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La jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez, ratificó la prisión preventiva del Gral. Arturo Javier González Ocampos, tras rechazar un pedido de revisión de medidas planteada por la defensa del militar de da Fuerza Aérea, uno de los seis acusados en el proceso abierto a partir de la Operación Dakovo.
En la audiencia de revisión de medidas, el abogado defensor Pedro Almada Galeano solicitó la concesión de un “permiso laboral” de lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. El letrado explicó que el objetivo del permiso es que su defendido pueda acudir a la Escuela de Vuelo Chakair S.A., líder en instrucciones para pilotos aviadores que están vinculados a la actividad aérea, ubicada en Luque.
“En síntesis la pretensión es que el acusado Arturo Javier González Ocampos deje su domicilio particular doce horas al día, cinco veces a la semana, es decir, estaría en arresto domiciliario los fines de semana y en horario nocturno, es decir horario de descanso”, explicó Almada.
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Argumenta de la jueza para rechazar permiso laboral solicitado por militar
La magistrada explica que de acceder a la pretensión de la defensa, básicamente dejaría sin efecto el arresto domiciliario dispuesto el 24 de mayo pasado, lo cual no está permitido en la legislación vigente.
“(...) la Ley N° 6350 que de una manera u otra modifica el Art. 245 del C.P.P., pues no permite que la medida cautelar personal de arresto domiciliario se conceda libertad ambulatoria por horas y días fuera del control jurisdiccional y policial y que significaría no tener efecto jurídico alguno la orden de arresto domiciliario dispuesto por resolución fundada de esta Judicatura”, argumenta la jueza Sánchez.
La magistrada trae a colación una resolución del Tribunal de Apelación penal especializado en Crimen Organizado, segunda sala dictada en la causa “Julio César Duarte Servián y otros sobre tráfico internacional de drogas y otros”, que ratifican el criterio sostenido por el juzgado, en el sentido referido.
Básicamente, la resolución mencionada afirma que no existe norma alguna de permiso por lo que este tipo de requerimiento está fuera de la Ley y concluye que “no puede existir combinación entre restricción y permiso considerando que las medidas cautelares se basan exclusivamente en restricciones y no permisiones”.
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Todos los acusados en el caso Dakovo
González está procesado por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal.
Los demás acusados en la causa son el Cnel. Bienvenido Santiago Fretes González, el Gral. (S.R.), Jorge Antonio Orué Roa, los comerciantes Paulo César Fines Ventura y Victorino Gómez Paredes yexfuncionario de la empresa International Auto Supply (IAS), Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano.
La acusación presentada el presentado el 6 de diciembre pasado por los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Luis Said y de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera y Jorge Arce, es por la supuesta comisión de los hechos punibles de tráfico ilícito de armas de fuego y hechos punibles conexos, asociación criminal, alteración de datos relevantes para la prueba, denuncia falsa, tráfico de influencias y cohecho pasivo.
El esquema delictivo descripto en las 140 páginas de la acusación consistió en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas y empresas que simulaban ser propietarias, pero en realidad, actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas Primer Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho.
Investigación sobre tráfico de armas se inició en Brasil
La operación Dakovo –nombre de una ciudad de Croacia– se inició el 23 de noviembre de 2020 en la ciudad de Vitória da Conquista, estado de Bahía, Brasil, a 2.260 kilómetros de Ciudad del Este, cuando la Policía Rodoviaria Federal (PRF) detuvo un colectivo y capturó a uno de los pasajeros con dos fusiles, 23 pistolas, cargadores y municiones.
El caso entonces fue comunicado a la Policía Federal (PF), cuyos agentes descubrieron los números originales de las armas mediante una técnica forense, lo que les llevó a la fábrica en Dakovo, Croacia, y a la empresa importadora en Paraguay, International Auto Supply SA.
La firma, con sede en Asunción, era propiedad del argentino Diego Hernán Dirisio, radicado en Paraguay desde 2003. IAS importó legalmente, a lo largo de 10 años, más de 25.000 armas.
En Paraguay, la operación Dakovo se desarrolló el martes 5 de diciembre de 2023 e involucró a 19 agentes fiscales, quienes junto a agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) encabezaron allanamientos en Central y Alto Paraná.
De las 16 personas detenidas con relación al caso en nuestro país, diez tienen pedido de extradición de la justicia brasileña -concedido en primera instancia- y los seis restantes son los acusados por el MP.
Actualmente, Dirisio y su esposa, la exmodelo Julieta Nardi, igualmente procesada por el caso en Brasil, están presos en la Argentina, donde fueron detenidos en febrero último, y afrontan un proceso de extradición impulsado por la justicia brasileña.