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La actuaria del Tribunal de Sentencias N° 21, a cargo del juez Darío Báez, Juliana romero Maciel (44) deberá afrontar juicio oral y público, así lo determinó este viernes el juez penal de garantías José Agustín Delmás, tras finalizar la audiencia preliminar. La funcionaria judicial fue acusada por supuestamente realizar un sabotaje informático y extraviar el expediente electrónico de Ramón González Daher.
Durante la diligencia, el magistrado rechazó los distintos incidentes que fueron planteados por los abogados que ejercen la defensa de la acusada.
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La mujer fue acusada por la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Ruth Benítez, por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y también, realización del hecho por funcionarios, en calidad de autora.
En su requerimiento conclusivo acusatorio, la representante del Ministerio Público señaló que de la modificación del expediente electrónico, ocurrida el 16 de agosto de 2023, recién se tuvo conocimiento el 30 de agosto de 2023, cuando Juliana Romero realizó la denuncia ante la Fiscalía, pero en esa oportunidad se presentó como víctima del supuesto sabotaje informático, no obstante tras varias incongruencias y averiguaciones, el caso dio un giro quedando ella como sospechosa.
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Actuaria realizó modificaciones desde su usuario, según la Fiscalía
Según lo señalado por la agente fiscal en su acusación, el 16 de agosto de 2023 Juliana Romero registró en el servidor del Poder Judicial, el inicio de sesión en la red con el usuario “Ju_Romero”, a las 8:19 y cerró sesión a las 14:08, datos coincidentes con su registro de entrada y salida.
Los cambios que no tuvieron autorización alguna se hicieron con el usuario “User_FuncPj_3663″, ligado a la actuaria judicial. La misma habría aprovechado las atribuciones concedidas a su perfil por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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La finalidad aparente de los cambios fue evitar que se lleve a cabo el juicio oral y público la causa contra Ramón González Daher, que actualmente se encuentra en fase final. El proceso está relacionado al robo de los 471 cheques de la bóveda del juzgado del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el año 2021.
En la citada causa, también había sido acusada la abogada Emma González Ramos, quien durante mucho tiempo ejerció la representación legal de González Daher. Pero, a poco de iniciarse el juicio firmó un acuerdo conciliatorio con las víctimas y el Tribunal de Sentencia hizo lugar a la extinción de la acción penal y su sobreseimiento definitivo. La profesional del derecho, sin embargo, enfrenta otro proceso por haber impulsado 155 denuncias falsas por estafa en favor de RGD y en contra de sus víctimas.
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Funcionaria pidió hacerse cargo de la causa y obvió registros
La fiscala Ruth Benítez detalló que en el Tribunal de Sentencia N° 21 contaba con dos funcionarias: Ela Adriana Sánchez y Juliana Romero Maciel, quienes se intercalaban turnos para la recepción de causas. En ese sentido, el expediente de Ramón González Daher debía ser recibido por Sánchez, sin embargo, Romero le pidió a su colega hacerse cargo del mismo.
Es así que, el 8 de agosto de 2023, Romero Maciel asentó en el cuaderno de “Recepción de Expedientes”, detallando que constaba de cuatro tomos con su cantidad de fojas asignadas.
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En el cuaderno, siempre según la Fiscalía, se observó que el expediente de RGD tenía en el Tomo II las fojas 201 al 370 y en el Tomo III las fojas 401 al 600, lo que denotaba un faltante de 30 fojas en el Tomo II. Este detalle no fue observado ni asentado por la funcionaria judicial, que tampoco realizó la primera providencia de “Téngase por recibido el expediente judicial”. Todo esto resalta la fiscala acusadora, pese a contar con una vasta experiencia en el cargo de actuaria judicial, que ocupa desde el 2012.
Por otra parte, se resalta que en el sistema judicial el usuario de Romero tenía dos facultades: la primera le permitía modificar los datos del caso, incluyendo los de información general, objeto de la causa, movimientos, y otros; en tanto que mediante la segunda podía modificar datos de las partes y el número de expediente, siendo estas acciones las que llevó a cabo.
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Expediente fue reemplazado con datos de caso estancado
Otro dato que se destaca en la acusación del Ministerio Público es que la actuaria Juliana Romero Maciel cuenta con un amplio conocimiento relacionado al sistema informático Judisoft.
A esto se suma que la funcionaria incluso prohibía que sus compañeros de oficina se compartan sus respectivas claves y sus usuarios de acceso, así como tampoco permitía que entre los mismos siquiera se impriman documentos con otros usuarios que no fueran los propios.
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También la fiscala resaltó que la causa por la cual había sido modificado el expediente judicial, llamativamente, también estuvo a cargo de la actuaria Juliana Romero.
En ese sentido, se destaca que Romero no solamente tenía conocimiento de las actuaciones procesales que se suscitaban en la causa “Arnaldo Joel Duré s/ Estafa”, sino que además tenía conocimiento sobre que la misma se encontraba pendiente de una resolución judicial para su prosecución, específicamente, un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de las investigaciones, el juez Darío Báez había señalado sobre ese hecho en específico que “cualquiera que trabaja conmigo, y más Juliana Romero, que fue mi actuaria, sabe que no tomo la decisión de realizar juicios orales de causas que tienen pendiente recursos”. Para el magistrado resultó bastante llamativo el reemplazo de la causa por una que estaba inactiva.