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Los lugareños acercaron documentos asegurando que sospechan de un despilfarro del dinero de los recursos de royalties, porque se pagaron a empresas constructoras y hasta a una ferretería local, por supuesta reparación de caminos vecinales. Sin embargo, siempre estaban trabajando maquinarias de la Gobernación, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Municipalidad local.
Esta situación ha generado dudas sobre la asignación de los contratos y la transparencia en el proceso de adjudicación de las obras a la ferretería Kamba’i, propiedad de Julio César Paniagua Benítez, quien emitió dos facturas a favor de la Municipalidad por un total de G. 63.192.249. El cobro habría sido por supuestas reparaciones de puentes en este distrito, sin especificar el lugar y la cantidad realizada.
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Asimismo, la ejecutiva comunal contrató a dos empresas constructoras: JP Ingeniería, de Jorge Emilio Pedrozo Alarcón, quien percibió G. 42 millones por reparación y mantenimiento de caminos vecinales; y la constructora Mendoza Hijos de Gustavo Mendoza, a la que la Municipalidad desembolsó G. 185 millones por reparación y mantenimiento de caminos en los sectores de Mbocayapucú, Mbocaruzú, Kaaguy Cupe, Paso Paredes, Asasaty I y Asaraty II.
Ahora los lugareños exigen que se atiendan los reclamos de las diferentes compañías, y en especial de Carbón Cue, Asaraty I y II, Colonia César Barrientos, Caballero Punta y otros que siguen aguardando la transitabilidad por el lugar, se quejó uno de los denunciantes, Ezequiel Cáceres.
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Es una persecución porque las obras fueron hechas
Al respecto, consultamos a la intendenta local, María Cristina Servín Franco (ANR), quien manifestó que se trata de una persecución política y que ella estaba preparada para que dijeran que los caminos rurales fueron reparados por la Gobernación o el MOPC.
Para ello, aseguró que las esporádicas veces que aparecieron maquinarias de ambas instituciones, ella se documentó con acta notarial para dejar evidencia de que la Municipalidad sí desembolsó para obras viales.
Respecto al pago de G. 63.192.249 a una ferretería, dijo que dicho comercio cuenta con el servicio de actividad económica secundaria, ya que se dedica a la construcción de proyectos de servicios públicos e instalaciones eléctricas y electromecánicas. La ampliación del servicio se realizó el 27 de diciembre de 2023. Sin embargo, en la factura que emitió a la Municipalidad, su servicio no estaba aún actualizado.
Reconoció que dentro del municipio hay varias compañías que aún esperan el mejoramiento vial, pero que están avanzando. Considera que no existe irregularidad alguna en el pago que realizó por obras viales y que, si alguien está seguro de que existen anomalías en su gestión, debe realizar la denuncia formal ante las autoridades competentes y no mediatizar con intenciones de desprestigiarla ante la ciudadanía.