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La audiencia preliminar para resolver si el pastor evangélico José Alberto Insfrán Galeano va o no a juicio oral y público por lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza se inició hoy, ante la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.
El pastor acusado, actualmente recluido en una cárcel de máxima seguridad, el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martin Mendoza de la ciudad de Emboscada, desde donde participó en la audiencia a través de medios telemáticos. En la sala de audiencia en el Palacio de Justicia de Asunción, estuvo presente su abogado Nelson López Ruiz.
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En esta primera jornada, el fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak se ratificó en la acusación presentada contra el líder religioso, al que señala como una pieza “clave” en la organización criminal dedicada al narcotráfico supuestamente liderada por su hermano Miguel Angel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico” (preso en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú) y el uruguayo prófugo Sebastián Marset.
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La acusación contra el pastor José Insfrán
Específicamente, la Fiscalía sostiene que José Insfrán mediante la iglesia que presidía, denominada Centro de Convenciones Avivamiento, fue parte de un esquema para maximizar la organización criminal que traficaba droga desde Bolivia a Europa a través del Paraguay, desactivada con el megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza Py, realizado en febrero del 2022 con más de 100 allanamientos en todo el país.
La Fiscalía afirma que con el producto del narcotráfico José Insfrán creó la figura de la asociación religiosa “con el objeto de utilizarla como fuente de justificación para simular que las ganancias ilícitas puestas en circulación, dentro del sistema económico y financiero nacional, provienen de las actividades propias del culto, cuando en verdad tienen su origen en la actividad del tráfico internacional de cocaína realizado por el citado líder de la organización criminal, como ocurrió en la realidad, en la que, de pagar alquiler mensual por valor de G. 5.000.000 por el inmueble utilizado como sede de su centro, pasó a comprar bienes y realizar construcciones de obras destinadas para su sede de culto, por valor total, aproximadamente G. 17.026.578.471″.
La acusación refiere que una de las formas de potenciar a la organización fue mediante las financiaciones de campañas políticas, con el objetivo de ubicar a las personas afines a la organización criminal en los distintos cargos, entre otros, en el Poder Legislativo, en la Municipalidad de Curuguaty, como así también en la Gobernación del departamento de Canindeyú.
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Aspiraciones políticas de la organización criminal
Así las cosas, con el dinero sucio lograron que un supuesto miembro del grupo gane la concejalía en Curuguaty, según la Fiscalía. Además, apuntaban a que el ahora reo Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, sea gobernador de Canindeyú y que el entonces diputado colorado Juan Carlos Ozorio sea senador, de conformidad con lo expuesto en la acusación fiscal.
La Fiscalía sostiene que para lograr el mencionado objetivo, los acusados pretendieron valerse de las necesidades de las personas que acudían a la asociación religiosa Centro de Convenciones Avivamiento, “que previamente fue creada para dicho fin, a quienes se les suministraban principalmente medicamentos y demás insumos básicos de subsistencia, para así mantener la simpatía de sus seguidores y luego direccionar el sentido de sus votos en las elecciones”.
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La audiencia preliminar prosigue este jueves 19..