Franja Costera Norte. En el sitio, hasta ahora, no se realizaron inversiones en desarrollo urbano, que permitirían aumentar su valor. Uno de los lotes, el A3, se inunda con cada lluvia.
Nenecho ni siquiera definió aún cómo se emplearían los más de US$ 22 millones que se pretendían obtener de la subasta. Tras el primer intento fallido de remate, que fue el 18 de diciembre, el jefe de Gabinete deslizó la posibilidad de una venta directa a un monto menor. El lote A1, conocido como el autocine, se ubica sobre la avenida Costanera, en tanto que el A3, está ubicado detrás de las viviendas sociales conocidas como las casitas de colores, sobre avenida Costanera y General Santos.
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El apurado intento de remate se dio, suspicazmente, en medio de una fuerte crisis financiera de la Comuna, denunciada por concejales de la oposición. Hasta la fecha, Nenecho adeuda los salarios de diciembre y pagó aguinaldos el pasado 23 de diciembre gracias al salvataje del IPS.
Además, el intendente está investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. También está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro” y en la cual la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1.800 millones. Los ingresos que pretendía la Municipalidad por la venta de estas tierras, unos G. 174.634 millones, aparecen en el presupuesto 2025 como “Ingresos de Capital” aparece el ítem “Ventas de bienes inmuebles - Franja Costera”.