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El distrito de San Pablo, ubicado en el departamento de San Pedro, vive una realidad particular que refleja los desafíos de la gestión pública en las zonas rurales del país. Según el censo, la población total del distrito es de 3.415 habitantes, mientras que el padrón electoral registra más de 3.400 electores. El caso particular invita a reflexionar.
Jorge Codas, intendente de San Pablo, señaló que muchos de los electores registrados no residen en el distrito.
“Es algo particular, quizás falta actualizar los datos del padrón electoral y ver cuidadosamente los datos del censo, es muy particular nuestro caso”, afirmó.
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Precariedad laboral
La precariedad laboral también es un tema preocupante en el municipio porque los funcionarios municipales perciben salarios muy por debajo del mínimo legal vigente.
El funcionario que gana más llega a los G. 1.500.000 mensuales, y el mínimo cobra G. 850.000 mensuales, mientras que la dieta de los ediles llega a G. 1.260.000 mensuales. Por su parte, el intendente percibe G. 3.000.000 al mes.
“Soy abogado y escribano, pero más trabajo en el campo y en mi ferretería porque el sueldo de intendente no alcanza, no soy político; me convencieron para postularme y gané, pero no vivo de la política. Trabajo al igual que mis compueblanos para generar ingresos”, expresó Codas, reflejando una situación compartida por muchos de los funcionarios locales, quienes complementan sus ingresos trabajando en actividades agrícolas.
El presupuesto general del distrito asciende a G. 2.400 millones, de los cuales solo G. 280 millones son ingresos genuinos anuales. Esta realidad no solo incumple la legislación laboral vigente, sino que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la administración local, la calidad de vida de los trabajadores y la comunidad.
El distrito de San Pablo basa su economía en la producción de esencia de petit grain; el 24 de diciembre celebrará su 43º aniversario, y la administración municipal apuesta por la inversión en infraestructura educativa, aunque los desafíos persisten.
Los pobladores coinciden en que es urgente actualizar los padrones electorales, mejorar la recolección de datos censales y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.
La lucha es constante por mantener una administración funcional frente a recursos limitados, salarios bajos y una infraestructura insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de su población.