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A través de un escrito presentado al ministro Alberto Martínez Simón por parte del Abg. Milciades Benítez, representante de la Fundación para el Desarrollo Sustentable en las Américas del Norte y del Sur, los misioneros japoneses solicitan a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordene una auditoría del expediente en el que la exjueza Tania Irún ordenó la transferencia 310.000 hectáreas ubicadas en el Alto Paraguay, a distintas empresas extranjeras.
“Recurrimos a vuestra excelencia porque, previendo una larga disputa en el juicio ordinario que impugna la regularidad del expediente ‘Cusabo Limited y otros c/ Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ obligación de hacer escritura pública’, avistamos serios problemas en la percepción de la seguridad jurídica de misioneros que desde tantos años han apostado al desarrollo de una región tan alejada y abandonada de nuestro país”, resalta parte del escrito presentado.
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Al respecto los misioneros japoneses recuerdan que desde hace 24 años son arrendatarios y tiene opción para comprar unas 80.000 hectáreas de tierra de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, en la localidad de Puerto Leda, situada en el Departamento de Alto Paraguay, a unos 60 kilómetros al sur de Bahía Negra.
En el escrito presentado a Martínez Simón ,el Abg. Milciades Benítez recuerda que los misioneros japoneses colaboran con las comunidades vecinas, incluidas las comunidades indígenas, a través del programa de repoblación del río Paraguay con especies nativas de peces; promueven el turismo en la zona y emplean mano de obra de todo tipo en sus actividades.
JEM pide expediente ante acusación contra camaristas
Por otro lado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó al Poder Judicial las copias del expediente y la carpeta de investigación contra la exjueza Tania Irún, acusada por supuesto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza, en el Chaco.
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El pedido del Jurado obedece a la acusación presentada el 18 de noviembre de 2024 por el Abg. Adrian De Jesús Enriquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, en contra de los camaristas Cristóbal Sánchez Díaz y Agustín Lovera Cañete.
Con el voto en mayoría de ambos magistrados el Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital había anulado, de oficio, el Auto Interlocutorio N° 742 del 20 de agosto de 2024, dictado por el juez de Garantías Yoan Paul López, que elevó a juicio oral y público la causa penal que afronta la exjueza Tania Irún Ayala.
Con esta resolución del tribunal de alzada la exmagistrada afrontará una nueva audiencia preliminar, en la que el juzgado de Garantías deberá analizar la acusación presentada el 19 de julio del año pasado, por parte de la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca, por supuesto prevaricato.
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Tania Irún violó seguridad fronteriza, según fiscalía
La acusación presentada por la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca resalta que con la transferencia de las 310.000 hectáreas de tierra, la entonces jueza Tania Irún incumplió varios artículos de la Ley N° 2532/2005 “Que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay”.
Al respecto el escrito de acusación resalta que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas a la Fiscalía.
En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la fiscalía.
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Según lo que resalta la acusación fiscal, la entonces jueza en lo Civil y Comercial violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”, en consecuencia, afrontará juicio oral y público, de acuerdo a lo resuelto por el juzgado a cargo del caso.
Tania Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en noviembre de 2021. Contra dicha resolución la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital interpuso una acción de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.