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Entre las ternas a ser tratadas este miércoles, en sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está la integrada para el cargo de un miembro del Tribunal de Apelación en lo Laboral de la Capital, 2ª Sala.
La terna para dicho está conformada por la jueza en lo Laboral de la Capital Graciela Josefina Ortiz de Buffa (642,1 puntos), el defensor público Procurador del Trabajo de la Capital Ángel Gustavo Cáceres Alarcón (561,58 puntos) y la defensora pública de la Capital Natalia María Pérez González (526,1 puntos).
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En octubre de 2023 la jueza Graciela Ortiz de Buffa fue denunciada ante el ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Manuel Ramírez Candia, por parte de la Asociación de Abogados Laboralistas, por la alta mora que se da en el juzgado en lo Laboral a su cargo.
“En junio de 2023 hicimos una encuesta entre todos los colegas laboralistas sobre los juzgados del fuero Laboral en la Capital y el juzgado del Segundo Turno, a cargo de la jueza Graciela Ortiz resultó como la más morosa de la Capital”, expresó a nuestro diario el Abg. Eduardo Pérez Avid.
Califican como “vergüenza” inminente designación
Pérez Avid recordó incluso que la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay solicitó en varias ocasiones a la Corte Suprema de Justicia que remita los antecedentes de la jueza Graciela Ortiz de Buffa al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para que se realice una investigación preliminar por la “altísima morosidad” del juzgado a su cargo, pero nunca tuvieron respuesta por parte del máximo tribunal, según indicó.
“Sería sería una afrenta total, no solo para nosotros los abogados laboralista sino para los propios magistrados del fuero Laboral que hacen su trabajo como corresponde, que esta jueza sea designada para integrar el Tribunal de Apelaciones en lo Laboral de la Capital”, manifestó el letrado.
Llamativamente, en setiembre de este año a pedido de la Procuraduría General de la República el juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Segundo turno de la capital, a cargo de la jueza Graciela Josefina Ortiz Saccarello, resolvió levantar el embargo preventivo que pesaba sobre los cuatro inmuebles pertenecientes a Copaco, ubicados en Asunción.
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El embargo fue decretado en concepto de gastos de justicia, en el marco de la demanda instaurada por la señora Mirtha Elvira Ayala Martínez contra la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco S.A.) por cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes, hasta cubrir la suma de G. 153.719.570 más G. 15.371.957.