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La Junta Municipal de Asunción tendrá este miércoles su última sesión ordinaria antes de la fecha anunciada para la subasta de 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte, el próximo 18 de diciembre. En medio de críticas y acciones judiciales que pretenden su suspensión, que el imputado intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) todavía no cuenta con algunos documentos supuestamente necesarios para la venta.
El más importante de ellos es el proyecto de actualización del Plan Regulador de la Franja Costera Norte. El jefe de Gabinete de la Intendencia, Nelson Mora, solicitó a la Junta Municipal su aprobación en la sesión de este miércoles. El documento tuvo dictamen favorable de la Comisión de Planificación el pasado jueves, pero es objetado por el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) y concejales de la oposición, ya que se trata de un plan elaborado por un solo arquitecto, cuando existe ya un Plan Maestro de la Costanera Norte, que desde la sociedad civil se trabaja desde fines de los ´90 e incluyo más componentes que el mero uso de la tierra.
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El intendente venderá dos fracciones, A1 y A3, que son 6 hectáreas en total, en un tiempo récord, de 60 días desde la fecha en que presentó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) a la Junta Municipal. El llamado a subasta se hizo sin definición del uso suelo a venderse y sin ningún tipo de inversión de desarrollo urbano que permita aumentar el valor de los inmuebles. Nenecho aún no precisó el uso que dará al dinero producto de la venta. El PBC determina que será para pago de deudas e inversiones, pero no detalla cómo ni en qué porcentajes. El precio base de la subasta es de US$ 22 millones.
Mientras Nenecho apura la subasta, su administración se encuentra en crisis financiera. Solo a la Caja de Jubilados debe más de G.13.000 millones. Además, el intendente está investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. También está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro” y en la cual la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1.800 millones.
Subasta de Costanera: más irregularidades del PBC, denuncia abogado
El lunes, el abogado y desarrollador inmobiliario Enrique Wagener solicitó ante el Tribunal de Cuentas una medida cautelar para frenar la subasta. Aseguró que el proceso está cargado de irregularidades que podrían acarrear su nulidad y un enorme perjuicio para la Municipalidad de Asunción.
En su escrito, Wagener reclamó inconsistencias que afectarían a un potencial comprador extranjero, como los que él representa. Señala que, pese a que el Pliego de Bases y Condiciones establece en su artículo 2° que se aplicarán supletoriamente las normas para la subasta del Código Procesal Civil, contiene disposiciones en contrario a la norma.
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Por ejemplo, en su artículo 14° establece que el postor deberá abonar en el acto una seña de trato del 50% del precio de venta del inmueble. El abogado dice que esto contradice a lo que establece el artículo 490° del Código Procesal Civil, que prevé un régimen especial para compradores que no tengan domicilio constituido en el mismo lugar que el oferente y les otorga un plazo de 5 días posteriores a la aprobación del remate para hacer el pago.
El abogado recuerda que el mismo artículo del código le otorga al comprador la posibilidad de solicitar la indisponibilidad del dinero hasta tanto se otorgue la escritura y se le confiera la posesión del inmueble libre de ocupantes. Esta prerrogativa, que funcionaría como una garantía para el comprador en caso de que las irregularidades culminen en la nulidad del proceso, no está contenida en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Junta Municipal.
Inconsistencias podrían acarrear nulidad de la subasta, dice abogado
Wagener reclamó el lunes ante el Tribunal de Cuentas que, tanto el Pliego de Bases y Condiciones como la convocatoria a subasta de las tierras de la Costanera, presentan información confusa y engañosa. Particularmente, habló de datos falsos en relación con la cuenta corriente catastral de las tierras.
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El abogado dijo que los inmuebles no tienen el correspondiente deslinde, lo que podría afectar derechos de terceros que deben ser verificados antes de cualquier subasta. Además, reclamó que al contar con una cuenta corriente catastral independiente de la fracción matriz, carece de valuación fiscal, requisito indispensable para establecer el precio base de la subasta.
Asimismo, criticó el 6% comisión que estableció el Pliego de Bases y Condiciones para los rematadores, mientras el Código de Organización Judicial establece el 2% sobre la base de venta. Los rematadores designados de forma directa, en contravención al propio Pliego, son Mario C. Person Báez, Elisa Raquel Troche Báez, Osvaldo Luces Rolón y Walter E. Ayala.
Wagener dijo que este proceso, en estas condiciones, genera perjuicios para la seguridad jurídica y la imagen del país a nivel internacional, poniendo en riesgo el desarrollo inmobiliario y, sobre todo, a la posibilidad del ingreso de inversiones extranjeras.