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A través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 140, del 22 de octubre de este año, el Tribunal de Apelación, conformado por los magistrados Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvia Luraghi, resolvió otorgar una prórroga extraordinaria a los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez, en el marco de la causa “Wilfrido Adrián Cáceres Flores y otros s/enriquecimiento ilicito ley Nº 2523/2004 (delitos económicos)”.
Los fiscales investigadores, pertenecientes a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), debían presentar su requerimiento conclusivo el próximo 13 de noviembre, pero con la extensión del periodo investigativo, deberán hacerlo el 13 de mayo de 2025.
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En este caso está imputados el exasesor financiero de la Junta Municipal y exdirector Administrativo del Óscar “Nenecho” Rodríguez, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, su esposa Ruth Jazmín Da Silva Almirón, así como la estudiante de odontología Camila Monserrat Ramírez Gómez y su madre, Elvira Vda de Ramírez Gómez.
El pedido del Ministerio Público se funda en que “los hechos investigados, se tornan excepcionalmente complejos, ello es así, pues por tratarse de hechos punibles graves que atentan contra la restitución de los bienes y se viera afectada la condición de funcionario dentro de un organismo municipal, donde se habría transgredido el manejo a la cosa pública [...]”.
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Es ante la complejidad de los hechos es que los fiscales buscan agregar a la carpeta de investigación, “testimoniales; pedidos de informe a instituciones estatales y privadas, recurrir a informaciones obrantes en fuentes públicas y cerradas, recurrir a actos investigativos de índole técnicos, entre otros, recabando información adicional respecto a los imputados”.
Wilfrido Cáceres tiene bienes bloqueados
A través del AI N° 252, de julio pasado, y su aclaratoria por AI N° 253, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia decretó la prohibición de innovar y contratar, además ordenó y trabó el embargo preventivo sobre tres lotes registrados a nombre de la empresa Inmobiliaria del Este SA (IDESA), los cuales pertenecen a Wilfrido Cáceres.
Las mencionadas medidas de carácter real impuestas por el magistrado afectan al Lote N° 01, de la Fracción Mirador San Roque, con Cuenta Corrente Catastral Nº 105-24, de Piribebuy, inscripto en la Dirección de General de los Registros Públicos (DGRP) como Finca Nº D12/11619, bajo el Nº 6 al folio 4 y siguientes del 2004.
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También al Lote N° 2, Manzana 10, de la Fracción Mirador San Roque, Cuenta Corriente Catastral Nº 105-25, de Piribebuy, inscripto en la DGRP como Finca Nº D12/11620, bajo el Nº 6 al folio 4 y siguientes del 2004; y también, Lote Nº 13, Manzana 10, de la Fracción Mirador San Roque, Cuenta Corriente Catastral Nº 105-36, de Piribebuy, inscripto en la DGRP como Finca Nº D12/11631, bajo el Nº 6 al folio 4 y siguientes del 2004.
Sobre los citados bienes, el magistrado decretó además el embargo preventivo sobre el Lote N° 01, hasta cubrir la suma de G. 69.680.000; sobre el Lote N° 02, hasta cubrir la suma de G. 61.555.000; mientras que sobre el Lote N° 13, hasta cubrir la suma de G. 66.950.000.
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Wilfrido Cáceres y su esposa habrían ocultado bienes
De acuerdo con datos de la imputación presentada por los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez, existe la sospecha suficiente de que entre el 24 de febrero y el 29 de mayo de 2019, Wilfrido Cáceres y su esposa Ruth Da Silva, invirtieron, fuera de sus posibilidades reales, en la compra de tres lotes en Piribebuy adquiridos a nombre de la mujer de la firma Inmobiliaria del Este SA.
Así se detalla en el escrito fiscal que, el Lote Nº 01 tiene un costo total de G. 69.680.000 que fue fraccionado en 130 cuotas de G. 536.000; el Lote Nº 02, un costo total de G. 61.555.000 que fue fraccionado en 130 cuotas de G. 473.500, y el Lote Nº 13, un costo total de G. 66.950.000 fraccionado en 130 cuotas de G. 515.000.
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De acuerdo con un informe proveído por la propia IDESA al Ministerio Público, los lotes fueron pagados hasta el 6 de abril de 2024, respecto al Lote Nº 01 se pagó la suma de G. 33.232.000, por el Lote Nº 02 la suma de G. 27.936.500 y por el Lote Nº 13 la suma de G. 31.930.000, totalizando hasta esa fecha una inversión de G. 93.098.500.
Los mencionados lotes se traducen en un activo patrimonial del matrimonio, compuesto por Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva, valorado en G. 198.185.000 que a su vez corresponden al valor total de los tres inmuebles. Cabe señalar que si bien, dichos fundos fueron adquiridos en 2019, se presume que deliberadamente habrían sido ocultados de la Contraloría, pues ya tenían conocimiento de que estaban siendo investigados y ello, habría sido con el fin de evitar restricciones legales sobre estos.
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Matrimonio adquirió bienes por más de G. 5.000 millones
En las páginas de la imputación fiscal se detalla también que, de acuerdo con un informe de avalúo remitido por la Senabico, sobre el valor de los muebles y equipamientos de la casa del barrio Lote Guazú de San Lorenzo, los mismos representarían un monto de G. 521.500.000, los cuales al cambio actual correspondería a US$ 70.000.
Sobre ese mismo inmueble, allanado el 13 de mayo último, se pudo determinar que costo real de ambos terrenos fue de G. 280.000.000 y no de G. 100.000.000, como Cáceres y Da Silva habían informado a la CGR. En tanto que la mansión construida sobre los dos terrenos de San Lorenzo, tuvo un valor de G. 1.061.745.750 según un contrato privado para la construcción, con una entrega de G. 100.000.000. Así el valor total de ese bien inmueble corresponde a G. 4.194.476.000, según un tasador de la Senabico.
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Por otra parte, sobre el inmueble de Ñemby aún está pendiente el avalúo, el cual fue “vaciado” por el matrimonio tras el el allanamiento de su mansión en San Lorenzo. Sin embargo, se pudo determinar preliminarmente que el el matrimonio invirtió de G. 5.099.367.000 en bienes raíces, amoblamiento, y vehículos por valor de US$ 71,400, cuyos ingresos no le permitían según sospechas.
Es preciso señalar que el 13 de mayo pasado el fiscal Silvio Corbeta imputó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Wilfrido Cáceres, su esposa Ruth Da Silva, y a la asistente en su clínica odontológica Camila Ramírez Gómez; en tanto que el pasado 4 de julio último, los fiscales Corbeta y Luis Piñánez, presentaron imputación contra Cáceres y Da Silva, por los mismos hechos punibles, en la cual incluyeron a Elvira Gómez Ortiz viuda de Ramírez, madre de Camila.