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Una importante cantidad de pobladores de San Bernardino, Caacupé, Loma Grande y de ciudades aledañas del departamento de Cordillera, junto con integrantes de la Asociación “Caacupets”, se movilizaron este viernes desde las 10:00.
La convocatoria se desarrolló para exigir justicia por los dos perritos que fueron envenenados hace unos 15 días atrás en el distrito de San Ber por un vecino de la localidad.
El veterinario Emilio Silva, oriundo de Caacupé, participó de esta actividad y lamentó que aún siga ocurriendo este tipo de situaciones en el país. Señaló que hoy se manifestaron con el objetivo principal de concienciar a la población y pedir que se accione ante este terrible caso de maltrato animal.
Resaltó que se unen al dolor de la familia afectada con los vecinos y pobladores de diversas ciudades con la Asociación Caacupets que está encabezada por Susanne Burger, para defender los derechos de los animales y también para solicitar el cambio que corresponde a las autoridades en la Dirección Nacional de Defensa Animal.
“Necesitamos una ley real que se respete y que se cumpla porque todos los días vemos miles de casos de crueldad en los perritos que son seres que no hacen daño a nadie. Esto continúa porque no se tiene una ley que se cumpla” dijo Silva.
Anticipó que si no hay voluntad de parte de las autoridades, la próxima semana volverán a manifestarse con más fuerza pero ya frente a la fiscalía.
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Hecho
Christine Preussner es la propietaria de los dos perritos que fueron envenenados en su terreno ubicado en la compañía Heriberta Matiauda de San Bernardino. La misma señaló que después de lo que aconteció en su barrio el presunto autor, que es su vecino, sigue libre como si nada hubiera pasado.
Explicó que sus mascotas fueron intoxicadas con un veneno para ratas, que le pusieron en sus carnes. “Esto fue confirmado mediante los análisis que le realizaron a los canes y a la comida que consumieron”, enfatizó.
La denunciante dijo que siente temor de su vecino y que por eso incluso no lo quieren nombrar por miedo a lo que él le pueda hacer. Cuestionó la falta de gestión y el poco apoyo de la fiscalía, porque no le prestan la debida atención a este tipo de hechos que son muy graves. La fiscal encargada del caso es Zulma Benitez Reyes.
El pasado 15 de octubre la Cámara de Diputados sancionó y remitió al Ejecutivo el proyecto de ley que aumenta el castigo contra el maltrato animal, elevando así a la categoría de crimen al contemplar penas privativas de libertad superiores a los cinco años. Está en manos del presidente Santiago Peña vetar o promulgar la ley.
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