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La Cámara de Apelación debe resolver la recusación planteada por las defensas del ex ministro del Interior Walter H. Bower Montalto, de 65 años, y los comisarios Osvaldo Javier Vera Espínola (51) y Merardo Palacios Melgarejo (66) contra los jueces Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, como presidente y miembros del Tribunal de Sentencia que juzga la causa por hechos de tortura.
Con las recusaciones que fueron planteadas el jueves último, en el caso de Bower, y el viernes de parte de los otros dos acusados, se trabó la segunda parte del juicio oral, en el que los fiscales de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Sonia Sanguinés y Luis Chamorro presentarán sus pruebas y solicitarán los años de pena para los acusados, según lo señalado en el Artículo 65 del Código Penal.
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Los abogados Rolando Alum y Carlos Álvarez, en representación de Alfredo Cáceres y Jorge López, los policías víctimas de tortura; también solicitarán las penas que consideren para los tres acusados en la causa penal.
Bower y policías, condenados por tortura
La primera parte del juicio finalizó el sábado 19 de octubre con la resolución del Tribunal de Sentencia que, por unanimidad, dio por probado que los comisarios participaron de hechos de maltrato físico contra Jorge López Sosa, además de otras personas; y que el exministro del Interior Walter Bower participó en los hechos que sucedieron en mayo de 2000, en las sedes de la Marina y la comisaría 11ª de Asunción, entre ellos el Crio. Alfredo Cáceres, luego de un fallido levantamiento militar contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Tanto Jorge López como Alfredo Cáceres, además de varios agentes de la Policía Nacional, fueron torturados para que contaran quiénes fueron los responsables del intento de golpe de Estado, de acuerdo a lo detallado por las juezas Laura Ocampo y Cándida Fleitas al momento de explicar la sentencia.
Indicaron que el entonces Oficial Inspector Jorge López fue maniatado, vendado y golpeado por sus propios camaradas de la Policía en la Comisaría 11ª de Asunción, a cargo del comisario Basilio Pavón, quien también fue acusado por el caso pero falleció durante el proceso.
En cuanto al Crio. Alfredo Cáceres resaltaron que fue torturado y denigrado frente a Walter Bower por parte de los ahora acusados Merardo Palacios y Osvaldo Vera.
Plazo máximo de suspensión es de 10 días
El Artículo 373 del Código Procesal Penal establece que el juicio oral y público se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, computados continuamente solo una vez. Luego detalla los motivos para la suspensión.
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En este caso, si la resolución sobre las recusaciones contra el Tribunal de Sentencia supera este plazo el juicio oral deberá iniciar de cero.
La prueba “clave” que fue sustraída del PJ
El Libro Superior de Novedades de la Marina, donde quedó registrado el ingreso del entonces ministro del Interior Walter Bower y su comitiva en la noche del domingo 21 de mayo del 2000, es una de las pruebas claves ofrecidas por el Ministerio Público.
Recordemos que el comisario Alfredo Cáceres declaró ante la dirección de Justicia Policial que fue torturado el 21 de mayo a la noche, (que era un día domingo) y que el entonces ministro Bower estuvo presente.
La actuación policial en dependencias militares causó descontento en esferas castrenses. En la época, desconocidos depositaron en la recepción de nuestro diario el libro de novedades de la unidad mencionada.
El documento original, en el que se registra el ingreso de las personas a la Marina, fue entregado por nuestro diario al fiscal del caso (Amílcar Ayala), a través de un escribano.
Tras publicarse en este diario que Cáceres fue torturado en la Marina y que la entrada y salida de los supuestos torturadores constan en el libro de novedades de esa unidad militar, las Fuerzas Armadas difundieron un comunicado en el cual afirman que “los procedimientos fueron realizados sin la presencia de ningún personal de la Armada paraguaya”.
En el referido libro de novedades el oficial de guardia Tte. José Lezcano deja constancia del ingreso a esa unidad, a las 21:40, del comisario Juan Basilio Pavón, subcrio. Merardo Palacios, subcrio. Diosnel Ferreira, oficial inspector Ramón Giménez, oficial 2 Osvaldo Vera, suboficial Carlos Giménez y el oficial inspector Jorge López, quien se encontraba detenido.
A las 22:00 ingresó el ministro del Interior Walter Bower acompañado del comisario Víctor Aguero, el viceministro Gabriel Chase, quienes llegaron a bordo de dos vehículos particulares. El oficial registró además los vehículos utilizados por la comitiva, con especificaciones de marca, tipo, y chapa y precisó que la comitiva se retiró a la 01:30 del día siguiente..
Posteriormente, esta evidencia se robó del juzgado en el 2018 justo cuando se debía realizar la audiencia preliminar. Sin embargo, la presentación de una copia autenticada “salvó” la situación y permitió su inclusión del mismo en el cúmulo de pruebas ofrecidas por la acusación.
Condena de la Corte IDH por mora judicial
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Sentencia del 17 de mayo de 2023, hizo lugar a la demanda promovida por el oficial inspector de Policía Jorge López Sosa contra el Estado paraguayo. La condena es porque la justicia paraguaya no se expidió en plazo razonable en este proceso, que se ha convertido en el juicio más largo de nuestra historia.
“Las falencias ocurridas en el marco de la investigación iniciada a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, así como del incumplimiento con el plazo razonable del proceso penal que, actualmente, mantienen los hechos de tortura sufridos por el señor López Sosa en impunidad, evidencian una manifiesta denegación de justicia a la víctima”, indica la sentencia.
El Tribunal ordenó al Estado de Paraguay diseñar e implementar programas de capacitación para cuerpos de seguridad, jueces y fiscales sobre los estándares interamericanos en materia de prohibición, prevención e investigación de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El fallo establece que el Estado paraguayo debe pagar en un plazo de 1 año US$ 50.000 de indemnización por daño material e inmaterial a favor de la víctima de tortura.
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De igual manera, la Corte dispuso el pago de otros US$ 10.000 por costas y gastos del juicio.