“Ocupantes VIP”: Tribunal ratifica que la finca 916 pertenece al Estado

El Tribunal de Cuentas reafirmó la titularidad del Estado sobre la finca 916 en Villa Hayes, descartando las pretensiones del municipio y reforzando la posición jurídica defendida por el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República.

Lujosas viviendas con muelle para yates en tierras del Ministerio de Defensa. Remansito.
Lujosas viviendas con muelle para yates en tierras del Ministerio de Defensa. Remansito.SILVIO ROJAS

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El Tribunal de Cuentas emitió una resolución que ratifica que la finca 916, ubicada en Villa Hayes, pertenece al Estado paraguayo, específicamente al Ministerio de Defensa. Esta decisión reitera que las tierras no pueden ser transferidas ni adjudicadas al municipio local, como se había solicitado en una demanda presentada por la Municipalidad de Villa Hayes.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González Maldonado, destacó que esta resolución respalda la postura jurídica que el Estado viene sosteniendo desde hace años.

Según el procurador, el municipio había recurrido para anular un decreto que revocó una disposición anterior que transfería las tierras del Ministerio de Defensa al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas fue categórico al afirmar que estas tierras continúan siendo propiedad del Estado y no pueden ser reclamadas por el municipio.

“El Tribunal confirma que la Municipalidad no tiene derecho de expectativa sobre estas tierras”, enfatizó González Maldonado.

Litigios en curso contra ocupantes irregulares

La finca 916 sigue siendo objeto de disputas legales. Actualmente, el Estado litiga contra 27 personas en 17 lotes, lo que representa cerca de la mitad de la zona ribereña, según explicó González.

Según detalló, ocho de ellos ya entregaron voluntariamente los terrenos, lo que abarca aproximadamente el 50% de la extensión en disputa.

Dos terrenos entregados en Remansito.
Dos terrenos entregados en Remansito.

El procurador explicó que en el fuero contencioso, la titularidad del Estado está clara y está respaldada por documentos legales. Sin embargo, en el juicio civil, donde se busca el desalojo de los ocupantes, estos no han podido demostrar la legitimidad de sus reclamos.

“Los ocupantes no presentaron pruebas válidas y recurren a maniobras dilatorias, como recusaciones e incidentes, para frenar el proceso”, señaló.

El Estado busca que estas defensas sean calificadas como un uso abusivo del derecho, ya que carecen de sustento legal. “Confiamos en que este proceso llegará a su fin pronto y se reafirmará plenamente la propiedad estatal,” concluyó González Maldonado.

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