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Desde la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, el condenado por usura y otros delitos Ramón Gónzález Daher logró que la justicia decrete un embargo de G. 1.650.000.000 sobre el exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Manuel Nuñez Rodríguez.
A través de una acción preparatoria de juicio ejecutivo presentada por la abogada María Gloria Núñez, el expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol reclama el pago de una deuda de G. 1.500.000.000 al letrado que en el año 2014 renunció a su cargo de miembro de la Corte Suprema de Justicia para ir a la Entidad Binacional Yacyretá (Eby).
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En el Auto Interlocutorio (AI) N° 1.411, el juez en lo civil y comercial del 11° turno, Diego Torres Sandoval, relata que la acción fue presentada ante su par del octavo turno, Walter Mendoza, quien notificó a Núñez de la acción el 10 de setiembre pasado.
Tras notificación de acción, exministro de la CSJ recusó a juez
En la oportunidad, el juzgado lo emplazó a presentarse en tribunales el 23 de septiembre pasado, a las 10:00 horas para reconocer la firma que se le atribuye. La notificación se hizo bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 444 del Código Procesal Civil.
El referido artículo establece que: “El deudor será citado para el acto del reconocimiento del documento, o para la confesión de los hechos preparados de la vía ejecutiva, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso. Si no compareciere ni excusare su incomparecencia con justa causa, o si el compareciendo se negare a declarar o no contestare categóricamente, se hará efectivo el apercibimiento, sin perjuicio de las excepciones que pudieren oponerse en su oportunidad…”.
En la fecha indicada, Víctor Núñez solicitó intervención bajo patrocinio del abogado Héctor José Rodas Jacquet y como primera medida, recusó al magistrado Mendoza sin expresión de causa.
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El millonario embargo
Ante esta situación, el abogado de RGD solicita se haga efectivo el apercibimiento dictado, y tenga por reconocida y auténtica la firma de la parte demandada, petición que fue objeto de estudio por parte del nuevo juez a cargo del caso, el magistrado Diego Torres.
“(...) en estas condiciones la parte demandada fue citada para el reconocimiento de firmas el día 23 de septiembre de 2.024, a las 10:00 horas, sin embargo la parte demandada recusó sin expresión de causa, en tal sentido el Art. 25 del C.P.C., es claro en disponer que las diligencias ya ordenadas no pueden ser suspendidas por la recusación entablada, es por ello que no habiendo comparecido la demandada sin justa causa a la audiencia en cuestión, corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, y en consecuencia, tener por reconocidas las firmas obrantes al pie de los documentos base de la presente acción”, explica el magistrado.
En consecuencia el juez hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, tiene por reconocidas las firmas atribuidas a Víctor Manuel Núñez Rodríguez y por auténtico el documento correspondiente.
Acto seguido, el magistrado tiene por iniciado el juicio impulsado por González Daher y ordena el embargo de la suma reclamada, G. 1.500.000.000 más intereses legales y costas y otros G. 150 millones, fijados como gastos de justicia.
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Las tres condenas de Ramón González Daher
Actualmente, Ramón M. González Daher está recluido en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, donde fue trasladado desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 18 de diciembre del año pasado, tras la Operación Veneratio.
El ex titular de la APF cumple actualmente tres condenas. La primera fue dictada en un juicio oral y público que concluyó en diciembre del 2021, en el que fue sentenciado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. En este juicio, en el que también fue condenado a 5 años de prisión su hijo Fernando González Karjallo, el tribunal ordenó el comiso de bienes del usurero por US$ 47 millones.
Posteriormente, RGD fue condenado a 7 años de pena privativa de libertad por denuncia falsa y a 6 años de cárcel por uso de cheques hurtados del juzgado penal, que hacían parte del cúmulo de evidencias presentadas por el Ministerio Público para su exposición en el juicio por usura.