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En la madrugada del 19 de agosto pasado se ejecutó la Fase II del operativo denominado Pavo Real Py, con allanamientos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.
Las intervenciones se llevaron a cabo tanto en la casa del diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista, como en la de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes.
El legislador perdió la vida durante un enfrentamiento contra personal de las fuerzas públicas, cuyas circunstancias hasta hoy siguen sin ser aclaradas , mientras que su hijo quedó detenido.
El operativo fue ejecutado por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) Antinarcóticos y el Grupo Especial de Operaciones, ambos de la Policía Nacional, bajo la coordinación de los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
Padre e hijo eran investigados por el presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, cometido con los bienes del capo mafioso condenado y preso en Brasil, Jarvis Chimenes Pavão.
Hijo de “Lalo” Gomes
El Ministerio Público, luego de colectar más elementos en esta causa, abrió otra relacionada a la transgresión a la Ley N° 4036/2010 de Armas, contra Alexandre Rodrigues Gomes. Esto atendiendo a que en su poder se hallaron varias armas de fuego, entre ellas un fusil de guerra.
Posteriormente, los fiscales Segovia, Cubilla y Cáceres formularon una nueva imputación contra Alexandre Rodrigues, pero esta vez por narcotráfico, luego de que la Fiscalía haya recibido y analizado los mensajes extraídos de la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC, donde él habría tenido interacción con un supuesto carácter de líder de una organización, para la adquisición y exportación de marihuana y cocaína al Brasil.
Investigados en el JEM
Por otra parte, los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, están siendo objeto de investigación por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por este caso.
“Ñoño” Núñez, con condena que cumple fuera de prisión
El exgobernador del departamento de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez Giménez, conocido como Ñoño, fue condenado por hechos de corrupción a 11 años de cárcel en diciembre de 2023. El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Cándida Fleitas, Elsa García y Claudia Criscioni, en esa oportunidad también había dictado su prisión inmediata y por ello fue remitido a la Prisión Militar de Viñas Cue.
Sin embargo, el condenado y hermano del senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, solo pasó un año encerrado, pues el Tribunal de Sentencia le otorgó el arresto domiciliario luego de que haya ofrecido una fianza por más de G. 54.000 millones, consistente en 18 inmuebles. Con esto, Ñoño “mejoró” su ofrecimiento primero, luego de que el Tribunal rechazara darle la medida al tiempo de señalarle que, cuanto menos debía igualar el perjuicio que causó durante su administración en el Gobernación de Presidente Hayes, consistente en la suma de G. 42.500 millones.
En este caso, la condena a Ñoño aún no se resolvió en segunda instancia, pues aún está pendiente de resolución un recurso de apelación planteado por su defensa, en contra de la sentencia del Colegiado.
El incidente está a cargo del Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes, su feudo. El recurso fue a parar ahí, luego de que Ñoño haya recurrido ante la Sala Penal de la Corte para que resuelva la competencia. Finalmente resolvió que se analice en Villa Hayes.
Sucesor de Ñoño, también fue enviado a su casa
Por su parte Emigdio Benítez, que completó el periodo de administración de Ñoño entre enero y agosto de 2013, también fue condenado a 7 años de prisión. Según se probó en juicio, causó un perjuicio de G. 10.246 millones.
Edulfo Verón, ex secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Presidente Hayes, fue condenado a 6 años de prisión, por complicidad en la lesión de confianza y autoría en administración en provecho propio; por un perjuicio de G. 22.723 millones a la Gobernación. Ambos también cumplen arresto domiciliario.
A Ultranza arrastra a Erico, Roa y clan Insfrán
Entre febrero y diciembre de 2024 la jueza Rosarito Montanía, elevó a juicio las causas relacionadas a 16 personas: Conrado Insfrán, Luis Sebriano, Alberto Koube, Fátima Koube, Noelia Colmán, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, José Gamarra, Alexis González, Luis Estigarribia, Reina Duarte, Joceline Odorico, Marina Aranda, Magno Deleón, Aníbal Estigarribia, y los altos mandos como los hermanos Miguel Ángel, alias Tío Rico, y el pastor José Alberto Insfrán.
En tanto que, Montanía condenó en procedimiento abreviado, a penas de entre 2 a 5 años de prisión, a otras 11 personas: Liz Taboada, Job Von Zastrow, Tadeo González, Irma Vergara, Diego Cubas, Patricia Rodríguez, Cleiton Schneider, Edson de Lima, Milciades Ramírez, Hugo Gamarra y Ronald Osorio. Todos ellos fueron acusados por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak.
En este aspecto, se destaca también la captura y extradición de Federico Santoro a Estados Unidos.
También el senador cartista Erico Galeano, afrontará juicio por lavado de activos y asociación criminal, por supuestos vínculos con Tío Rico a través de la venta de un inmueble y con Sebastián Marset.
El exministro de SEN del gobierno de Mario Abdo Benítez , Joaquín Roa, también va a juicio por hechos de corrupción ligados a esta causa.
Bower fue condenado pero no tiene aún pena
El exministro Walter Bower y los comisarios Osvaldo Vera y Merardo Palacios, afrontan un actualmente un segundo juicio oral y público, desde febrero de 2024, por hechos de tortura que fueron cometidos en el 2000, en la sede de la comisaría 11ª Metropolitana.
La primera parte de este juicio tuvo su culminación el 19 de octubre, cuando el Tribunal de Sentencias, conformado por Fabián Weinsensee (como presidente), Laura Ocampos y Cándida Fleitas, declaró culpables a Bower y los policías Vera y Palacios.
Ahora está en pleno desarrollo la etapa del juicio para establecer la pena que será impuesta más adelante a los tres procesados.
El debate público se pudo retomar luego de que hayan transcurrido prácticamente dos meses, debido a la presentación de chicanas por parte de las defensas que tienen participación en esta fase judicial.
Es preciso recordar que Bower, Vera y Palacios habían sido sometidos a un primer juicio que culminó el 30 de diciembre de 2019, con la absolución por duda de los tres, por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Carlos Hermosilla e integrado por Víctor Alfieri y Rossana Maldonado (votó en disidencia por la condena). Ese fallo fue anulado por un Tribunal de Apelaciones y, por esta razón, se volvió a realizar un juicio.
Nenecho, indagado por los detergentes de oro
En setiembre último, los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González, imputaron al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por lesión de confianza y asociación criminal. Esto en el marco del caso conocido como los “detergentes de oro”, con los que entre los años 2020 y 2021 se habría causado un perjuicio de unos G. 1.830 millones al municipio capitalino.
El jefe comunal cuenta con libertad ambulatoria bajo fianza de G. 500 millones, otorgada por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Enmanuel Estigarribia.
Junto con Nenecho Rodríguez, también fueron imputadas otras 20 personas, entre ellas Wilfrido Cáceres, quien ocupó el cargo de director General de Administración y Finanzas, y en ese contexto fue el responsable de emitir los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), para la compra de los productos de limpieza inexistentes y además, por precios inflados, con los fondos de la emergencia por covid-19, según fiscalía.
Wilfrido Cáceres, por otra parte, también afronta otra causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esta causa también están procesados su esposa Ruth Da Silva, la estudiante de odontología Camila Ramírez y la mamá de esta mujer, Elvira Ortiz.