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Este viernes culminó la audiencia preliminar al José Alberto Insfrán Galeano, acusado en el marco del caso A Ultranza por los hechos punibles de lavado de dinero en asociación criminal, de acuerdo con la Ley N° 1340/88 de Drogas y sus modificatorias. En ese contexto, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar la causa penal a la instancia de juicio oral y público.hoy a las 3:45 aproximadamente.
La fundamentación requirió de aproximadamente 14 horas de trabajo que de alguna forma se veía interrumpido por otras diligencias de la magistrada, producto de que se encontraba de turno.
La jueza rechazó todos los incidentes de la defensa, admitió la acusación de la fiscalía antidrogas, mantuvo la prisión preventiva de Insfrán, además de ratificar la prohibición de gravar y vender bienes por parte del pastor, así como el bloqueo de cuentas a empresas que están a su nombre.
La defensa del pastor José Insfrán, ejercida por el abogado Nelson López, presentó varios incidentes, entre ellos el pedido de nulidad de resolución de rebeldía, así como también nulidad de imputación y, consecuentemente, la nulidad de la acusación, además de la extinción de la acción penal y cambio de calificación, así como también la exclusión e inclusión probatoria. Al respecto, el fiscal acusador Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, solicitó el rechazo de cada uno de los planteamientos de la defensa.
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De acuerdo con los datos recogidos por la Fiscalía, el pastor José Alberto Insfrán habría colaborado con el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado el líder de la megared narcotraficante. El ahora enjuiciable ayudó a Marset a constituir la firma Mastian Production en 2019. Esta sociedad le dio un soporte al uruguayo para hacerse pasar por empresario de artes y espectáculos. Desde ese año Marset se radicó en Paraguay y comenzó a operar asociándose con Miguel Ángel Insfrán, a través de otros hoy acusados, para la introducción de cocaína al país y su posterior remisión a Europa y África.
José Insfrán habría colaborado para introducir el dinero obtenido a través de la comercialización de sustancias por su hermano Miguel Ángel al sistema financiero legal. Sin embargo, su ayuda no se centró solo en esa actividad, sino también él se habría beneficiado con las ganancias adquiriendo bienes, entre ellos el inmueble de Curuguaty, donde levantó la sede de su Centro de Convenciones Avivamiento, un local de retiro y otro sitio más en Mariano Roque Alonso, al igual que vehículos de alta gama.
José Insfrán pasó de tener un depósito de materiales a un potentado pastor
En las páginas de la acusación se señala que José Insfrán inició su actividad comercial en 1995, cuando se inscribió como contribuyente. En ese entonces indicó como actividad económica principal “depósito de materiales de construcción y ramos generales”.
Sin embargo, el 1 de enero de 2017, José Alberto Insfrán actualizó su actividad como “comercio al por menor de otros materiales de construcción, tales como ladrillos, madera, equipo sanitario”. En 2019 inscribió una actividad secundaria como “servicios personales no especificados”.
Al estar inscripto como contribuyente, esto le habilitó para emitir y recibir facturas, tanto por la compra como por la venta de bienes a modo de justificar sus ingresos y egresos. Esto dentro de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Renta Personal (IRP) y a la Renta Empresarial (IRE).
Así, la acusación fiscal detalla que, por el IVA, Insfrán declaró ingresos por G. 7.098.507.910 y egresos por G. 7.478.446.352; en tanto que por la IRP, el pastor declaró que, entre el 2019 y 2020, tuvo ingresos por G. 1.706.499.999 y egresos por G. 3.051.931.084, mientras que entre 2021 y 2022 no presentó declaraciones.
Para la Fiscalía, todas las declaraciones constituyen una simulación tributaria entre el acusado y los demás integrantes de la organización criminal. Según la teoría del Ministerio Público, los investigados “se facturaban entre sí, ya sea como personas físicas o bien mediante la utilización de las empresas creadas por la familia Insfrán, con el objeto de insertar o poner en circulación el capital ilícito reunido por Miguel Ángel Insfrán Galeano, obtenido como producto del narcotráfico”.
Resalta el fiscal que todo lo declarado por Insfrán como ingreso no supera el costo del bien adquirido en 2020, donde puso a funcionar su Centro de Convenciones Avivamiento, valorado en G. 7.751.490.400 y esto, sin contar los demás bienes, como el centro de retiro y el de Mariano Roque Alonso.
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La acusación refiere que una de las formas de potenciar a la organización era mediante el financiamiento de campañas políticas, con el fin de ubicar a las personas afines a la organización criminal, en los distintos cargos, entre otros, en el Poder Legislativo, en el Municipio de Curuguaty, como así también en la Gobernación del Departamento de Canindeyú.
Igualmente el dinero del narcotráfico también era introducido en el sistema judicial y de seguridad para contar con información privilegiada. Esto sucedía “mediante los pagos realizados a los funcionarios de las distintas instituciones del Estado, en especial a los órganos encargados de la fuerza pública, a quienes los mantuvo corrompidos a cambio de obtener informaciones privilegiadas, con el fin de no ser descubiertos ni detenidos”.
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Así ocurrió con el acusado Magno Deleón, quien era jefe de sección, categoría JB1, en el Subprograma de Administración de Justicia del Departamento de Canindeyú, desde el 2020, y anteriormente fue dactilógrafo y otros.
En medio de las pretenciones de la organización, intentaron valerse de las necesidades de las personas que acudían a la asociación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, a través del cual suministraban medicamentos y demás insumos básicos de subsistencia para mantener la simpatía de sus seguidores.
“Es así que el núcleo de la familia Insfrán logró colocar al acusado Magno Deleón como concejal de la Municipalidad de Curuguaty, quien ganó las elecciones en el mes de octubre de 2021, para el periodo 2021 a 2025; mientras que al acusado Juan Carlos Ozorio lo tuvo a su servicio durante el periodo de tiempo en el que el citado se desempeñó en el cargo de Diputado Nacional y a quién se lo pretendía ubicar como Senador”, según se expresa en la acusación fiscal.