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Además de solicitar intervención en el expediente caratulado “Cusabo y otros c/ Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ obligación de hacer escritura pública y otros”, los misioneros japoneses promovieron un juicio de modificación equitativa de contrato, buscando evitar que las 80.000 hectáreas de tierra donde están asentados, en Puerto Leda (Alto Paraguay), sean transferidas a empresas extranjeras como había ordenado la exjueza Tania Carolina Rosa Irún Ayala.
El Abg. Milciades Benítez, representante de la Fundación para el Desarrollo Sustentable en las Américas del Norte y Sur, visitó la redacción de nuestro diario y explicó que los solicitantes son arrendatarios, con opción a compra, de las 80.000 hectáreas del inmueble en cuestión, por lo que serían perjudicados si se concreta la transferencia ordenada por la ex magistrada acusada de presunto prevaricato, según explicó.
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Por esa razón solicitaron intervención al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 26° Turno de la Capital, a cargo del juez Heinrich Fabián Von Lucken Gamarra, y hasta ahora aguardan la resolución del magistrado.
Benítez indicó que, en paralelo, la fundación ha promovido un juicio de modificación equitativa de contrato ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del 3er Turno de la Capital a cargo del juez Juan Blanco Bogado, ya que además de las tierras de Puerto Casado, existiría intención de transferir a las empresas extranjeras las 80.000 hectáreas de tierra, ubicadas en Puerto Leda, donde están asentados los misioneros japoneses.
Transferencia de tierras afectaría a voluntarios japoneses
Los voluntarios japoneses argumentan que hace varios años son arrendatarios y tienen opción preferencial para comprar unas 80.000 hectáreas de tierra de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, en la localidad de Puerto Leda, situada en el Departamento de Alto Paraguay, a unos 60 kilómetros al sur de Bahía Negra.
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“Solicitamos a la Justicia un resguardo a los derechos contractuales y legales que posee la fundación en los terrenos de Puerto Leda, donde los misioneros japoneses tienen un arraigo de veinticinco años, realizando labores no solo económicos sino por sobretodo comunitarias y sociales”, expresó el Abg. Milciades Benítez, quien junto a su colega Sebastián Acha representan a la fundación.
El letrado cuestionó que la transferencia de las tierras se haya concretado sin darle participación a la Fundación para el Desarrollo Sustentable en las Américas del Norte y del Sur, cuando que los misioneros japoneses serán directamente afectados una vez que cumpla la resolución judicial.
A criterio de Benítez en el caso existe una simulación de compra, ya que no se pueden vender 310.000 hectáreas de tierras por 15 millones de dólares. “Es un precio irrisorio porque no estarían pagando ni 50 dólares por cada hectárea. Eso no se compadece con el valor actual de esas tierras, donde mis clientes han hecho multimillonarias inversiones, en más de dos décadas”, puntualizó.
Exjueza Tania Irún ordenó transferencia de tierras
El 23 de noviembre de 2018 la Abg. Tania Carolina Rosa Irún Ayala, entonces jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno de la Capital, había dictado la Sentencia Definitiva (SD) N°494 del 23 de noviembre de 2018, en el marco del Juicio Caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato de hacer escritura pública”.
Con esta resolución la entonces jueza hizo lugar a la demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
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Por ello, Irún intimó a la parte demandada a otorgar la escritura pública traslativa de dominio a favor de las citadas firmas, consistentes en 310.000 hectáreas aproximadamente, distribuidas en 26 fincas localizadas en zona de seguridad fronteriza, situadas en Fuerte Olimpo, Puerto Pinasco y Puerto Casado, en el Departamento de Alto Paraguay.
La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió para su estudio la acción de inconstitucionalidad planteada por la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
Removida del cargo por mal desempeño de funciones
Tania Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el 9 de noviembre de 2021, sin embargo la acusación contra los camaristas del fuero Civil y Comercial, Antonia López, Stella Marys Zárate y Miguel Ángel Rodas, quienes confirmaron la resolución de la ahora acusada, fue rechazada por el JEM en setiembre de 2022.
La exjueza accionó contra su remoción ante la Corte Suprema de Justicia y la decisión de la Sala Constitucional del máximo tribunal sigue hasta la fecha pendiente de resolución.
En su voto por la remoción de Tania Irún el ministro Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia había señalado que la entonces jueza en lo Civil y Comercial de la Capital violó la Ley de Seguridad Fronteriza con el dictamiento de la S.D de fecha 23 de noviembre de 2018, poniendo en riesgo la soberanía nacional.
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En ese sentido Benítez Riera resaltó que “las acciones a títulos de sociedades que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en las zonas de seguridad fronteriza, deben ser nominativas y no endosables, según el Artículo 4° que son nulos los actos jurídicos que contraríen esta ley, sin perjuicio de las demás sanciones que puedan corresponder a los jueces, notarios públicos y funcionarios que intervengan en tales actos”.