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En el distrito de General Francisco Isidoro Resquín, pobladores de la comunidad campesina Kira’y, viven momentos de gran tensión y, ante el riesgo de que la situación empeore, se requiere una urgente intervención del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Un grupo de 47 campesinos denuncia haber sido desalojado ilegalmente y amenaza con “recuperar” las tierras. Por su parte, la ocupante actual, Nilda Torales, afirma que cuenta con un certificado de ocupación y que mediante un proceso judicial de interdicto logró establecerse en más de 200 hectáreas, donde se dedican a la agricultura mecanizada y la ganadería.
Los 47 campesinos aseguran que, en abril de 2023, fueron desalojados ilegalmente de las tierras del asentamiento, que supuestamente incluía una reserva natural. Desde entonces, se encuentran en precarias carpas junto a sus familias en la vera de las tierras en disputa, y solicitan la intervención del Indert, argumentando que el desalojo fue ilegal y que la actual ocupante no califica para la reforma agraria.
Por su parte, Nilda Torales afirma que tras el desalojo, logró la posesión de más de 200 hectáreas mediante el interdicto y que trabaja en el lugar junto a sus familiares, con certificado de ocupación del Indert. “Entre familias tenemos varias fincas, juntamos y trabajamos, no soy de la zona, por eso me persiguen. Contamos con documentos y pedimos que el Indert termine la mensura y traiga la paz en la zona”, expresó Torales, quien también denunció amenazas constantes por parte de los desalojados.
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Los desalojados alegan que fueron echados ilegalmente y acusan a la ocupante actual de cerrar caminos y de rodearse de civiles armados para intimidar. “Nos dejan en la calle tras el desalojo, es tierra del Indert, vamos a volver a entrar y, si nos matan, sus guardias tendrán que matarnos a todos. Si seguimos en la calle, igual vamos a morir de hambre; ni la justicia ni el Indert nos ayudan”, manifestó Avelina Bareiro, una de las desalojadas y presidenta de la comisión.
El abogado Luis Vera, representante de las víctimas, declaró que “el desalojo fue irregular en su momento, es urgente que se pueda intervenir en la zona”. Según él, el Indert lleva adelante un proceso de mensura mientras la situación se vuelve más tensa. Las familias viven en condiciones precarias, bajo carpas y sin las mínimas comodidades, siendo los niños los más afectados por esta situación.
El asentamiento, de aproximadamente 5.000 hectáreas, fue expropiado en 1989 y se divide en 6 comunidades. En la zona existen 5 escuelas, un colegio, una Unidad de Salud y un puesto policial, pero la tenencia de las tierras nunca fue regularizada por el Indert, por lo que nadie posee títulos del inmueble.
En el área de más de 200 hectáreas ocupada por Nilda Torales, la conexión eléctrica es clandestina. Torales reconoció la ilegalidad de la conexión, argumentando que es responsabilidad de la ANDE regularizar el servicio, ya que en la zona todos utilizan la electricidad de manera ilegal y sin pagar.
El ambiente en la comunidad es cada vez más tenso, y se necesita una intervención seria y urgente de las autoridades competentes para evitar que la situación empeore.