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Enrique Wagener, abogado y desarrollador inmobiliario, solicitó este lunes ante el Tribunal de Cuentas una medida cautelar para frenar el proceso de subasta de 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte. El remate, encarado por el imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), está previsto para el próximo miércoles 18 de diciembre.
El accionante señaló que todo el proceso está cargado de irregularidades que podrían acarrear su nulidad, lo que generaría un perjuicio económico para la Municipalidad de Asunción. Aseguró que, de llevarse adelante el remate y luego anularse, el comprador “podría recurrir (ante la Justicia) y exigir el pago total, más el 50%” del precio, en concepto de indemnización.
Wagener advirtió además que existen irregularidades en el porcentaje de comisión que establece el Pliego de Bases y Condiciones para los rematadores. Mientras el Código de Organización Judicial establece el 2% sobre la base de venta, Nenecho y los concejales le asignarán el 6%. Los rematadores designados de forma directa, en contravención al propio Pliego, son Mario C. Person Báez, Elisa Raquel Troche Báez, Osvaldo Luces Rolón y Walter E. Ayala.
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El remate de las fracciones A1 y A3 de la Costanera se realizará en tiempo récord de 60 días, sin la definición del uso de suelo ni la precisión sobre el destino de los fondos obtenidos. Todo esto en medio de una crisis financiera de la Municipalidad. Solo a la Caja de Jubilados, Nenecho le debe más de G. 13.000 millones.
El intendente está investigado además por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. También está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro” y en la cual la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1. 800 millones.
Subasta de Costanera: irregularidades del PBC, según abogado
En la presentación de la acción ante el Tribunal de Cuentas, el abogado Enrique Wagener resaltó una serie de inconsistencias encontradas en el propio Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Junta Municipal para la subasta, así como la convocatoria publicada por la Municipalidad en medios de comunicación de gran circulación.
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Wagener señaló que estos documentos contienen información confusa y engañosa. Particularmente, habló de datos falsos en relación con la cuenta corriente catastral de las tierras. “Encontramos que el proceso de fraccionamiento tiene ‘a deslindar’ los linderos y hay derechos de terceros que deben ser verificados antes de poder realizarse cualquier subasta”, explicó el profesional.
Además, reclamó que no existe una valuación fiscal de las tierras. “El encargado de valorar fiscalmente todo bien inmueble es la Dirección Nacional de Catastro (...) Vemos que no tienen valuación fiscal estas fracciones, por lo tanto,de conformidad al artículo 481 del Código Procesal Civil, no tiene una base de subasta (...) Al no haber valoración fiscal, no puede haber tampoco un valor pericial”, precisó.
El abogado recordó que la propia Ley Orgánica Municipal establece en los artículos 137 y 138, inciso C y concordantes que “todo activo municipal, para que sea considerado como tal, debe pasar previamente por instancia de mensura judicial”, añadió. Recordó que las tierras no tienen aún una cuenta corriente catastral independiente y que además están ocupados, por lo que pidió la constitución in situ del Tribunal.
Subasta, en estas condiciones, pone en peligro la seguridad jurídica, dice abogado
El abogado remarcó que este proceso, en estas condiciones, genera perjuicios para la seguridad jurídica y la imagen del país a nivel internacional. “Desde el sector privado estamos preocupados y queremos que primero se subsane eso. Es por eso que pedimos una medida cautelar a los efectos de que, mientras se esté substanciando todo el debate, se pueda decretar la prohibición de innovar, la inscripción de la litis y la cancelación de la subasta pública”, indicó.
“El juzgado va a determinar si es ilegal. Lo que hay es una información difusa y es totalmente irregular. Desde el momento en que hay una contravención de ciertos artículos del Código Civil, de la Ley Orgánica y de la Constitución Nacional, se podría decir que el hecho, aprobado por la Junta Municipal es antijurídico”, resaltó el abogado.
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Wagener dijo que este proceso pone en juego el desarrollo inmobiliario y afecta, sobre todo, a la posibilidad del ingreso de inversiones extranjeras. En cuanto al plazo en el cual la acción presentada podría tener efectos, contestó que este mismo día el tribunal podría dar lugar a la medida cautelar y suspender la subasta.
El abogado ya había presentado la semana pasada un recurso de reconsideración de la subasta a la Municipalidad de Asunción. La nota ni siquiera fue respondida por el intendente, por lo cual, ante la inminencia del remate, acudió a la Justicia.