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La Junta Municipal de Asunción recibió esta mañana, en su sesión ordinaria, a Cinthia Guerreño, directora general de Gestión Ambiental de la administración del imputado intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista). Ella y su equipo técnico defendieron su gestión en la autorización para el derribo de la mayoría de los árboles en lo que era el bosque San Vicente, donde tras la tala, ocurrida días atrás, “limpiaron” el terreno para construir un supermercado.
La acalorada sesión contó además con la presencia de la organización de vecinos que intentó detener el avance de las obras de desmonte y que todavía se opone a la construcción de un supermercado mayorista en el predio.
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En su exposición, tanto la directora municipal como su equipo técnico, reconocieron que al momento de autorizar el derribo del bosque, estaban al tanto de la denuncia penal que se había presentado en Fiscalía, sobre los documentos presentados por la empresa privada. Pese a esto, decidieron dar luz verde al desmonte.
En un encendido discurso, que fue calificado por algunos concejales como más propio de la defensa de la empresa privada que de los intereses medioambientales de la ciudad, el ingeniero Walter Lezcano, a cargo del expediente, acusó a los vecinos y a los concejales de ser ellos los que falsearon datos sobre el proyecto.
Bosque San Vicente: autorizaron derribo, pese a proceso penal
Autoridades de la Dirección de Gestión Ambiental admitieron que, cuando el 23 de octubre pasado emitieron la autorización para el derribo de 117 árboles en el bosque San Vicente, estaban en pleno conocimiento de que había una denuncia penal por supuesto falseamiento de datos.
La acción judicial fue presentada por los vecinos organizados el 7 de octubre y comunicada oficialmente por la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales de la Junta Municipal, la concejal Jazmín Galeano, el 15 de octubre.
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La directora Cinthia Guerreño dio una breve introducción, en la que prácticamente se lavó las manos de lo ocurrido, señalando que ella es solo la cara visible de un equipo técnico que autorizó el derribo. “Acá no es Cinthia Guerreño, acá hay una dirección y es la Municipalidad de Asunción la que da la autorización”, dijo y cedió la palabra al ingeniero Walter Lezcano.
Lezcano, antes que responder a las preguntas de la concejal Galeano, se dedicó a atacar a los vecinos y a los concejales que los apoyan, a los que acusó de ser ellos los que falsificaron datos.
Defendieron datos del estudio de impacto ambiental
El ingeniero Lezcano defendió la superficie establecida en el estudio de impacto ambiental del proyecto y criticó a los vecinos denunciantes, que hablan de una superficie mayor, cuya medición atribuyen al Instituto Forestal Nacional (Infona). El funcionario dijo que ese no es el órgano competente.
En ese sentido, dijo que su equipo realizó un relevamiento de datos del terreno y encontró que la superficie del predio es de 9.472 metros cuadrados, coincidente con la señalada por la empresa. Sin embargo, reconoció que puede tener errores y derivó a la Dirección de Desarrollo Urbano la determinación de la superficie exacta.
Además, Lezcano criticó la calificación del predio como “bosque protector del arroyo Ferreira”, pese a reconocer que el terreno está a menos de 30 metros de su cauce, dimensión establecida en la Ley 4.241/10 y su decreto reglamentario 9.824/12. Dijo que, de seguirse ese lineamiento, deberían destruirse todas las casas en torno al arroyo.
Lezcano defendió también las obras de compensación a las que se sometió a los responsables de la obra y especificó que las áreas escogidas para la plantación de plantones son la plaza Japón, Costanera Norte, la avenida Pozo Favorito y el predio de la Justicia Militar. Dijo que también se comprometió a la empresa a plantar 120 plantones con más de 2 metros de altura en el mismo predio del extinto bosque.
Dirección de Gestión Ambiental ataca a vecinos, pero quiere modificar norma
En una exposición bastante vehemente, el ingeniero acusó a los vecinos de ser ellos los que falsearon datos. Dijo que el informe citado en la denuncia penal, atribuido al Infona, es un dictamen preliminar sobre el informe forestal realizado por una ingeniera forestal, por encargo de la empresa privada.
Señaló que en dicho informe se establece una superficie total del inmueble de 11.449 metros cuadrados, pero alegó que en el dictamen final del Infona, se habla de una cobertura forestal de 0,47 hectáreas, por lo que, aseveró, no puede considerarse al terreno como un bosque protector.
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La actitud del ingeniero provocó la reacción de algunos concejales, como Rosanna Rolón (ANR - opositora), quien cuestionó que los funcionarios actúen más como representantes de la empresa privada que como defensores de los recursos naturales de la ciudad.
Ya hacia el final de su exposición, Lezcano, el propio responsable del expediente, reconoció que la Dirección de Gestión Ambiental pretende modificar su normativa, la ordenanza 340, de protección de cobertura arbórea, y establecer que no se pueda autorizar una afectación arbórea mayor al 50% de la población forestal disponible y que fincas o lotes con más de 100 árboles no puedan ser objeto de aprobación de derribo.
Vecinos criticaron prepotencia
En comunicación con ABC, Rosa Vacchetta, una de las voceras de la organización de vecinos, criticó la actitud prepotente con la que los funcionarios fueron a presentarse ante la Junta Municipal. “Se fueron para atacar a los vecinos y a la Junta”, dijo y cuestionó que ante la falta de argumentos, se haya recurrido al ataque personal.
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Vacchetta recordó que no solo las ordenanzas, sino que la legislación y la Constitución Nacional, obligan a las autoridades municipales a proteger a la naturaleza. “Tienen que cumplir con la Constitución, con la ley de recursos hídricos, la ley forestal, la ley de bosques protectores, la ley de deforestación cero”, ejemplificó.
La vecina criticó además que pese a estar al tanto de la denuncia penal, la Dirección de Gestión Ambiental decidió autorizar el derribo antes de que la Fiscalía se expida. “Ellos actuaron de fiscales y de jueces. Asumieron personalmente y le hicieron asumir al intendente la responsabilidad por la emisión de la autorización”, criticó.
Funcionarios municipales invierten su rol, afirman
Los vecinos coincidieron con el reclamo de algunos concejales, en que los funcionarios parecen estar invirtiendo su rol. “En todo momento se manifestaron en representación de los intereses de la empresa y no de sus cargos, que tienen que defender lo que pide la ciudadanía y lo que corresponde legalmente para defender la ciudad”, señaló Rosa Vacchetta.
La abogada adelantó que algunos concejales estarán solicitando la suspensión de las obras con el objeto de salvaguardar al menos el terreno, ante la posibilidad de recuperarlo, al menos como un espacio público. Días antes que la Municipalidad de Asunción autorizada el desmonte, en el Congreso Nacional se archivó un pedido de expropiación del bosque San Vicente a favor de la comuna, que habían planteado vecinos y legisladores.