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La investigación fiscal está caratulada como “Ministerio Público contra Armando García y otros sobre supuesto hecho punible de lesión de confianza y otros”. Está a cargo del fiscal Carlos Cabrera Ayala, de la unidad penal número 1 de Saltos del Guairá y se inició con base en una denuncia presentada por seis concejales disidentes.
Los denunciantes son David Eugenio Pereira, Julio Ibarrola, Félix Paniagua, Cayo César Cáceres, Édgar Mencia (todos de la ANR) y Víctor Ayala del PLRA. Estos acusan al presidente de la Junta Municipal, Armando García (movimiento independiente Renovación Ciudadana), de producción indebida de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza, entre otros, en varios casos resueltos por la Junta Municipal.
Uno de los hechos denunciados es la concesión de permiso para la construcción de una rotonda a la firma Shopping América, sobre la avenida Itaipú, a menos de un kilómetro de la frontera con Brasil, donde solo seis concejales votaron por su aprobación. Sin embargo, en la resolución pertinente, García consigna que la aprobación fue por unanimidad.
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La obra es igualmente rechazada por el intendente Héctor Morán (ANR-HC), quien señaló que no lo vetó en su momento porque la Junta, según la resolución que fue elevada desde la presidencia, lo aprobó por unanimidad. “Ellos, por tanto, tenían cómo levantar el veto y de balde lo vetaría”, había explicado Morán.
La acusación contra García no es solo en un caso. Según la denuncia, desde que asumió el cargo de presidente de la Junta Municipal de Saltos del Guairá, se caracterizó por la continua violación de la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento Interno y otras leyes conexas de forma totalmente arbitraria.
Citan otros casos, como la sanción ficta de la rendición de cuentas del intendente municipal y el balance general del año 2023. Denunciaron que ocurrió la aprobación automática porque, de manera intencional, el presidente no convocó a sesión y dejó vencer el plazo. En el último día que se podría estudiar, simplemente dejaron sin quórum la reunión y, de esa manera, forzaron la sanción ficta, indica el escrito.
También acusan a García de favorecer a una empresa en la adjudicación del asfaltado de calles en la ciudad por valores multimillonarios. Específicamente, no había comunicado al intendente municipal que la Junta resolvió sacar del pliego de bases y condiciones la exigencia de que las empresas deban tener una planta fija o estática en la ciudad para poder participar de las licitaciones.
Al no consignar la decisión del legislativo, se presentó una sola empresa, que siempre gana todas las licitaciones de asfaltado en la ciudad, refieren en la denuncia.
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Señalan que el presidente de la Junta incluso tomó la decisión unilateral de no comunicar a donde corresponda la decisión de intervención de la municipalidad que tomaron por mayoría de 6 a 5 en la Junta Municipal, resolviendo él, por cuenta propia, que no correspondía darle trámite.
García se negó a hablar sobre la investigación iniciada por el Ministerio Público. Al ser consultado si daría su versión al respecto, se limitó a responder: “No”.