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Con la declaración de dos testigos de fiscalía prosiguió esta mañana el juicio oral y público al exgobernador de Central Hugo Javier González y otros cinco acusados por el presunto desvío de G. 5.100 millones de los fondos covid durante la pandemia, a través de las “obras fantasmas”.
Se trata de Rosa Olitte Bogado, exfuncionaria de la Gobernación de Central; y el exconcejal departamental por el Partido Liberal Adrián “Billy” Vaesken Vázquez, quien desde el 2019 venía denunciando irregularidades en la administración del exanimador de fiestas.
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Según el actual diputado por el PLRA, Hugo Javier González “pecó de buenudo: bueno y boludo”, ya que desde el inicio de su gestión la persona que manejaba la Gobernación de Central fue Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector de Gabinete, uno de los coacusados.
“El señor Hugo Javier nunca manejó Central, el que manejaba todo era este señor (Miguel Robles) y a través suyo armaron una verdadera industria de desvío de fondos públicos”, remarcó Vaesken en su declaración ante el Tribunal de Sentencia que integran los jueces Karina Cáceres, Ana Rodríguez Brozón y Yolanda Morel.
Juicio a Hugo Javier, en etapa de testificales
El juicio oral continuará este jueves 28, desde las 7:30, con la declaración de más testigos propuestos por el Ministerio Público, que está representado por el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
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Los demás acusados son el exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el supuesto cerebro del esquema; el exdirector de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez, la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud, el extesorero Luis Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente.
La acusación fiscal afirma que los seis encausados se encargaron de “fabricar y clonar” facturas que luego presentaron a la Contraloría General de la República (CGR), tratando de justificar el destino que tuvieron los G. 5.105 millones provenientes de los fondos Covid.
De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, el dinero no fue ejecutado en base a los dos proyectos genéricos que presentó la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), beneficiada con la millonaria transferencia.
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En la presente causa, el acusado Miguel A. Robles presentó varias chicanas buscando trabar el proceso, hasta que finalmente el 23 de agosto de 2023 un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción rechazó todos los recursos y confirmó el presente juicio oral.