Otorgarán carnet identificatorio a piriceros para el uso legal de materia prima en Areguá

Para solucionar el conflicto que afecta a los piriceros y canoeros de Areguá, la Gobernación Central, en conjunto con la Municipalidad de Areguá, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y otras entidades públicas, iniciaron un proyecto que permitirá a estos artesanos trabajar de manera legal mediante la implementación de un carnet identificatorio.

Planta acuática Pirí en el lago Ypacaraí. Para solucionar el conflicto que afecta a los piriceros y canoeros de Areguá, la Gobernación Central, en conjunto con la Municipalidad de Areguá, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y otras entidades públicas, iniciaron un proyecto que permitirá a estos artesanos trabajar de manera legal mediante la implementación de un carnet identificatorio.
Planta acuática Pirí en el lago Ypacaraí. Para solucionar el conflicto que afecta a los piriceros y canoeros de Areguá, la Gobernación Central, en conjunto con la Municipalidad de Areguá, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y otras entidades públicas, iniciaron un proyecto que permitirá a estos artesanos trabajar de manera legal mediante la implementación de un carnet identificatorio.

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Este carnet permitirá a los productores dedicarse a la extracción controlada de las plantas acuáticas totora y pirí, esenciales para la creación de artesanías que sostienen a cerca de 50 familias en la región.

Desde la implementación de la ley de protección de la cuenca del lago Ypacaraí hace siete años, los artesanos que dependen de la extracción de la totora y el pirí enfrentaron un duro golpe.

Estas plantas, que crecen en los humedales del lago y ayudan a la limpieza del agua, no se pueden recolectar, fueron prohibidas debido a las medidas medioambientales impuestas para proteger el lago.

Entre los resultados de las investigaciones preliminares, realizadas en piletas controladas, se descubrió que la Totora (Typha sp.) es capaz de regenerarse en un período de cuatro meses, lo que permitiría realizar dos cortes anuales sin afectar la sostenibilidad de la planta.

Este hallazgo fue clave para iniciar un proceso de autorización de intervenciones con fines de investigación en el humedal de la cuenca del lago Ypacaraí, asegurando así que los cortes sean controlados y monitoreados científicamente.

El proyecto, dirigido por el Ingeniero César Cardozo y la Dra. Inocencia Peralta, directora de Investigación de la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA), permitirá la extracción sostenible de estas plantas, y también medirá el impacto socioeconómico que esto tendrá en la comunidad de Areguá. El seguimiento de la regeneración de la planta y la documentación de todo el proceso estará a cargo de los investigadores y expertos del área de biodiversidad del MADES.

Como resultado, cerca de la mitad de los artesanos que antes trabajaban en este rubro dejaron de hacerlo, ya que el acceso a la materia prima se volvió ilegal.

Algunos trabajadores intentaron continuar recolectando las plantas de manera clandestina, pero la cantidad que lograban obtener era mínima y el negocio dejó de ser rentable.

Carnet identificatorio y manejo sostenible

Frente a esta situación, las autoridades se sentaron a dialogar con los piriceros, productores de artesanías y representantes de la comunidad para buscar una solución.

Surgió la propuesta de otorgar un carnet identificatorio a todos los productores, que incluirá a cortadores, artesanos y vendedores.

Con este documento, los trabajadores podrán extraer de manera regulada la totora y el pirí, asegurando que la recolección sea sostenible y controlada.

El ingeniero forestal César Cardozo, uno de los responsables del proyecto, subrayó que el verdadero peligro para el lago Ypacaraí no son los piriceros, sino las obras de infraestructura urbana que contribuyen a la sequía de los humedales.

Según el ingeniero, las plantas acuáticas como la totora y el pirí tienen una capacidad de regeneración rápida, alcanzando su pleno crecimiento en un período de tres meses.

El nuevo sistema permitirá controlar las áreas de extracción y evitar que los trabajadores tengan que actuar de manera ilegal, como lo estaban haciendo en los últimos años.

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