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El pastor José Alberto Insfrán Galeano fue acusado el sábado en el marco del caso A Ultranza, por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak. Los hechos atribuidos al procesado son el lavado de dinero en asociación criminal, tanto por la Ley N° 1340/88 como por el Código Penal. El agente solicitó a la jueza Rosarito Montanía que Insfrán vaya a juicio.
En las páginas de la acusación, se señala que José Insfrán inició su actividad comercial en 1995 cuando se inscribió como contribuyente. En ese entonces indicó como actividad económica principal “depósito de materiales de construcción y ramos generales”.
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Sin embargo, el 1 de enero de 2017, José Alberto Insfrán actualizó su actividad como “comercio al por menor de otros materiales de construcción, tales como ladrillos, madera, equipo sanitario”. En 2019, inscribió una actividad secundaria como “servicios personales no especificados”.
Al estar inscripto como contribuyente, esto le habilitó para emitir y recibir facturas, tanto por la compra como por la venta de bienes a modo de justificar sus ingresos y egresos. Esto dentro de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Renta Personal (IRP) y a la Renta Empresarial (IRE).
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Pastor adquirió bienes por sumas superiores a sus ingresos
Así, la acusación fiscal detalla que por el IVA, Insfrán declaró ingresos por G. 7.098.507.910 y egresos por G. 7.478.446.352; en tanto que por la IRP, el pastor declaró que entre el 2019 y 2020, tuvo ingresos por G. 1.706.499.999 y egresos por G. 3.051.931.084, mientras que entre 2021 y 2022 no presentó declaraciones.
Para el fiscal acusador, todas las declaraciones constituyen una simulación tributaria entre el acusado y los demás integrantes de la organización criminal. Según la teoría del Ministerio Público, los investigados “se facturaban entre sí, ya sea como personas físicas o bien mediante la utilización de las empresas creadas por la familia Insfrán, con el objeto de insertar o poner en circulación el capital ilícito reunido por Miguel Ángel Insfran Galeano, obtenido como producto del narcotráfico”.
Resalta el fiscal que todo lo declarado por Insfrán, como ingreso, no supera el costo del bien adquirido en 2020 donde puso a funcionar su Centro de Convenciones Avivamiento, valorado en G. 7.751.490.400 y esto, sin contar los demás bienes como el centro de retiro y el de Mariano Roque Alonso.
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Vínculos religiosos de Sebastián Marset
La acusación contra el pastor José Insfrán, revela ciertas conductas de Sebastián Marset a través de su hombre de confianza Federico Santoro Vassallo, extraditado a los Estados Unidos. Entre ellas, el pago efectuado a un pastor colombiano que llegó a frecuentar Paraguay desde el 2020.
En cuanto al pastor de nacionalidad colombiana, que según los registros migratorios fue identificado como el pastor Óscar Alberto González Hincapié, a quien Marset tenía agendado como “profeta Óscar”. Este registró ingresos a Paraguay entre el 21 de marzo de 2013 al 20 de diciembre de 2021.
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En ese sentido, el escrito fiscal expone que los vínculos entre el acusado José Insfrán y el uruguayo prófugo Sebastián Marset, se dieron por medio del Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), movimiento religioso liderado por Insfrán, cuya sede principal la instaló en Curuguaty tras adquirirla en 2020 pero que había firmado el primer contrato de alquiler de inmueble un mes después del primer ingreso del “profeta Óscar”.
El fiscal Deny Yoon Pak expuso que el 22 de diciembre de 2020, Marset bajo el alias de “Dor” le pidió a Santoro, que tenía el alias de “Capitán” o “Captain”, en la aplicación de mensajería encriptada “Sky ECC”, pagarle la suma de US$ 100.000, pero en pesos colombianos al “profeta Óscar”.
En esa comunicación, Santoro envió la foto de un billete de 2 pesos colombianos, indicándole el “token y número”. Esto, en vista a que el “profeta” estuvo un día antes en Paraguay y salió rumbo a Colombia por el Silvio Pettirossi.