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Ante el fallido intento del imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) por rematar 6 hectáreas de la Costanera, y el anuncio de su jefe de Gabinete, Nelson Mora, de la posibilidad de insistir con el proceso, desde el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) solicitaron públicamente, mínimas garantías de legitimidad y transparencia.
Augusto Scavone, presidente de Codeasu, dijo que, de retomarse la subasta, debería haber un plazo mínimo de cuatro meses para que los interesados puedan presentar una oferta. “Tiene que haber un plazo razonable para que uno presente sus proyectos. Esta propuesta que se va a hacer, no solamente tiene que hablar de montos de dinero, sino también tiene que ser un anteproyecto urbanístico, un plan maestro”, dijo a ABC Color.
Scavone señaló que desde Codeasu reclaman que exista igualdad de condiciones para los inversionistas, algo que era vulnerado por el apuro que mostró la Municipalidad en su fallido intento de subasta y que abría la puerta al direccionamiento. “Todos tienen que tener igualdad de condiciones en cuanto a la información de qué pueden hacer. Lógicamente que podrían existir grupos ya privilegiados que ya venían hablando y armando su proyecto”, remarcó.
Para Codeasu, cualquier proyecto de inversión que vaya a realizarse en estas tierras tiene que ser acorde con los que vienen planificándose hace décadas en la Franja Costera. “Qué es lo que pretenden ejecutar en esas 6 hectáreas y que vaya en relación con todos los otros estudios y actualizaciones que hubo del Plan Maestro de Franja Costera”, reclamó.
Subasta de Costanera: garantía del destino del dinero y la inversión, pide Codeasu
Scavone dijo que Codeasu se ratifica en el reclamo de garantías sobre el destino del dinero, producto de la potencial venta y que también se establezca un mecanismo claro que obligue al comprador a realizar la debida inversión en esas tierras, para evitar la especulación inmobiliaria.
“Tiene que estar bien estipulado y reglamentado cuál es el uso que le dará la Municipalidad al dinero de la venta de estas tierras municipales. Que sea acorde al Plan Maestro de la Franja Costera y que esa inversión vuelva a los programas y proyectos del mismo plan”, dijo. Insistió en que la figura más adecuada para estos fines es la del fideicomiso. “Es algo muy sencillo y eficaz y ya hay experiencia”, dijo Scavone.
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Con respecto al posible comprador, Codeasu insiste en que “tiene que haber un cronograma de inversiones que se tengan que ejecutar las obras con las propuestas urbanas, los montos. También puede existir el que invierta y diga ‘voy a espera cinco años y una vez que se valorice vendo otra vez’, por ejemplo”.
Scavone dijo que ese cronograma de inversiones tiene que establecer claramente las obras, los montos y los tiempos en los que deben realizarse. “Esto tiene que ser evaluado y puntuado como parte del proceso de la adjudicación”, agregó.
Municipalidad no descarta venta directa, ni bajar base de venta
Tras el fallido remate de las fracciones A1 y A3 de la Costanera Norte de Asunción, llevada adelante a las apuradas, la administración del imputado intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) sigue decidida a “rifar” estos valiosos bienes, propiedad de todos los asuncenos.
El mismo día en que se declaró desierta la subasta, este miércoles, su jefe de Gabinete, Nelson Mora, deslizó la posibilidad de una venta directa y no se cerró a la opción de bajar el precio base de venta de los valiosos lotes. En total, el precio base de la subasta era de apenas US$ 22 millones, valor que podría triplicarse de haberse hecho inversiones en desarrollo urbano en la zona, según concejales de la oposición y el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu).
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El asesor jurídico de la Municipalidad y miembro del Comité de Subasta, Benito Torres, explicó ayer a ABC Color que la Ley Orgánica Municipal autoriza la venta directa de manera excepcional, pero que requeriría la autorización de la Junta Municipal. Torres agregó que ellos se rigen por el principio de legalidad, pese a que pueda interpretarse como una estrategia de direccionamiento.
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de esta subasta, en su artículo 20°, solo autoriza a la Intendencia Municipal “a disponer de un nuevo remate de los bienes no vendidos dentro de los quince días siguientes a a declaración desierta de la subasta“. Asimismo, el artículo 2°, establece como marco legal a la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal, las leyes y ordenanzas vigentes, y el Código Procesal Civil en lo referente a la subasta, pero de forma supletoria.
Subasta apurada y crisis económica
La fallida subasta se llevó a cabo en un tiempo récord, de 60 días desde la fecha en que Nenecho presentó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) a la Junta Municipal. La convocatoria se hizo antes que se defina el uso de suelo, lo cual recién se dio la semana pasada, con la aprobación del Plan Regulador de la Franja Costera. , que no tiene los mismos alcances que el Plan Maestro planteado por Codeasu. En el lugar, tampoco se realizaron inversiones previas, en desarrollo urbano, que permitieran aumentar el valor de los inmuebles. Uno de ellos, el A3, cada vez que llueve, se inunda. Hasta ahora, las tierras no tienen asignado un valor fiscal.
Además, todavía no está definido en detalle cómo se empleará el dinero producto de la venta. El PBC determina que será en pago de deudas e inversiones, pero no detalla cómo ni en qué porcentajes. El precio base de la subasta era de US$ 22 millones en total. La fracción A1, conocida como el autocine, está ubicada sobre la avenida Costanera y tiene 2 hectáreas, en tanto que la A3, ubicada detrás de las viviendas sociales conocidas como las casitas de colores, sobre avenida Costanera y General Santos, tiene 4 hectáreas.
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Aunque desde la comuna lo intenten negar, la administración de Nenecho se encuentra en crisis financiera. Solo a la Caja de Jubilados debe más de G.13.700 millones. Además, el intendente está investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. También está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro” y en la cual la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1.800 millones.
En el presupuesto 2025, se establecen G. 174.634 millones, precio base de la subasta, como “Ingresos de Capital” en el ítem “Ventas de bienes inmuebles - Franja Costera”.