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El Tribunal de Sentencias, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por los magistrados Matías Garcete y Elsa Garcete, condenó a los tres abogados. Los años de sentencia se distribuyeron así: 2 años de pena privativa de libertad para Cristian Borja Fariña (42) y Ana Elisa Rodríguez de Giménez (42), mientras que a 3 años de prisión a Gabriela Ignacia Godoy Aranda (30).
El Ministerio Público, que en juicio estuvo representado por el fiscal Raúl Marecos, sostuvo la acusación contra Gabriela Godoy por usurpación de funciones públicas, estafa y asociación criminal; Cristian Borja, por cohecho pasivo agravado, estafa y asociación criminal y realización del hecho por funcionario, y Ana Rodríguez, por estafa, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. En ese sentido, solicitó una pena de 5 años de cárcel para ellos, según informó el fiscal a ABC.
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Finalmente, el colegiado declaró probado el hecho de estafa en relación a los tres, con la diferenciación de que a Gabriela Godoy se le atribuyó la autoría y a Cristian Borja y Ana Rodríguez la complicidad en el hecho. A los dos últimos también se les atribuyó la usurpación de funciones públicas y el cohecho pasivo en grado de tentativa.
Al momento de exponer los criterios para dictar la condena, el juez Matías Garcete señaló que como jueces valoran constantemente este tipo de hechos que afectan a la ciudadanía. Cuestionó que este tipo de conductas desvirtúan y deshonran la administración de justicia y a la abogacía.
Abogados exigieron dinero e inmueble
En el año 2022 un hombre fue procesado por el hecho punible de estafa y su caso se estaba tramitando en el Juzgado Penal de Limpio. Ante esta situación, la madre del encausado, oriunda de Juan Eulogio Estigarribia, contrató a la abogada Gabriela Ignacia Godoy Aranda para que lleve adelante los trámites judiciales en el caso.
Poco después, la abogada Gabriela Godoy le presentó a la mujer a dos personas que podrían ayudar a “solucionar” el caso. Así presento a Ana Rodríguez, como supuesta actuaria del juzgado de Limpio, y a Cristian Borja, como funcionario judicial.
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Los presuntos funcionarios judiciales le habían exigido a la madre del procesado la entrega de dinero consistente en G. 15.000.000 y también la transferencia de un inmueble para concretar el trámite y así otorgar una salida a la causa para su posterior archivo, según la acusación fiscal.
Esta situación fue denunciada por la madre del procesado y, a partir de ello, el caso pasó al Ministerio Público. Luego se realizaron los procedimientos para una entrega vigilada, como la copia de los billetes, su autenticación y registro de número de serie. De esta forma se coordinó un encuentro para la entrega de la plata, que derivó en la detención de los tres profesionales del derecho.