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A través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 242 la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió que Luis Iván Estigarribia Alderete (28), afronte juicio oral y público en el marco del caso A Ultranza. El mismo fue acusado por los supuestos hechos de lavado de activos en asociación criminal por la Ley N° 1.340/88 y lavado de dinero por el Código Penal, por el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
En la audiencia preliminar a Estigarribia, que inició el pasado 31 de octubre y finalizó este miércoles 6 de noviembre, su defensa ejercida por los abogados Miguel Ángel Mendieta (acusado por soborno agravado, tras intentar hacer llegar en forma irregular un celular a su cliente Miguel Insfrán en su celda en Viñas Cue) y Miguel Ángel Martínez Batista, plantearon los incidentes de cambio de calificación y solicitaron el procedimiento abreviado, los cuales fueron rechazados por el juzgado.
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Por otra parte, la magistrada dispuso mantener la medida de prisión preventiva que fue dictada por el AI N° 5 del 5 de enero de 2023; así también, la medida de inhibición general y enajenar y gravar bienes, así como el congelamiento preventivo y bloqueo de cuentas corrientes, ahorros y cualquier otro producto financiero depositado y registrado a nombre de Estigarribia.
De la misma forma, Montanía resolvió mantener las medidas cautelares e inhibición general de enajenar y gravar bienes, como así también el congelamiento preventivo o bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en los bancos, financieras y cooperativas, en relación a la empresa Barakah SA, a la firma “Rancho Farmosa SA”, y declararlos como bienes sujetos a comiso.
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Colaborador de Tío Rico compró bienes por G. 4.000 millones en un año
A través de su investigación, el Ministerio Público encontró que Luis Estigarribia insertó entre los años 2020 y 2021, el dinero obtenido en carácter de ganancia proveniente, presuntamente, de la venta de cocaína a los continentes europeo y africano por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, dentro del sistema financiero nacional.
En ese contexto, la Fiscalía detectó que desde el año 2020 hasta el 2021, Estigarribia efectuó la compra de 37 bienes inmuebles por un monto que asciende a G. 2.154.000.000. Mientras que, en el año 2021 realizó la compra de al menos 36 vehículos por la suma total de G. 1.867.720.000, lo que se correspondería en US$ 302.990. De esta forma, Estigarribia adquirió bienes por un total de G. 4.021.720.000 en solo un año con dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.
Igualmente, Luis Estigarribia dentro del sistema financiero nacional, a los efectos de que la organización o los miembros de esta puedan justificar sus supuestos movimientos de dinero dentro del tráfico económico legal, efectuó la emisión de facturas, por valor de G. 3.757.095.594, desde el 2019 al 2022, y facturación por ventas desde el 2019 al 2022 por la suma total de G. 3.559.940.000.
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Luis Estigarribia, un “exitoso empresario” desde corta edad
Entre los años 2019 y 2021, se conformó y funcionó en Paraguay una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. La misma estaba integrada por el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, que aguarda juicio. Durante el periodo de actividad, esta obtuvo US$ 433.500.000 por envíos a Europa y US$ 18.000.000 por envíos a África.
Ante tales ganancias, cada socio tenía personas de su confianza que le ayudaba a ocultarlas con la compra de bienes muebles e inmuebles e insertarlas en el sistema financiero legal. Así aparece Luis Estigarribia, hombre de confianza de Tío Rico. El hoy acusado se encargó de utilizar el sistema financiero nacional para poner en circulación las ganancias de Miguel Insfrán entre 2020 y 2021.
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De acuerdo con la teoría presentada por el Ministerio Público, en su acusación, Estigarribia que entonces tenía solo 24 años, asumió como presidente o encargado de la empresa “Barakah SRL”, el 11 de noviembre de 2020, al adquirir 675 cuotas sociales, de G. 500.000 cada una, totalizando la suma de G. 337.500.000, pertenecientes al imputado Jorge Antonio Giménez Bogado, de esa misma firma. En el documento también se asentó que el imputado en rebeldía Osvaldo Acosta adquirió 30 cuotas sociales, de G. 500.000 cada una, totalizando G. 15.000.000, que anteriormente eran del acusado Conrado Ramón Insfrán.
En ese mismo acto, se aumentó el capital social de “Barakah SRL” en G. 4.510.000.000, divididas en 9.020 cuotas sociales de G. 500.000 cada una. De todas ellas, Luis Estigarribia suscribió 8.118 cuotas sociales, totalizando la suma de G. 4.059.000.000. Para la Fiscalía, este cambio fue debido a que precisamente la organización criminal estaba utilizando la empresa Barakah, y hubo un momento financiero en la que necesitaban despejar el anterior socio, Conrado Insfrán impuso en su lugar a Jorge Antonio Giménez, y en su lugar a Osvaldo Acosta y él, a Luis Estigarribia.
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El fiscal acusador resaltó que, cuando Luis Estigarribia adquirió la firma “Barakah SRL”, se da cuando en realidad era empleado de la misma. Es más, desde el 27 de enero del 2017 ya era parte de esta empresa, en la que supuestamente cumplía la función de gerente y que, luego de tres años asumió la cuota social mayoritaria.
A Ultranza: favores entre los supuestos miembros de la organización
En la acusación también se detalla que Luis Estigarribia, mientras estuvo al frente de “Barakah SRL”, desde el 1 de agosto de 2019 se encargó de emitir certificados de trabajos como representante de la empresa, a favor de los integrantes de la organización criminal. Así es que, expidió un documento de esa naturaleza a Conrado Insfrán, haciendo constar que supuestamente ganaba un salario de G. 30.000.000, y que el acusado lo usó para gestionar un descuento de cheque por G. 60.000.000 ante la Cooperativa San Cristóbal.
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Igualmente expidió el certificado de trabajo de la mencionada empresa, a nombre del imputado José Alberto Insfrán Galeano, quien supuestamente cumplía la función de gerente comercial, con un salario de Gs. 50.000.000, el cual también fue utilizado para solicitar descuentos de cheques, en la Cooperativa San Cristóbal.
El fiscal Pak describe en su escrito que, Luis Estigarribia ya realizaba actos a favor de Miguel Ángel Insfrán Galeano, quien según presunción del Ministerio Público se dedicaba al tráfico internacional de drogas, “cuanto menos desde hace 15 años atrás, computados desde el 2020 para atrás”.
En este mismo sentido, la ubicación de Estigarribia al frente de la empresa del clan Insfrán, sirvió para que los integrantes de la asociación criminal, como los ya mencionados Conrado y el pastor José Alberto Insfrán, puedan usar en el sistema financiero nacional para supuestamente referir que tenían un respaldo económico, o ser empleados de la mencionada firma.
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Estigarribia que también era socio de la Cooperativa San Cristóbal, aprovechó esto para insertar dinero narco al sistema financiero legal. Pues, desde el 9 de agosto de 2021, solicitó préstamo corporativo por valor de G. 500.000.000, a ser pagados en 24 meses. Para este efecto, por su parte, presentó un proyecto de inversión para la empresa “L.A. Constructora”, que fue aprobado, a instancia del hoy acusado Juan Carlos Ozorio Godoy, por la suma de G. 493.250.000.
Ello, sin dejar de mencionar que la analista de crédito de riesgo Mónica María Acuña Noguera, expresamente mencionó en su análisis lo siguiente: “Conforme al análisis técnico realizado y en base a la documentación presentada, es mi parecer recomendar el rechazo de la solicitud”. No obstante, fue aprobada porque la organización criminal contaba con el apoyo en esta cooperativa, del acusado Juan Carlos Ozorio.
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Estigarribia viajó con Tío Rico y tenía comunicación con otros miembros
La acusación fiscal, según consta en un extracto trasncrito en el AI N° 242, el a las 0:37 del 17 de febrero del 2021, Luis Estigarribia viajó junto con Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y otras personas imputadas en A Ultranza con destino a República Dominicana.
Además, señaló el fiscal que Lusi Estigarribia mantuvo comunicaciones vía telefónica, a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, con otros integrantes de la organización criminal, a través de llamadas con los imputados José Insfrán, Christian Paredes, con quien constituyó el la firma “Rancho Fermosa SA”, con Conrado Insfrán, y con la acusada Reina Mercedes Duarte, que fueron detectados mediante la investigación.
Igualmente, Estigarribia estuvo en comunicación con el núcleo de la familia Odorico, representado por Jocilene Odorico, con tiene conversaciones en 2019, vía WhatsApp, también se destaca que el 11 de enero del 2022, en representación de “Barakah SRL”, celebró un contrato privado de arrendamiento con la acusada Marina Nathalia Aranda Odorico, en representación de la empresa investigada “Trans Ruah SA”, de 18 bienes inmuebles que se encuentran en la zona de Horqueta, Concepción.