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En este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, toca hablar de cómo trata el sistema -en su conjunto, es decir, Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial- a la mujer víctima de violencia familiar. Cuando una mujer es violentada, lo primero que se le dice es que denuncie. Esta recomendación está presente en los consejos de los amigos y familiares, en los discursos de nuestras autoridades y realmente es lo que corresponde hacer, en la creencia de que al buscar ayuda, el sistema ampara y protege a la víctima y sanciona al denunciado.
Es lo que se espera, pero no siempre es lo que ocurre. Lo que sí se da es que a partir de la judicialización de un caso de violencia familiar, empieza una larga batalla que en el caso de Cristina Arce, ya lleva más de nueve años de duración.
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En este caso específico, el acusado Hugo Cañete López fue condenado a cuatro años de cárcel por violencia familiar en un juicio que concluyó el 17 de diciembre de 2019. Esta sentencia, la SD N° 240, fue confirmada el 7 de junio de 2022, por el Tribunal de Apelación de Cordillera.
A la fecha, la sentencia no se puede ejecutar aún, debido a reiteradas chicanas presentadas por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia. La abogada querellante Mercedes Soto explicó que la sentencia está firme, pero a raíz de las presentaciones de la defensa, el expediente sigue en la sala penal. La última presentación realizada fue un recurso de casación, que tuvo ingreso el 22 de junio de 2022.
“Ellos buscaban la nulidad del acta de acusación. Perdieron en apelación y también como acción en la Corte y luego la aclaratoria que presentaron, tampoco se hizo lugar. Entonces lo último que presentaron fue la casación. Desde entonces sigue el proceso y ella tiene que vivir fuera del país porque la Policía no la podría defender o cuidar de las amenazas de muerte. Está exiliada esperando se haga justicia algún día”, explicó la abogada querellante.
Policía, renuente a intervenir en caso de violencia familiar
Nada nuevo para Cristina. Al conocer su caso, se puede entender por qué muchas víctimas optan por no denunciar. Es que cuando el sistema debería actuar con rapidez y eficiencia, te muestra su faceta más detestable.
El primer obstáculo que encontró la víctima fue hacer la denuncia, eso porque en la comisaría de Curuguaty no le quisieron tomar los datos.
“La historia se inicia con que no le quisieron tomar la denuncia en la comisaria, luego con una orden del juzgado de paz de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento se fue a la comisaria y tampoco se movilizó la policía, luego fui con esa misma orden judicial a acompañarle y en la comisaria me dijeron que no podían cumplir porque tenían miedo”, recordó la abogada Mercedes Soto.
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Chicanas sin freno postergaron preliminar más de 10 veces
Una vez judicializado el caso, llegó el turno de las chicanas de nunca acabar. Solamente la audiencia preliminar se suspendió en más de diez ocasiones.
El juicio también tuvo varios intentos frustrados y el 20 de agosto del 2019, se inició ante el Tribunal de Sentencia de Caacupé presidido por Antonio Benítez e integrado por Alfredo Benítez e Hilda Benítez.
Luego de nueve días de audiencia, durante los cuales los cuatro hijos del matrimonio relataron los brutales castigos sufridos por su madre y por ellos mismos, se agregaron registros policiales de procesos abiertos a Cañete en los Estados Unidos por violencia familiar, entre otras pruebas, una excepción de inconstitucionalidad promovida por el abogado defensor Óscar Torres impide la conclusión del juicio.
Posteriormente, la entonces magistrada Hilda Benítez sufre un grave accidente automovilístico cuando se trasladaba de Asunción a Caacupé para la etapa final del juicio, con la consecuente interrupción de la audiencia. Por esta razón, el juicio tuvo que reiniciarse posteriormente, ante otro tribunal.
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Demora de la justicia en resolver recursos mantienen a condenado en libertad
En juicio tanto Cristina como sus hijos relataron las brutales golpizas a las que eran sometidos por el acusado desde hace años y también en juicio se presentaron evidencias de intervenciones realizadas en el exterior inclusive, a raíz de denuncias presentadas por docentes y vecinos de la familia, cuando vivían el fuera de Paraguay.
“Tenemos cuatro hijos y a toditos nos pegaba, no solamente a mí. Eso era constante. Y ya mis hijos tenían miedo de él y no hacían nada, eran chicos todavía. Nos torturaba. Teníamos una piscina y en el calor les hacía caminar descalzos alrededor por horas; no tenían que parar, les decía que hicieran el número 4 y no tenían que moverse o les pegaba. Una vez a mi hijo le pegó, ahí está la foto, tuvo rotura y se fue al colegio porque tenía miedo, luego llamaron de la escuela y dijeron que se vaya a retirar a mi hijo y llamaron a la Policía. Él se fue preso, sacaron fotos”, relató Cristina en una charla con Abc, al inicio del proceso.
“A los 17 mi hijo se fue de la casa porque no aguantó más. Le encerraba en la pieza y le pegaba demasiado, le ensangrentaba todo y le hacía limpiar su sangre. Mi hijo siempre me dice que no se olvida de eso”, recordó.
El día en que decidió realizar la denuncia, Cristina había ido a un cumpleaños familiar, en una casa frente a la suya, donde llegó con anteojos de sol, pese a que era un día nublado y fresco. El accesorio tenía el propósito de ocultar el hematoma que tenía en uno de los ojos por los golpes recibidos el día anterior. Cuando regresó a su casa, fue nuevamente agredida, pero ante los gritos de auxilio acudió uno de sus sobrinos y con la intervención de otros familiares, decidió realizar la denuncia correspondiente.
El 17 de diciembre de 2019, el Tribunal de Sentencia presidido por Alberto Peralta e integrado por Liliana Ruiz Díaz y Cynthia Mancuello condenó a Cañete a cuatro años de pena privativa de libertad por violencia familiar. La pena coincidió con la requerida por el fiscal José Martín Morínigo, no así por la querella, a cargo de la abogada Soto, quien solicitó una condena de 6 años de cárcel.
Si bien en algunos casos la justicia actúa de manera eficiente, parece ser que esta diligencia está “reservada” para aquellos casos de violencia extrema en que la víctima está prácticamente desfigurada, “agonizando” o muerta.
En el caso de Cristina, como su agresor sigue en libertad y ella teme por su vida, decidió ir a vivir temporalmente con sus hijos, actualmente radicados en los Estados Unidos, mientras espera que se cumpla la sentencia.
Consultamos a la abogada Soto qué pasa con aquellas víctimas que no tienen recursos para ponerse a resguardo de sus agresores y su respuesta fue tajante: “Mueren si su victimario toma la decisión de cumplir sus amenazas”.
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Fiscalía “cajoneó” denuncia de violencia de joven víctima de feminicidio
Es lo que pasó en el caso de Katia Montserrat Brítez Torres por ejemplo, quien no puede contar su historia. El 14 de febrero de 2023, la joven de 20 años denunció a su expareja Osvaldo Luis Zaracho Fernández, de 21 años, porque este irrumpió en su domicilio, la sorprendió en su pieza y tras una discusión de poco más de una hora, la agredió e intentó estrangularla.
Tras la intervención de su padre, el agresor huyó, pero la amenaza quedó. En la denuncia que quedó cajoneada en la Fiscalía de Lambaré, la joven que quería ser azafata dejó constancia del carácter violento de su ex y dijo que temía por su vida.
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Fue la segunda denuncia que hizo Katia en el mismo mes, pues el 6 de febrero Zaracho había ingresado a la fuerza a su casa y también le había acosado en un evento.
El 30 de agosto, en el mismo barrio San Isidro donde ya había sido atacada dos veces antes, Katia Brítez fue asesinada, frente a su casa. Al mando de un auto que sustrajo a un amigo, Zaracho atropelló a Katia en la vía pública, cuando la joven se disponía a ingresar a su casa y pasó varias veces encima del cuerpo, hasta que los enardecidos vecinos lo redujeron a golpes.
El 15 de octubre pasado Zaracho fue condenado a 30 años de cárcel, pero la verdad es que la justicia llegó tarde porque Katia ya no está.