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En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó el informe anual que analiza la coyuntura nacional y supervisa el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado paraguayo.
Entre las principales conclusiones se menciona el riesgo que representa para la democracia la promulgación de la Ley “Garrote” que persigue a las ONG y la lenta e ineficiente respuesta por parte de la Justicia ante los numerosos casos de feminicidio.
“El informe recorre casi todos los artículos relacionados con los derechos humanos, pero hay dos cuestiones centrales que atraviesan la mayoría de los artículos. Uno tiene que ver con la crisis climática, el impacto de la crisis climática tanto en la economía como la situación de los pueblos indígenas, como los campesinos, los incendios forestales, y la falta de política de previsión y de abordaje de esas situaciones problemáticas”, comentó Dante Leguizamón, secretario general de la Codehupy.
Seguido agregó: “Lo otro tiene que ver con la democracia en riesgo. El avance de políticas autoritarias, una campaña de ataque hacia la sociedad, acompañado de la ley garrote, entre otras acciones del Estado que demuestran la poca predisposición para el diálogo, para el trabajo y para la construcción democrática de la región”.
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“Este es un informe que destaca la visión crítica con respecto a la situación de los derechos humanos en los distintos aspectos. Pero todos los casos traen recomendaciones para abordar las problemáticas. Un informe crítico pero constructivo, que busca apuntalar la democracia e instalar políticas públicas con perspectivas de derechos humanos para todas las personas” señaló.
En un momento, Leguizamón se refirió al papel del Gobierno y apuntó: “El Gobierno debería establecer espacios de diálogo francos y no espacios de diálogos que no tienen efectiva oportunidad de aportar a las políticas públicas. La mayoría de las leyes, la mayoría de las políticas públicas vienen empaquetadas, pasan por procesos rápidos de evaluación sin discusión real, una discusión de los afectados”.
El informe también destacó las pocas y lentas respuestas que tiene el Estado Paraguayo en general, la justicia en particular, y las pocas alternativas para la prevención y el cuidado de las mujeres que sufren violencia, por parte del Ejecutivo.