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Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, presentaron su Requerimiento N° 88 dirigido al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, para solicitar la desestimación de la denuncia planteada en relación a hechos punibles de lesión de confianza y estafa que habría provocado un perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023 al Instituto de Rrevisión Social (IPS).
La denuncia penal formulada ante el Ministerio Público fue contra el expresidente de la previsional Vicente Battaglia, el consejero Roberto Brítez Ferreira, el consejero y representante de los trabajadores asegurados Gustavo Ramón Arias, consejera representante del Ministerio del Trabajo Ludia Claudina Silvera López, representante de la patronal en el IPS Miguel Ángel Doldán Martínez, y el consejero Dr. Ricardo Vicente Oviedo Medina.
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De acuerdo con lo que consta en el escrito fiscal, la denuncia había sido presentada por la entonces senadora Kattya González, el dipustado Rubén Benítez y el Dr. Jorge Brítez, presidente del Consejo del IPS. Además, de los reportes N° 52, N° 53, N° 54 y N° 55, remitidos por Camilo Benítez, titular de la Contraloría General de la República (CGR).
En ese contexto se inició una causa en consecuencia, específicamente, al Reporte CGR N° 53/2023 del 5 de setiembre de 2023, en el que se menciona el supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023, y que por tanto las autoridades intervinientes del IPS, durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 2023, lo habrían provocado.
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Ministerio Público concluyó que denuncia “no tendría relevancia penal”
En su requerimiento fiscal, los agentes señalan que tras “haber analizado todas las documentales obrantes en el cuaderno de investigación, y de agotado las instancias investigativas, a criterio de esta representación fiscal, nos encontramos ante hechos que no tendrían relevancia penal y por ende no amerita la persecución de oficio en el ámbito penal de parte del Ministerio Público”.
“Al no contar con información suficiente respecto a una afectación negativo al patrimonio del IPS como podría ser el aumento injustificado del pasivo del ente, en este caso, no puede considerarse que se cuente con información relevante en el ámbito penal, ya que, en el contexto de una hipótesis de delitos de índole patrimonial, el daño al patrimonio debe poder determinarse de una manera cierta y concreta”, añadieron los fiscales.
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Para los investigadores del Ministerio Público no existen condiciones que permitan encuadrar lo denunciado dentro de las conductas descritas tanto en el artículo 192° del Código Penal - lesión de confianza, como en del artículo 187° - estafa, del mismo órgano jurídico.
Así también sostienen en su pedido que del análisis de los documentos analizados, “se concluye que no existen elementos objetivos que permitan encuadrar dichas conductas en algunos de los tipos penales denunciados, al ni siquiera poder determinarse la existencia de un perjuicio patrimonial”.
En ese mismo sentido, señalan también que piden la desestimación “considerando que se ha determinado la atipicidad de los hechos denunciados”.
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Contraloría señaló diferencias entre crédito otorgado y pago total
La Contraloría General de la República (CGR), en su Reporte N° 53 señaló la existencia de irregularidades administrativas y contables correspondientes al periodo del ejercicio fiscal 2022. Es en base a cinco observaciones hechas por el órgano contralor que este formuló la hipótesis sobre la comisión de hechos punibles, según consideraron los fiscales.
En cuanto a la “Observación N° 7″, se señalaron diferencias entre los montos aprobados para la línea de crédito según resolución del Consejo de Aministración y el contrato y pagarés a Interfisa Banco SAECA. En este punto se aclara que se firmaron dos pagarés, uno anulado y otro vigente por un crédito de G. 50.000.000.000 que, sumando los intereses de financiación G. 13.981.526.829 más el IVA G. 1.3398.152.68059, el monto total de la operación ascendió a G. 65.379.679.514, que es lo que se debe abonar.
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La operación financiera se concretó con el desembolso de los G. 50.000.000.000 el 13 de diciembre de 2022, cuyo primer vencimiento fue el 31 de enero de 2023. El pago se debe realizar en forma mensual, en 60 cuotas, siendo el último vencimiento el 30 de diciembre de 2027.
Se señaló entonces que “al momento de instrumentar la operación en un pagaré se utilizó un modelo estándar para operaciones a la vista, donde se menciona la promesa de pago de determinada suma de dinero correspondiente al capital , más los intereses compensatorios pactados a ser computados desde la fecha de firma del pagaré G. 65.379.679.514, cuando debería ser únicamente el Capital”. En consecuencia, el 10 de agosto de 2023 se realizó el cambio de “Pagaré No a la Orden” quedando anulado así el anterior y entregado al IPS. El nuevo documento de compromiso establecía el monto del desembolsos por G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios.
Sin embargo, “la entidad bancaria, informó que no ha sido modificado ni se ha firmado un nuevo contrato de préstamo entre IPS y el Banco, referente a la operación”.
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Otras supuestas irregularidades detectadas por la CGR
En la “Observación N° 12″, se señaló que el IPS no contó con la composición de saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios correspondientes a las cuentas contables “existencias productos médicos” del Balance General del 31 de diciembre de 2022, así como sus respectivos comprobantes de respaldo por G. 1.157.694.787.925.
Contraloría solicitó, en el marco de su investigación reporte sobre las cuentas del pasivo “Existencias Productos Médicos” y “Existencias Productos médicos”, por el importe de G. 1.157.694.787.925, el listado de proveedores pendientes de pago por ejercicio fiscal, sin embargo no fueron proveídos por IPS. Señaló la entidad que reiteró su pedido, pero no tuvo respuesta.
Ante la falta de comunicación, el equipo auditor elaboró la hipótesis de que el IPS no contó con la composición de los saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios de esas.
En otro cuestionamiento, señalado con la “Observación N° 14″, el equipo auditor de la Contraloría constató que los recursos obtenidos por el IPS a través de líneas de crédito bancarias, un total de G. 425.000.000.000, las mismas no fueron presupuestadas en el ejercicio fiscal 2022. En este sentido, se constató que “no se visualizó el código ‘Origen del ingreso’ bajo el cual estén presupuestados y registrados los recursos provenientes de préstamos bancarios aprobados por el Consejo Directivo del IPS por un importe total de G. 425.000.000.000, de los cuales, fueron desembolsados G. 330.000.000.000″.
Más diferencias en IPS, evidenciadas por Contraloría
La CGR enfatizó en su “Observación N° 24″, que el IPS no remitió documentos de conciliación de la diferencia de G. 10.607.631.653 entre el estado de resultado y la ejecución presupuestaria de gastos del periodo 2022. En ese aspecto, se realizó una comparación con los montos expuestos entre sí, siendo el estado de resultados de G. 1.970.304.964.987 y lo pagado, de G. 1.980.912.596.640, evidenciándose así una diferencia de G. 10.607.631.653.
Pero, es preciso exponer que “al momento de la emisión del Reporte de Indicios de Hechos Punibles el IPS no remitió los documentos de conciliación de la diferencia de G. 10.607.631.653″, sostuvieron desde la Contraloría.
En cuanto a la “Observación N° 25″, el órgano contralor también evidenció una diferencia de G. 21.731.982.931, entre la planilla de composición de pagos y el registro mayor de la cuenta “Subsidio por Maternidad”, de los meses de junio y diciembre del periodo 2022.
Dicha diferencia se desprendió de la confrontación hecha por la CGR, entre el total abonado, según planilla de composición de pagos de G. 123.262.567.210 y el total asentado en el Registro Mayor por “Subsidio por Maternidad” de los meses de junio y diciembre de G. 153.295.883.426.
La Contraloría destaca que al momento de realizar su reporte, solicitó informes, pero sin contar con respuesta de parte de la previsional.