Cargando...
A través de su Auto Interlocutorio (AI) Nº 338, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú desestimó la denuncia penal por los supuestos delitos de prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal, radicada por los integrantes de la Cámara de Senadores, contra la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez.
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce, llevó a cabo las diligencias investigativas relacionadas a la denuncia contra Quiñónez sobre supuestos hechos punibles que guardarían relación a no ordenar –en tiempo y forma- la apertura de investigaciones sobre supuestos hechos punibles graves denunciados por senadores.
Lea más: Senado aprueba denunciar penalmente a Sandra Quiñónez por inacción en lavado
Según se consideró en la denuncia presentada contra Sandra Quiñónez, quien estuvo al frente del Ministerio Público en el periodo 2018-2023, ella habría obstruido la investigación de varios hechos punibles denunciados por lo que su conducta se encuadraría dentro en frustración de la persecución penal y prevaricato.
La denuncia de los legisladores fue presentada en marzo de 2023 y, tras concluir las diligencias, presentó su requerimiento N° 81 el 19 de setiembre de 2024, solicitando la desestimación de la denuncia “en razón de que el hecho que motivó la presente investigación no constituye hecho punible”.
Lea más: Fiscalía de Sandra Quiñónez cajoneó informe de Seprelad sobre Lalo Gomes e hijo
Juez tampoco corroboró existencia de ilícitos
En su requerimiento, el fiscal Arce manifestó que en el presente caso no se pudo corroborar que Sandra Quiñonez, haya realizado una conducta penalmente relevante con respecto al prevaricato, pues no se pudo constatar que del trámite dado a los dos informes elaborados por el Congreso Nacional, la Fiscala General del Estado haya tomado intervención en los despachos designados para esa investigación.
Al respecto, el magistrado señaló que “para que se configure el hecho punible de prevaricato un juez u otro funcionario público debe resolver una cuestión violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, hecho que no ha ocurrido en la presente causa”.
Lea más: Senado define denuncia a Quiñónez por congelar causas contra Cartes y su entorno
Mientras que con relación al hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal, se pudo corroborar que el Ministerio Publico inició la acción penal sobre los hechos contenidos en el informe Final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), el cual se derivó al fiscal Francisco Cabrera, quien a su vez solicitó ese informe sea analizado por la Dirección de Delitos Económicos, cuyos responsables concluyeron que no existía mérito para abrir una nueva causa.
Sobre el hecho punible de la frustración de la persecución y ejecución penal, el juez Otazú señaló en su resolución que se configura “cuando exista interferencias de terceros que impida su eficiencia ayudando a quien cometió un ilícito, situación ante la cual tampoco nos encontramos y al no existir elementos que indique una actuación dolosa a criterio de este juzgado no existen los presupuestos para la configuración de los tipos penales”.
Ante estos cuestiones analizadas es que el juzgado “llega al convencimiento de que, al no corroborarse la existencia del hecho denunciado, no puede demostrarse la configuración típica del hecho investigado, y que, conforme al requerimiento fiscal mencionado precedentemente, corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía”.
Lea más: Fiscalía de Sandra Quiñónez cajoneó informe de Seprelad sobre Lalo Gomes e hijo
Sandra Quiñónez: varias denuncias del Senado fueron “cajoneadas”
La resolución aprobada por 24 votos en Senadores, declaraba en su primer artículo de interés nacional denunciar penalmente a la exfiscal general por la presunta comisión de hechos punibles y mal desempeño.
En el escrito se citaron puntualmente los casos en los que presuntamente hubo falta de impulso en las distintas denuncias hechas por el Senado, entre ellos el informe final de la CBI sobre lavado de dinero, Caso Messer, y otros.
También por no investigar denuncias hechas contra varios funcionarios del Estado que facilitaron hechos punibles durante la gestión de Horacio Cartes; denuncias presentadas contra varios gerentes de las empresas de Cartes mencionados en los informes remitidos a la Fiscalía y denuncias sobre vínculos entre bancos de plaza y el narco “Cabeza Branca”.
Así también se la acusa de no investigar los informes de la CBI sobre lavado de dinero en casos que involucraba al entonces presidente Horacio Cartes y al diputado Erico Galeano y todas aquellas personas juridicas e instituciones que incurrieron en hechos punibles que consta en las denuncias remitidas al Ministerio público .