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El imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), pretende dar legitimidad a la subasta de 6 hectáreas de la Costanera Norte, anunciada para el 18 de diciembre, con la actualización del “Plan Regulador de la Franja Costera Norte”, que su gabinete presentó meses atrás, pero que no se trató hasta ahora en la Junta Municipal.
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El Comité de Subasta de esas tierras, conformado por miembros del gabinete del intendente, eligió de forma directa a los rematadores, según dijo a ABC el rematador Mario Person. El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para la subasta otorga a la Junta Municipal un papel secundario y entrega a la Intendencia el control total del proceso. Con la venta, se pretenden recaudar apenas unos US$ 22 millones, cuando de estar desarrolladas, las tierras podrían cuadruplicar su valor.
El proyecto de ordenanza que modifica el título IX del “Plan Regulador de la Franja Costera Norte” fue presentado meses atrás a la Junta Municipal por el gabinete de “Nenecho” Rodríguez . Sin embargo, ante cuestionamientos de la sociedad civil, gremios de arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y otros sectores, debido a que no fueron incluidos en la elaboración del plan, este proyecto de ordenanza no se trató hasta ahora. Incluso, a fin de sumar al proyecto, luego de reunirse y socializar planes, el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) puso a consideración de la Junta un Plan Maestro de la Costanera.
Ahora, ante el llamado a subasta ya realizado, sin tener plan de inversión ni plan de uso de la tierra aprobados, el cartismo pretende que el Plan Regulador sea aprobado por la Junta Municipal este miércoles, según había adelantado el jefe de Gabinete municipal, Nelson Mora.
Comisión no dictaminó sobre “Plan Regulador” de Nenecho
El proyecto fue presentado en abril de este año, en una caldeada audiencia pública, y servirá al intendente para blanquear la convocatoria a subasta. Sin embargo, no cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Planificación.
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Esto fue confirmado por el concejal Félix Ayala (PLRA), quien explicó que el estudio del Plan Regulador estaba en el orden del día de la Comisión, que se reunió este martes, pero se decidió postergarlo para la próxima sesión, ante la recepción de respuestas de la Intendencia a algunas consultas hechas por los concejales.
Ayala no descartó que el tema pueda tratarse de todos modos en la sesión ordinaria de la Junta de este miércoles, sobre tablas, por pedido de alguno de sus colegas, pero consideró que lo más factible es que se espere hasta la próxima semana.
Plan Regulador de Nenecho, no alcanza la categoría de Plan Maestro, explica urbanista
El conocido arquitecto urbanista Gonzalo Garay, integrante del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), se ratificó en los cuestionamientos que desde el sector hacen hacia el proceso de elaboración del Plan Regulador de la Costanera Norte, cuya aprobación quiere el intendente.
Garay explicó que un “Plan Maestro”, como el desarrollado por la Municipalidad en 1993, es un proyecto mucho más ambicioso e integral que el presentado en abril por el intendente. Recordó que Codeasu presentó a la Municipalidad un documento de más de 500 páginas, en las que le señalaban al intendente las falencias de su proyecto, entre las que destaca la ausencia de los componentes sociales, ambientales, económicos, urbanísticos, legales y de gestión que sí están incluidos en el proyecto original, o sea, en el Plan Maestro.
Asimismo, Garay reiteró que el proyecto del intendente no hace mención del Plan de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, elaborado con asistencia técnica financiada por el Banco Mundial, que incluye el denominado Eco Distrito, ubicado en la misma zona donde se ubican las tierras a ser subastadas. El proyecto contó con la participación activa y la aprobación de la administración de Nenecho Rodríguez.
Garay se ratificó en la postura de Codeasu, de recomendar que la subasta de las tierras se realice recién después de la realización de las obras de inversión en el desarrollo urbano de la zona.
“Están destruyendo el Plan Maestro”, dijo Garay
El arquitecto Garay remarcó la necesidad de la creación de una agencia de desarrollo, que funcione como una sociedad entre el Estado paraguayo y la Municipalidad y que, mediante financiamiento externo, invierta en esta zona con alta rentabilidad.
“Bien manejado esto, hasta podría salir gratis. Acá se han gastado más de US$ 500 millones (en todos los planes y proyectos ejecutados en la Costanera) porque no se hizo como se tiene que hacer. Están destruyendo el Plan Maestro de la Franja Costera. Si hubiera habido una agencia, eso hubiera costado sustancialmente muchísimo menos dinero, porque se centraliza la administración”, dijo.
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“Acá tiene un precio la primera etapa, otro precio tiene la segunda y otro precio tiene la tercera. Cuando se va haciendo suelto sale mucho más caro y no tienen la misma calidad ni los mismos criterios”, criticó.
El experto se ratificó en que con un mecanismo similar al implementado por el consorcio Puerto Madero en Buenos Aires, la historia sería muy distinta. “La mitad es de la Municipalidad, propietaria y administradora de la tierra, y el Gobierno pone los créditos que la Municipalidad no tiene capacidad de adquirir”, resaltó.
Subasta se presta para el direccionamiento y la especulación
Algo en lo que coinciden concejales de la oposición y sectores ciudadanos es en las falencias del Pliego de Bases y Condiciones para la subasta, que abren la puerta no solo al mal uso del dinero proveniente de la subasta, sino también a un direccionamiento en la adjudicación y a la posibilidad de la especulación inmobiliaria con las tierras.
Lo primero obedece a una cuestión de tiempo, teniendo en cuenta que la subasta fue aprobada apenas hace dos semanas y será llevada adelante en otras dos semanas más, el próximo 18 de diciembre. Gonzalo Garay señaló, en ese sentido, que no existe inversor que pueda, en menos de un mes, plantear un proyecto serio de inversión que le permita conocer qué tipo de emprendimiento es posible construir en el lugar y en cuánto tiempo estas inversiones podrían redituarle beneficios.
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Al mismo tiempo, el concejal Pablo Callizo (PPQ) había criticado que el pliego no establezca un plazo máximo de tiempo para que el potencial comprador presente un plan de inversión en las tierras. A esto se suma también la indefinición en la Junta Municipal sobre el “Plan Maestro” del Intendente, que agrega indefinición a potenciales interesados en las tierras.
Estas circunstancias ponen en duda la transparencia del proceso, al permitir que solo aquellos que conozcan de antemano el proyecto tengan el tiempo requerido para un estudio de factibilidad económica para una inversión como la que requiere la compra de estas tierras, coincidieron tanto Garay como Callizo.
Junta Municipal, de adorno
Una de las críticas que también se hace desde la oposición es el papel secundario que se otorga en este proceso a la Junta Municipal. Álvaro Grau (PPQ) recordó que en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) ya se excluyó a los concejales del Comité de Subasta, integrado exclusivamente por directores del gabinete del intendente.
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Basados en lo que dice el Pliego de Bases y Condiciones, el comité de subasta decidió la semana pasada la fecha de la subasta y la designación de los rematadores en total desconocimiento de los concejales. Todas estas decisiones se tomaron antes que se designara un representante de la Junta, que acompañe como veedor el proceso.
En su artículo 9°, el PBC dice que el Comité solamente “comunicará a la Junta Municipal de Asunción el lugar, día y hora que se llevara a cabo el acto de subasta pública a los efectos que designen un representante para participar y/o controlar de las actuaciones de dicho acto”.
El PBC determina que el dinero producto de la subasta se utilizará para pagar deudas y realizar inversiones, pero sin dar mayores detalles. Opositores como el concejal Álvaro Grau (PPQ) consideran que con el argumento de la cuenta única, el fondo también se usaría para pagar salarios. La administración de “Nenecho” Rodríguez se encuentra actualmente en profunda crisis económica. Además, el intendente está imputado por lesión de confianza y asociación criminal, mientras por otro lado es investigado por el desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras que no fueron ejecutadas.