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El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres resolvió declarar probados los hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio acusados por el fiscal anticorrupción Jorge Arce.
El tribunal condenó a ocho años de pena privativa de libertad y a cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a Nelzo López (ANR). Además, decretó la prisión preventiva del ex administrador comunal, quien pasará la noche en el departamento Judiciales de la Policía. Su lugar de encierro será determinado el jueves por el Ministerio de Justicia.
En tanto, su correligionario Marcelo Ariel Simbrón fue penado con 3 años y 8 meses de cárcel, pero tiene medidas sustitutivas a la prisión.
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Por otro lado, el ex secretario general, Lorenzo Cabrera, recibió una condena de cinco años de prisión. A cuatro años y seis meses de prisión fueron penados María Yudith Dávalos, José María Ferreira González y Raúl Gamarra Rojas, por la participación en calidad de cómplices en los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Además, Víctor Paniagua fue condenado a 3 años como cómplice en los mismos hechos investigados, y América Magalí Fernández Galeano fue condenada a dos años de cárcel, pero en este último caso con suspensión de la condena.
Fueron absueltos Arnaldo Acosta Vera, Gustavo Lorenzo Ayala, Hugo Ariel Barchello, quienes son choferes de la empresa constructora y funcionario de Catastro, respectivamente.
Los hechos que fueron probados
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público sobre la cuenta municipal habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para resguardar los fondos provenientes de los royalties y compensaciones del ejercicio fiscal 2013, se cobraron 73 cheques por G. 1.123.695.000, sin contar con documentos de respaldo que justifiquen dichas erogaciones.
En tanto que en los años 2014 y 2015, con cargo a las cuentas corrientes habilitadas a nombre de la Municipalidad de Nueva Colombia, se continuaron cobrando cheques con dinero del Fonacide y royalties, pero los montos no se utilizaron para obras que beneficien a la ciudad.
Pero no solo el dinero que era recibido del gobierno central se dilapidaba en la Municipalidad de Nueva Colombia, sino que también el fiscal encontró desprolijidades con el dinero de los contribuyentes. Hubo retiro directo de dinero con 14 cheques, por un total de G. 115.300.000. Además, hubo también varios negociados con respecto al pago de obras, muchas de ellas de pésima calidad y otras, fantasmas.
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Lo que acusó fiscalía anticorrupción
Nelzo López, en su carácter de intendente, y Lorenzo Cabrera, como secretario general de la Municipalidad de Nueva Colombia, autorizaron los pagos y firmaron cheques con fines ajenos a los objetivos destinados, causando un perjuicio al patrimonio de la Municipalidad.
Por otro lado, Arnaldo Acosta, en su calidad de director de Catastro, contribuyó con este millonario perjuicio patrimonial mediante el cobro de cheques, sin que se encuentre habilitado como proveedor del Estado, ni hayan sido favorecidos como adjudicatarios de contrataciones por parte de la municipalidad.
Mientras que el fiscal Arce indica que María Yudit Dávalos Ayala, Gustavo Adolfo Benítez Santacruz, Lucio Gamarra Osorio, José María Ferreira González y Raúl Gamarra Rojas también contribuyeron a la producción del perjuicio patrimonial mediante el cobro de cheques, sin haber cumplido con las contraprestaciones establecidas en los contratos adjudicados.
Víctor Manuel Paniagua y Mirtha Invernizzi fungieron de fiscalizadores de obras, para autorizar los pagos por mayores cantidades de obra, o por obras sin sustento técnico correspondiente.
El fiscal Arce alega que María Estela Pinto Marecos, Hugo Barchello, Gustavo Ayala, el actual intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón, y América Fernández, cobraron cheques que eran destinados al pago de los contratos por las obras municipales. Sin embargo, el dinero no se usó para dichas obras y además ninguno figura como representante de las empresas contratadas para la provisión de los servicios a la municipalidad.