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El pedido de 8 años de cárcel para el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre por el caso conocido como “obras fantasmas” en la Gobernación de Central, fue realizado hace instantes por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Rodrigo Espínola, en la última parte de los alegatos finales, que se extendió por más de cuatro horas.
Además los agentes del Ministerio Público pidieron 8 años de cárcel para el exasesor y ex director de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el supuesto cerebro del “esquema delictivo”; y 3 años de prisión para el exdirector de Administración y Finanzas de la gobernación Javier Marcelo Rojas Giménez.
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Solicitaron también 3 años de cárcel para la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; y 2 años de pena para el extesorero Luis Eduardo Allende Araujo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón programó la continuidad del juicio oral para el jueves 2 de enero de 2025, desde las 7:30, con la presentación de los alegatos finales de las defensas.
Desvío de G. 5.105 millones en Central
Según lo resaltado por los fiscales anticorrupción, en el juicio oral que inició el 17 de junio pasado, quedaron probados los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, uso de documentos no auténticos y declaración falsa, que ocasionaron a la Gobernación de Central un perjuicio de G. 5.105.600.000, durante la administración de Hugo Javier González.
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El daño patrimonial fue consumado mediante un esquema montado por el entonces titular de la institución departamental, de acuerdo con la acusación, con la finalidad de robar el dinero que estaba destinado a la realización de obras sociales y que fueron simuladas con facturas falsas.
Con las facturas apócrifas presentadas en la primera rendición de cuentas, aparentemente, se justificaban por completo los desembolsos efectuados por Hugo Javier como gobernador a favor del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, mientras que las de la segunda rendición presentan inconsistencias y no llegan a justificar el monto total desembolsado por cada proyecto, pudiendo existir entre la primera y la segunda rendición un perjuicio patrimonial importante.
El 29 de diciembre de 2020 el entonces gobernador Hugo Javier González habría autorizado a través de dos resoluciones, presuntamente firmadas también por la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud, desembolsos de dinero para la ejecución de obras a favor de CIAP.
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Aprobaron desembolsos pese a irregularidades
En los alegatos finales los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción resaltaron que los desembolsos se dieron, presuntamente, en el marco de dos proyectos genéricos presentados por los representantes de la fundación CIAP, como “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, con presupuesto de G. 3.063.360.000, y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000.
Esos proyectos no detallaban las obras que iban a ejecutar ni el lugar, sino que solo estaban especificados los montos solicitados para cada obra que se debía realizar en el marco del “Convenio de cooperación interinstitucional entre la GDC y los municipios del departamento Central”, al que llegaron Hugo Javier y Tadeo Álvarez.
Así también, los fiscales puntualizaron que la fundación incumplió su obligación de presentar rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) en tiempo oportuno y de conformidad a la Ley de Presupuesto y, debido a esto, no podía recibir nuevos desembolsos a su cuenta. Dichos desembolsos totalizaron G. 5.105.600.000, según la acusación fiscal.
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El ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre afronta causa por el desvío de G. 18.384.427.005, mediante desembolsos autorizados irregularmente entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020. El “número 2″ también será juzgado en dicha causa, junto al exdirector de Administración y Finanzas de la gobernación Javier Marcelo Rojas Giménez por presunta lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación.