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La acusación contra los camaristas que anularon el auto de apertura a juicio oral y ordenaron una nueva audiencia preliminar para la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Irún Ayala, fue presentada por el Abg. Adrian De Jesús Enriquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
En su acusación el representante de la organización que se presenta como víctima del fallo emitido en segunda instancia, argumenta que los camaristas miembros del Tribunal de Apelación Penal “asumieron el rol de un Tribunal de Sentencia e incurrieron en el vicio de fundamentación ilegal, aparente, defectuosa y contradictoria con la ley y los hechos probados”.
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Agrega que los camaristas Cristóbal Sánchez Díaz y Agustín Lovera Cañete actuaron de manera arbitraria y fuera de los alcances de la ley, violando de esta forma el principio constitucional del debido proceso, ya que “juzgaron y ponderaron acerca del fondo de la cuestión, realizando incluso un juicio de valor acerca de las pruebas obrantes dentro del cuaderno de investigación fiscal.”
“A través de la conducta desplegada por los magistrados, los mismos han violentado sin pudor alguno el debido proceso, con el pretexto que el juez penal de Garantías (Yoan Paul López) no realizó el control de la acusación presentada por el Ministerio Público”, resalta el letrado en parte de escrito de acusación.
Cámara anuló fallo contra exjueza Tania Irún
El Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital, con voto en mayoría, anuló el Auto Interlocutorio N° 742 del 20 de agosto de 2024, dictado por el juez de Garantías Yoan Paul López, que elevó a juicio oral y público la causa penal que afronta la exjueza Tania Irún Ayala, por supuesto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierras, ubicadas en zona de seguridad fronteriza en el Departamento de Alto Paraguay, a empresas extranjeras.
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La anulación del A.I. N° 742 se dio de oficio con los votos de los camaristas Cristóbal Sánchez (preopinante) y Agustín Lovera Cañete, mientras que el magistrado José Waldir Servín votó, en minoría, por declarar inadmisible el recurso de apelación planteado por los abogados Mario Rodrigo y Gustavo Darío González Planás, defensores de la exjueza Tania Irún.
El camarista preopinante Cristóbal Sánchez señala en su voto que el hecho punible del que se le acusa a la exmagistrada es el prevaricato, previsto en el artículo 305 inciso 1° del Código Penal, en concordancia con el Art. 29 Inc. 1° del mismo cuerpo legal. Sin embargo, resalta que a lo largo del Auto Interlocutorio N° 742 del 20 de agosto de 2024, no encontró fundamentación alguna de esta conclusión del juez Yoan Paul López.
Por su parte el camarista Agustín Lovera Cañete resalta que el 4 de abril de 2024 la fiscal anticorrupción Verónica Valdez, designada como interina ante la recusación contra su colega Natalia Fúster, solicitó la reapertura de la presente causa y solicitó el sobreseimiento definitivo de la exjueza Tania Irún.
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Sin embargo, tras la oposición del juez Yoan Paul López, el 18 de julio pasado la fiscala adjunta Soledad Machuca presentó acusación y pidió elevar la causa a juicio oral.
Acusación contra exjueza será estudiada en nueva preliminar
La acusación presentada posteriormente por la fiscal adjunta Soledad Machuca señala que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas a la Fiscalía.
En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.
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Según la hipótesis fiscal, la entonces jueza en lo Civil y Comercial violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”, en consecuencia, afrontará juicio oral y público, de acuerdo a lo resuelto por el juzgado a cargo del caso.
Tania Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en noviembre de 2021. Contra dicha resolución la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital interpuso una acción de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Los camaristas que ratificaron la resolución de Tania Irún en la Cámara de Apelaciones también fueron acusados, pero terminaron absueltos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.