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Según informó el director departamental de la Policía Nacional en Canindeyú, comisario general Rafael González, actualmente existen nueve invasiones de inmuebles con fines extorsivos, desde la zona de Americana, en el distrito de Corpus Christi, hasta Ypehû, región del XIV, donde, hasta hace poco tiempo, no se registraba este tipo de ilícito, según precisó.
Dijo que la gran mayoría de las ocupaciones extorsivas son llevadas a cabo por indígenas en tiempos de siembra y cosecha, donde los productores muchas veces no pueden evitar el pago porque se encuentran entre la espada y la pared, debido al poco tiempo que tienen para ambas actividades.
”El cultivo debe realizarse inmediatamente después de una lluvia, y en la época de cosecha también el tiempo apremia, ya sea por amenaza de lluvia o por mucha sequía. Entonces, pagan a los extorsionadores que se ponen en sus caminos para no tener peores pérdidas”, explicó el jefe policial.
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Identificó como uno de los presuntos cabecillas de este nuevo tipo de golpe a Rubén Villalba, líder campesino que encabezó aquella masacre en Curuguaty, registrada el 15 de junio de 2012, ocasión en que fallecieron 17 personas: 11 campesinos y 6 policías.
Además de Villalba, que cuenta con 5 órdenes de captura por distintos hechos punibles, un total de 19 indígenas también están con orden fiscal de detención. La lista está encabezada por los hermanos López Ortiz, considerados presuntos profesionales extorsionadores de productores en la zona. Ellos son Derlis Fermín, Emigdio Osvaldo, Francisco Vicente, Arnaldo y Eudelio Benítez López, quien, a pesar del primer apellido distinto, es también familiar de los López Ortiz. Además, integra la lista de presuntos cabecillas Diego Carrillo Mancuello.
En el día de la fecha, el fiscal de Katuete, Oscar Javier Paredes, ordenó la detención igualmente de los presuntos líderes indígenas Jacinto Garcete Ortiz, Octavio Romero Tavares, Silvio García López, Sabino Barrios Vera, Lucas García, Asunción Romero Tavares, Cinthia García López y Berenice García López.
También para fumigar
El director policial, González, informó que actualmente los indígenas están ubicándose en propiedades rurales para extorsionar a los propietarios que empiezan a fumigar sus cultivos. Con el mismo método que emplean en la siembra y la cosecha, los nativos reúnen a niños y mujeres y cierran los accesos a las propiedades rurales privadas, evitando así el paso de las máquinas fumigadoras a los cultivos, y solo salen con un pago de G. 10 millones por familia, precisó. “A veces hasta 20 familias se juntan”.
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La policía estudia estrategias para desalentar las ocupaciones extorsivas, teniendo en cuenta lo sensible que resulta enfrentarse a los indígenas. Aseguró que existen personas interesadas que pretenden que haya víctimas entre ellos para iniciar una convulsión social cuyas consecuencias son impredecibles. Dijo que, por esta razón, aun cuando hay heridos de bala en las filas policiales, no se reacciona de la misma forma contra los nativos armados.