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El Tribunal de Sentencias de Capital, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por los magistrados Matías Garcete y Elsa García, condenó al exjefe de la COIA, Óscar Villamayor Báez, y al policía de Delitos Económicos, Rodolfo Martínez Molinas, a 5 años de pena privativa de libertad; en tanto que, el estibador Alcides Ramón Ayala, fue condenado a 3 años de cárcel. Los tres extorsionaban a comerciantes de Central y el país exigiéndoles dinero a cambio de no incautar sus productos de supuesto contrabando.
El Ministerio Público representado por los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero, había acusado a los tres sujetos por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, extorsión y usurpación de funciones públicas. Este último ilícito recayó principalmente sobre el estibador Alcides Ayala.
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En el juicio que culminó este viernes, se probó la autoría en los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión, para el caso de los tres sujetos y la autoría de la usurpación de funciones públicas en el caso del estibador Ayala, en tanto que la complicidad de este ilícito sobre el exjefe aduanero y el policía, por permitir que Ayala se presente como funcionario aduanero, según explicó el fiscal Néstor Coronel en el programa “Momento Justo” de la 730 AM.
Coronel agregó que la responsabilidad mayor recae sobre Villamayor y Martínez, pues son funcionarios públicos. “Ellos aprovecharon la irregularidad de las mercaderías. Son más pasibles de una pena mayor, por el rol que debían cumplir, en cuanto a la lucha contra el contrabando, pero terminaron aprovechándose de ello para recibir dinero ilícito”.
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Simulaban operativo para extorsionar
En ese sentido, Coronel sostuvo que en este esquema “todos cumplían un rol con el fin de hacerse con dinero ilícito”.
Por último detalló que los tres condenados ya estuvieron con prisión preventiva por el término de 1 año y 4 meses, pero luego lograron medidas alternativas. Ahora, tras ser condenados seguirán cumpliendo dichas medidas hasta que la sentencia quede firme.
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El 9 de septiembre de 2022, el oficial inspector Martínez, y el agente de la COIA Villamayor Báez, intervinieron un local comercial ubicado en la avenida San Pedro casi Rómulo de San Lorenzo, en prosecución de un supuesto hecho de contrabando. También se encontraba Alcides Ayala, quien se presentó como funcionario de Aduanas.
Durante el procedimiento, Villamayor exigió al esposo de la dueña del lugar la suma de G. 50 millones para evitar la incautación de sus mercaderías. Como el hombre no accedió, lo amenazaron con llevarse sus productos, además de su camioneta, y que sería imputado por la Fiscalía. Tras varias negociaciones, quedaron en la entrega de G. 20 millones. Sin embargo, los acusados de igualmente se llevaron las mercaderías incautadas.
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Una semana después, los acusados volvieron al referido local y dijeron a los dueños que debían pagar G. 250 mil semanalmente, tanto para la Aduana como para la Policía, para evitar que se produjeran nuevos allanamientos.