Ley anti-ONG: buscan proceso participativo para la reglamentación, dicen desde el Gobierno

El Gobierno avanza en la reglamentación de la Ley anti-ONG con un enfoque participativo, según destacaron los ministros María Saldívar y Gustavo Villate. Saldívar señaló que el proceso de participación de referentes de las ONG tiene como objetivo lograr una normativa factible y aplicable, mientras que Villate sostuvo que la nueva legislación busca diferenciar a quienes actúan de buena fe de aquellos que no.

El ministro del Mitic, Gustavo Villate (izq.) y la ministra ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, María Saldívar, en los estudios de ABC TV.
El ministro del Mitic, Gustavo Villate (izq.) y la ministra ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, María Saldívar, en los estudios de ABC TV.

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La ministra ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, María Saldívar y el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, explicaron los objetivos del proceso, para la reglamentación de la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), conocida como “ley anti-ONG”.

Saldívar destacó que el enfoque participativo busca garantizar que la reglamentación sea viable dentro del marco operativo de las organizaciones afectadas. “La idea es sacar algo factible y aplicable, dentro de lo delineado en la ley”, afirmó. Remarcó que no se trata de evitar molestias a ciertos sectores, sino para construir una reglamentación razonable.

La ministra enfatizó que la ley establece dos obligaciones principales: un registro obligatorio de las organizaciones y la divulgación de información. “Queremos llegar a un consenso razonable, sin desconocer que la decisión final corresponde al Presidente, basada en las recomendaciones del equipo técnico”, concluyó.

Villate afirma que Ley permitirá identificar a los que obran de buena fe y a los que no

Por su parte, Gustavo Villate subrayó que la legislación permitirá identificar a quienes operan de manera legítima y a quienes no. “Lo importante es no meter a todos en la misma bolsa. Esta ley nos permitirá, dentro de un directorio, diferenciar a las personas que obran de buena fe de aquellas que no”, señaló.

El titular del Mitic también destacó que la normativa cubrirá “zonas grises” al identificar beneficiarios en términos generales. “Estamos trabajando de manera participativa, escuchando a todos los sectores”, sostuvo.

Agrego que la decisión final será del presidente Santiago Peña, pero que el proceso asegura que las voces de todos sean consideradas,

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