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La flexibilidad de pagar solo hasta el 80% del salario mínimo, la no obligación del empleador de pagar una indemnización, ni de cumplir el preaviso, son los puntos de la nueva ley de las mipymes que los gremios consideran inconstitucionales y que atentan contra los derechos de los trabajadores.
“Aprobaron una ley para las pequeñas y medianas empresas, que autoriza a este sector empresarial con una cantidad de hasta 50 trabajadores, no va a pagar salarios mínimos, ni IPS, ni indemnización, ni preaviso, esto es lamentable, es un atropello al derecho constitucional que tienen los trabajadores en nuestro país”, criticó Eduardo Ojeda, de la CSC.
Aseguró que el Estado debe garantizar el salario mínimo a los trabajadores, así como también las 8 horas laborales, un seguro social, por lo que exigen al Presidente de la República el rechazo o el veto total de esta ley del Congreso Nacional.
“Caso contrario, una vez más el Poder Ejecutivo va a cometer un delito, un delito político, jurídico, de ser cómplice y de ser parte de violentar la Constitución Nacional y de un derecho vital de los trabajadores, es una vergüenza, no se ha dado en la historia política del país, en el proceso democrático o dictadura tanto atropello y tanta violencia legal y jurídica hacia los trabajadores”, lamentó.
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Gobierno atropella derechos constitucionales
Ojeda denunció que este Gobierno ya viene atropellando derechos constitucionales, legales y vitales de los trabajadores, eliminando derechos, y citó como ejemplo que esta ley autoriza a una empresa que tiene hasta 50 trabajadores, que es casi el 70% del sector empresarial en nuestro país, a aumentar la precarización laboral y el trabajo esclavizante.
“Muchas empresas van a tercerizar el trabajo dentro de sus plantas, dentro de un lugar de trabajo y esto significa menor ingreso, empeoramiento de las condiciones laborales y esto va a empeorar la crisis”, criticó.
Lamentó que esta ley se apruebe en un país donde dos millones y medio de trabajadores están en la informalidad, que jamás ya se van a jubilar, y que con este tipo de política, en vez de mejorar las condiciones de la ciudadanía, lo que hace es la regresión laboral, empeoramiento de las condiciones laborales.
“Este Gobierno tiene que vetar esta ley, si no veta, una vez más va a sumar en su legajo que atropella derechos democráticos y derechos políticos de la mayoría de nuestros pueblos y se está volviendo un gobierno autoritario, arbitrario y antidemocrático y criminal”, denunció.