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Ramón González Daher cuenta desde hoy con una tercera condena, esta vez de seis años de cárcel, como consecuencia del hurto de cheques de un juzgado. Las otras condenas que pesan contra el extitular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) son de 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y de 7 años de pena privativa de libertad por denuncia falsa.
El Tribunal de Sentencia presidido por Juan Carlos Zárate Pastor e integrado por María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro declaró probada la acusación presentada por el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), con relación al hecho punible de reducción.
Fiscal solicitó condena de 12 años de cárcel para RGD
Recordemos que en sus alegatos finales, el representante del Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de pena privativa de libertad para RGD, por quebrantamiento del depósito y hurto agravado, en calidad de instigador; y por reducción como autor.
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La Fiscalía sostuvo en juicio que el condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y a 7 años por denuncia falsa, en su afán de recuperar las hojas de cheque incautadas de su poder en el marco de la causa que finalizó con su condena, habría inducido a una persona con acceso al juzgado, entre febrero y julio de 2021, a sustraer los 471 cheques.
Al inicio de la jornada de hoy, el Tribunal de Sentencia comunicó a las partes la decisión de realizar la advertencia del artículo 400 del Código Procesal Penal y dio un plazo de 1 hora más, a fin de que la defensa pueda prepararse para la eventual calificación del hecho punible de reducción.
El Artículo 400 del CPP establece que si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa.
Al momento de dar a conocer su veredicto, el Tribunal de Sentencia explicó que las evidencias presentadas en juicio permiten concluir que la conducta del acusado configura el delito de reducción, en calidad de autor, no así los demás hechos punibles referidos por el Ministerio Público en su acusación. En consecuencia, la pena establecida para el referido delito es de seis años de cárcel.
RGD utilizó cheques hurtados de juzgado para “apretar” a víctimas de usura
La desaparición de dichas evidencias fue denunciada por la actuaria de Sentencia Mariana Laterra, el 5 de agosto de 2021 y, según la misma, los cheques fueron recibidos entre el 5 y el 8 de febrero del año 2021 por la entonces actuaria del juzgado penal de Garantías, Luz Portillo.
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En el ámbito judicial, nunca se pudo determinar quien fue la persona que sacó el paquete de cheques del depósito de evidencias del juzgado, cuyo acceso no fue violentado.
Las sospechas recayeron posteriormente sobre González Daher luego de que Alberto Antebi denunciara ante la Fiscalía que el usurero utilizó tres de los cheques hurtados del juzgado para reclamar el pago de una supuesta deuda (que Antebi afirma que ya está pagada).
Posteriormente, otras dos víctimas hicieron denuncias similares, pues igualmente fueron requeridas por RGD para el pago de deudas ya canceladas, para lo cual el ahora condenado utilizó cheques que hacían parte del sobre con evidencias hurtado del Palacio de Justicia.
Se trata de Dolly Bareiro Peña, contra quién González Daher inició un juicio ejecutivo en su contra con 5 cheques hurtados del juzgado y de Bernardo Balbuena Pettengil, a quien RGD inició un juicio de verificación de crédito con otros 11 cheques igualmente pertenecientes al lote de evidencias sustraídas del recinto judicial.
Es decir, con los tres cheques de Alberto Antebi la fiscalía probó que RGD tenía en su poder 19 cheques de los 471 robados del Poder Judicial.
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Defensa de Ramón González Daher solicitó absolución
La defensa de RGD, a cargo de los abogados Raquel Talavera y Erich Ratzlaff, solicitó la absolución de su defendido en sus alegatos finales.
Los defensores sostuvieron que el Ministerio Público no probó quién es el autor del quebrantamiento del depósito y el hurto agravado. En cuánto al hecho punible de reducción, la defensa argumentó que tampoco fue probado por la Fiscalía.
“Por lo tanto, no se puede pretender una condena por instigación sin tener al autor. Condenarle a mi representado es dejarle impune al autor”, expresó la abogada Raquel Talavera al argumentar el pedido de absolución de su defendido.
Raquel Talavera agregó que a la Fiscalía le resultó más fácil cargar sobre un particular (en este caso Ramón González Daher) la responsabilidad de la custodia de los cheques, cuando que debió investigar a magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Ramón González Daher participó de su juicio oral y público desde su lugar de reclusión, la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, donde se encuentra recluido desde diciembre de 2023.
En esta causa, también estuvo procesada la abogada Emma González Ramos, pero en puertas del juicio oral y público, firmó un acuerdo conciliatorio con las víctimas. Esta situación posibilitó a la defensa plantear un incidente de extinción de la acción penal, la Fiscalía se allanó a dicha petición y el Tribunal de Sentencia dictó su sobreseimiento definitivo.
No obstante esta situación, la letrada afrontará un juicio oral y público por impulsar un total de 155 denuncias falsas por estafa y apropiación con la finalidad de cobrar cheques del usurero.
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Causas por tentativa de hurto de cheque y manipulación del sistema judicial, en curso
Paralelamente, se tramitan otros dos procesos por maniobras irregulades detectadas en el Poder Judicial, en las causas abiertas contra el usurero González Daher.
Una es contra el funcionario judicial Néstor Zárate, por tentativa de hurto de un cheque de Ramón Gónzález Daher, ofrecido como evidencia en una causa tramitada ante el juzgado penal de garantías N° 9, a cargo de Rolando Duarte.
La otra es la que se tramita contra la actuaria judicial Juliana Romero Maciel, sindicada por la Fiscalía de manipular el sistema judicial Judisoft para dejar en el “frezzer” la causa abierta contra RGD por el hurto de cheques del juzgado de Otazú, cuyo juicio precisamente concluyó hoy con su condena.
En ambos casos el Ministerio Público presentó acusación y solicitó juicio oral y público para los funcionarios judiciales procesados.