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La escribana Olga Denis en compañía del abogado Hermes López Turlan, en visita a nuestra redacción, manifestaron que presentaron denuncia ante el Ministerio Público contra las peritos caligráficas María Eugenia Benítez Cabrera y Lourdes Rejala Barrientos, el 23 de julio de este año, por hechos punibles contra las pruebas testimonial y documental. El caso se encuentra a cargo de la fiscala Claudia Aguilera.
De acuerdo con lo que relató el abogado Hermes López, “la señora Ida Julia González viuda de Hermosilla, formuló su testamento el 24 de julio de 2017 y falleció durante la pandemia, en el 2022. Posteriormente se abrió la sucesión. La escribana se enteró de esto e informó al juzgado que hay un testamento que se celebró en 2017, ahí los hijos impugnaron ese acta y el juez de la sucesión ordenó una pericia de la firma estampada en el acta”.
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Ahí es donde entraron las peritos denunciadas, María Benítez y Lourdes Rejala, quienes efectuaron la pericia a la firma. De acuerdo con el informe elevado por las profesionales, la firma estampada en el acta notarial no correspondía a la testadora Ida González. Este hecho, para la escribana pública Olga Denis, constituye la producción de documento falso según refirió el profesional del derecho Hermes Turlan.
“Decimos que produjeron un testimonio falso porque la escritura se realizó delante de la escribana, y ella solicitó, a parte de las medidas normales, la firma, la cédula, pidió además otras medidas de seguridad que están por sobre la ley. Primero, escuchar la voluntad de la persona, como se trataba de una persona de 72 años, pidió un certificado médico que indique que estaba óptima para ese acto, por lo que la mujer fue hasta su médico tratante y en una cita posterior, arrimó a la escribana el certificado que indicaba que estaba bien física y psíquicamente”, expuso el abogado Turlan.
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Añadió, que con esos elementos la escribana Olga Denis transcribió la voluntad de la mujer de 72 años, quien testó el 20% de sus bienes a un tercero particular, que es Julio Gavilán Velaztiqui, un personal de su confianza. “Aparte le pidió la impresión de la huella dígito pulgar y la firma de tres testigos presenciales, que eran su abogado particular, la esposa del abogado y la madre del abogado. Por eso la escribana está segura de lo que hizo”.
Juez incurrió en error de valoración, dicen
En otro momento, el abogado Turlan sostuvo que “con todas esas medidas de seguridad solicitadas por la escribana hubo un error de juzgamiento, de valoración de la prueba que se hizo adrede usando las dos pericias producidas irregularmente que hicieron las peritos”. Añadió que el juez, en ese sentido “hizo una valoración matemática, es decir, dos pericias que dicen que la firma no corresponde y una que dice que corresponde”.
Subrayó en ese contexto que “el error está en que el juez es el perito de peritos y si no hay unanimidad de criterio entre peritos, él tuvo que haber sopesado la fe pública, que es el poder otorgado a los escribanos por el Estado paraguayo, lo que torna que su acta valga por sí misma. Por eso decimos que el juez actuó mal”.
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Turlan también mencionó que el magistrado no tuvo en cuenta la pericia hecha a la huella dígito pulgar, hecha por peritos de la Policía Naiconal y que certificaron que la misma pertenecía a la testadora. “Eso quería decir que ella estuvo en el lugar, tres testigos calificados además, su abogado de confianza, la esposa y la madre, quienes dijeron que vieron cómo se hizo y firmó el acta”.
A todo eso sumó el profesional del derecho que, el juez tampoco tuvo en cuenta “el certificado médico que es un hecho que demuestra que estaba en uso de sus facultades, y que fue inserto en el acta notarial. El juez hizo la valoración parcial de las pericias caligráficas, y obvió los demás elementos”.
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Hay casos similares en el Ministerio Público
Posteriormente, Turlan hizo mención de que “lo grave acá es que el juez no tuvo en cuenta la fe pública, porque una vez realizada la denuncia contra los peritos, nos dimos cuenta de que varios escribanos están citados por la Fiscalía y están sufriendo este tipo de hechos”.
Reveló asimismo que en esos casos los “escribanos que libraron actas al final tuvieron que demostrar por imágenes de video que la persona sí estuvo por su escribanía en cierta fecha para celebrar el acto. Otra escribana se salvó de que fuera denunciada porque tenía imágenes fotográficas de la persona que estuvo ahí, en su despacho. El modus operandi que están empleando estos jueces y estos peritos es muy dañino para la seguridad jurídica”.
Ante estos hechos, el abogado Hermes López Turlan expresó que “existe una especie de confabulación entre jueces y peritos para anular escrituras públicas” y este tipo de hechos obligan a los escribanos a establecer medidas de seguridad como fotografías, impresión de huellas digitales y otros elementos más a través de lo que puedan probar que la persona estuvo en su oficina.
Beneficiado era empleado de confianza
Parte de la denuncia indica que existen numerosos mensajes de los propios hijos de la testante que corroboran que la misma tenía un aprecio especial en favor del denunciante, quien en vida le demostró lealtad a la Sra. Ida Julia González Vda. de Hermosilla, en el manejo de la Aguatenía González y Gamarra S.R.L en las ciudades de Luque e Itá, que en un 50% le correspondía a la mujer; y la Aguatería Ypati 2, de la ciudad de Villa Elisa, que le correspondía en un 100% como propietaria.
“La lealtad llegó a tal punto que el Sr. Julio César Gavilán Velaztiqui fue el único en asistir a la testante en época de pandemia, teniendo en cuenta que la llevó al hospital y también la asistió durante el tiempo de su internación. Tras su muerte, se encargó de retirar el cuerpo, prepararla y trasladarla para su cristiana sepultura”, remarca parte del escrito.
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Finalmente indican que esta situación motivó hasta el agradecimiento de los hijos de la fallecida, quien durante el acto testamentario, delante de los testigos, expuso su intención de legar o reconocer al ahora denunciante, “legado que no pudo concretarse en paz, por la falsa conclusión de las denunciadas”.