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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero, presentaron este viernes sus alegatos finales en juicio ante el Tribunal de Sentencias, integrado por Adriana Planás (presidenta), Matías Garcete y Elsa García. En ese marco solicitaron para el jefe de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) Óscar Villamayor Báez y el policía de Delitos Económicos de la Policía, Rodolfo Martínez Molinas, 7 años de cárcel para cada uno, y la pena de 5 años de prisión para el estibador Alcides Ramón Ayala.
Los tres fueron acusados por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), extorsión y usurpación de funciones públicas. Este último ilícito es en relación al estibador Alcides Ayala, quien según datos obtenidos por la Fiscalía se hacía pasar por funcionario de Aduana en los supuestos operativos que montaban para “apretar” a los comerciantes.
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De acuerdo con la acusación fiscal, los acusados simulaban “operativos” de control de contrabando en comercios de Central y otras zonas del país, en los que exigían a comerciantes la documentación de los productos y, si estos no los tenían, les exigían sumas de dinero para evitar una sanción y la incautación.
El juicio prosigue el miércoles 11 de diciembre a las 8:00, con la presentación de alegatos finales de una defensa, para que los jueces deliberen y den sentencia.
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Exigían pagos millonarios, según fiscalía
El fiscal Néstor Coronel detalló en la acusación presntada ante el juzgado, que el 9 de setiembre de 2022 el jefe aduanero Óscar Erwin Villamayor junto al policía Rodolfo Martínez y el estibador Alcides Ayala allanaron el local comercial de Lizethe Molas, por un supuesto caso de contrabando.
En el sitio Villamayor solicitó a Ricardo González, esposo de la comerciante, la suma de G. 50 millones, con la promesa de “ayudarlo y evitar la incautación de sus mercaderías”, de acuerdo a la acusación. Sin embargo la víctima les indicó que no tenía esa suma de dinero, pero ante la amenaza que se llevarían las mercaderías y una camioneta, además que la propietaria del local sería imputada por la fiscalía, la víctima acordó pagar unos G. 20 millones.
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Los tres acusados cobraron dicha suma, pero aún incautaron todas las mercaderías que supuestamente habían ingresado de contrabando al país.
Acordaron pago semanal para evitar allanamientos
Una semana después el jefe aduanero y el policía retornaron al negocio para exigir el pago semanal de G. 250 mil para cada uno, a fin de evitar otro allanamiento. La propietaria del local y su esposo aceptaron el pedido, según el audio de una llamada con los encausados.
La acusación fiscal resalta que las víctimas Ricardo González y Lizethe molas recibieron amenazas de parte de los tres acusados, por lo que tuvieron que abonar las mencionadas sumas de dinero para evitar la pérdida de sus mercaderías.