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La documentación referente al caso fue remitida al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que solicitó la apertura de una investigación a los fiscales encargados de indagar el robo de 146 cabezas de ganado en Paraguarí denunciado el 28 de febrero de 2019, caso de abigeato que quedó en el opareí por inacción de los investigadores.
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En ocasión de la sesión ordinaria de la máxima instancia judicial de la semana pasada, el ministro Gustavo Santander Dans explicó detalladamente una serie de irregularidades observada en la causa N° 159/2019 caratulada “Ministerio Público contra Jorge Luis Cuenca y otros sobre abigeato” y que quedaron en evidencia mediante una la auditoría de gestión jurisdiccional realizada a la causa mencionada.
El 19 de noviembre de 2019 la Fiscalía imputó a Jorge Luis Cuenca, por supuesto abigeato y el juzgado de Garantías de Carapeguá, luego de admitir el acta fiscal, estableció el 19 de marzo de 2020 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo. Posteriormente, fueron incluidos en el proceso Darío Bartolomé Acosta Sánchez (20/11/2019) y Juan Fernando González (27/11/19).
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Auditoría remitida al JEM revela que Fiscalía “olvidó” presentar requerimiento conclusivo
La Fiscalía realizó un total de 29 actos investigativos y recuperó 31 cabezas de ganado, de las 146 hurtadas. En el proceso, que se tramitó ante el juzgado penal de Garantías de Carapeguá a cargo del juez Hilario Bustos, intervinieron cinco fiscales penales -Cecilia Inés Núñez Castillo, Gladys Teresita Paredes, Mercedes Vera Monges, Rita Prieto Talavera y Eustacio Hermosilla- y la fiscala adjunta Artemisa Marchuk.
En la fecha establecida para la presentación del requerimiento conclusivo, el Ministerio Público “se olvidó” de presentar su requerimiento conclusivo por lo que el caso fue derivado a la fiscala adjunta. Marchuk pidió sobreseimiento provisional para realizar numerosas diligencias que, según la auditoría de gestión de la Corte, no fueron realizadas.
Recién el 21 de setiembre de 2020 la fiscalía adjunta presentó el requerimiento conclusivo, solicitó el sobreseimiento provisional de los tres procesados en la causa, a fin de realizar un total de 12 diligencias en relación al imputado Darío Bartolomé Acosta; 13 actos investigativos respecto al procesado Juan Fernando González y 14 diligencias sobre el encausado Jorge Luis Cuenca.
“Ninguna de estas diligencias fueron realizadas en el tiempo del sobreseimiento provisional, pero no solo eso. Además de no llevar a cabo los actos investigativos, los fiscales olvidaron de solicitar la reapertura de la causa, en consecuencia, el juzgado ordenó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados”, explicó Santander.
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Sumario a juez por cambio de calificación sin justificación en caso de abigeato
Santander también destacó que en la audiencia preliminar, el magistrado Bustos cambió la calificación sin fundamento alguno, con lo cual además de reducir considerablemente la expectativa de pena, disminuyó también el tiempo con que la Fiscalía contaba para realizar las diligencias indicadas en ocasión de establecer el sobreseimiento provisional de los procesados. Por este motivo, también a pedido de Santander, el pleno dispuso la apertura de un sumario al juez penal de Garantías de Carapeguá Hilario Bustos.
“En el proceso penal pequeñas cosas hacen grandes transformaciones. Se imputó y durante toda la etapa de investigación se sostuvo la calificación del hecho en base al artículo 163 inciso 2°, que tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel, por lo que el plazo del sobresimiento provisional debía ser de 3 años. Sin embargo, en la audiencia preliminar el magistrado modificó la calificación del hecho, en base a lo establecido en el artículo 163 inciso 1°, cuya expectativa de pena es de hasta 5 años de prisión, en consecuencia la duración del sobreseimiento provisional se redujo a solo un año”, destacó Santander, cuyo pedido fue aprobado por unanimidad por los demás ministros.
Juzgado de paz de Benjamín Aceval, en la mira del JEM
Por otro lado, también en la sesión del JEM de hoy, el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo solicitó la apertura de una investigación sobre la actuación del titular del juzgado de paz de Benjamín Aceval, Roberto Ferreira, recientemente allanado por la Fiscalía en el marco de una investigación a una supuesta red de estafadores.
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El operativo, a cargo de las fiscalas Yrides Ávila y Lourdes Bobadilla, se realizó el 21 de noviembre último, ante la sospecha de que la oficina judicial era utilizada por una estructura utilizaba para concretar las estafas, a través de las órdenes de secuestro o recuperación de vehículos expedidas a favor del propietario de la playa de autos Mathias Automotores, Porfirio Jiménez, actualmente con prisión preventiva.