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La heredera del Chacoré, residente de la compañía Laguna Pytá Rugua en este distrito, atraviesa una grave situación de vulnerabilidad económica. En medio de esta precariedad, espera que el Estado reconozca su difícil situación y le conceda el derecho a recibir una parte de la pensión de su padre, combatiente de la Guerra del Chaco.
Para poder acceder a este beneficio, Saturnina inició en 2012 un juicio de insanía con el objetivo de establecer su condición de salud y designar un curador. Este proceso contó con el apoyo de algunos vecinos solidarios, preocupados por su pobreza extrema.
Sin embargo, los trámites no avanzaron debido a la falta de recursos, ya que los procedimientos judiciales, especialmente los relacionados con la declaración de discapacidad, conllevan elevados costos.
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No fue sino hasta 2018, tras años de trámites, que se dictó la sentencia de declaración de insanía y asignación de curador. Con este fallo, se presentó finalmente la solicitud de pensión ante el entonces Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas, para que Saturnina pudiera acceder al beneficio como heredera de un excombatiente de la Guerra del Chaco, pero de vuelta le volvieron a poner trabas.
Insensibilidad del MEF para otorgar pensión
La insensibilidad de las autoridades hacia los más vulnerables es alarmante, señaló la abogada María Cristina Barrientos, quien explicó que a lo largo del proceso, se solicitaban constantemente nuevos documentos o se realizaban observaciones al expediente con el fin de evitar que la heredera del excombatiente recibiera la pensión.
Además, en varias ocasiones, la institución pidió que Saturnina fuera sometida a una nueva junta médica, a pesar de que ya existía un juicio previo con sentencia firme, en el que había sido evaluada por un comité médico.
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La abogada detalló que, pese a esto, en la nueva junta médica realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se dictaminó que Saturnina padece de retraso mental severo y una discapacidad laboral del 100%. Sin embargo, en diciembre de 2022, cuatro años después de esta evaluación, el Ministerio de Hacienda resolvió denegar la solicitud de pensión.
El fundamento de esta decisión fue que había transcurrido demasiado tiempo desde el fallecimiento de su padre para iniciar el trámite, y, además, la junta médica no especificaba si la discapacidad de Saturnina era previa o posterior a la muerte de su padre.
MEF insiste que heredera sea sometida a junta médica
Ante esta resolución, se interpuso un recurso de reconsideración ante el mismo Ministerio de Hacienda, presentando nuevas pruebas, incluidas otra junta médica y varios informes del Ministerio de Salud. Sin embargo, estas pruebas fueron desestimadas y, en marzo de 2023, el Ministerio rechazó nuevamente la solicitud, cinco años después de la primera petición.
Como consecuencia, se inició un Procedimiento Contencioso-Administrativo. Además, existen ya dos pericias médicas previas que no fueron consideradas por el Ministerio de Hacienda, y al no haber sido impugnadas, deberían ser tomadas en cuenta por la Cámara de Alzada a favor de la solicitante.
Ahora se espera que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala de la Capital, se expida sobre el caso, para que de esa manera, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puedan concederle la pensión, aunque sea por motivos de caridad.
En el MEF no responden sobre el tema. Quisimos conocer la versión de la institución estatal, pero pasaban la llamada a diferentes departamentos.