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La cuestionada intención del imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) de subastar 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera enfrenta un nuevo escollo. Las mismas parcelas forman parte de un proyecto de desarrollo urbano, aprobado por ley del Congreso Nacional, mediante el cual el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) -con financiamiento internacional- pretende la construcción de un Distrito Eco Inclusivo.
El proyecto fue aprobado el 24 de noviembre de 2023 y refrendado por el presidente de la República, Santiago Peña y por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. En redes sociales del MOPC consta imágenes de las reuniones ejecutivas del proyecto, de las que participaron también las autoridades municipales: el intendente y su jefe de Gabinete, Nelson Mora.
El concejal Pablo Callizo reclamó que en lugar de avanzar con la aplicación de este proyecto, que incluirá el desarrollo de la zona para el beneficio de la ciudadanía, la administración de Nenecho esté empeñada en subastar las tierras para la obtención de recursos. Lo más cuestionable es que se pretenda destinar esos recursos para el pago del servicio de la deuda (o sea, intereses generados con la emisión de los bonos), gastos operativos (salarios, aguinaldo y otros) y solo una parte sea para inversiones.
Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) está actualmente imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro” y es investigado investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras que no se ejecutaron.
Subasta de costanera: lo que establece el proyecto
El obstáculo que enfrenta ahora la administración de Nenecho es que las fracciones A1 y A3, de dos y cuatro hectáreas, respectivamente -ubicadas sobre la avenida General Santos y Costanera, detrás del viviendas sociales conocidas como “casitas de colores”- ya están comprometidas.
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Documentos del “Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción” a los que pudo acceder ABC, muestran que ambas parcelas forman parte de las 31 hectáreas de tierras municipales que, de avanzar el proyecto, se utilizarían para la construcción de un Distrito Eco Inclusivo.
El proyecto de ley establece que en el sitio se construirían unas “600 unidades definitivas de vivienda de reasentamiento in situ a fin de proporcionar soluciones de vivienda formales y a largo plazo, en un área elevada con un fuerte riesgo reducido de inundación para familias vulnerables al clima, que viven en un área propensa a las inundaciones”.
Asimismo, establece el desarrollo de la “infraestructura urbana básica a fin de proporcionar servicios a las unidades de vivienda de reasentamiento, incluyendo entre otros:
- La conexión de las nuevas unidades de vivienda a las redes existentes de servicios públicos para la electricidad, el agua y el saneamiento.
- La construcción de la red de caminos para acceder a las nuevas unidades de vivienda de reasentamiento con sistemas sostenibles de drenaje urbano a fin de reducir los riesgos de inundación pluvial, además de senderos para peatones y carriles para bicicletas a fin de incentivar la movilidad activa y reducir las emisiones de dióxido de carbono.
- La construcción de instalaciones de servicio social comunitario.
- La creación de parques públicos e infraestructura verde para una gestión de riesgos de inundaciones y el drenaje de aguas pluviales.
- La restauración de riachuelos para optimizar su valor agregado al desarrollo urbano, incluyendo la mitigación de inundaciones.
- La instalación de alumbrado público de energía de bajo consumo.
- La construcción de una línea subterránea de alto voltaje.
Proyecto incluye áreas para el desarrollo privad
Además del desarrollo urbano para viviendas sociales en la fracción A3 de 4 hectáreas, el proyecto establece también un desarrollo privado en las fracciones 5A, 5B y 6 de aproximadamente 14 hectáreas, donde se pretende la construcción de casi 390.000 m2 de edificación.
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Asimismo, se incluye una zona mixta de aproximadamente 5.400 m2, donde se edificarían 18.080 m2. Según los cálculos del mismo proyecto, un total de 600 viviendas tendrían una inversión de aproximadamente US$ 16,8 millones. Cada una de ellas tendrá una superficie de 70 m2 y un costo de construcción de US$ 400 el m2.
Entre los beneficios cuantitativos, se mencionan ahorros anuales para el gobierno local (Municipalidad) y el central. Un aumento del valor de la propiedad de al menos el 20% por el desarrollo de la zona a partir de las inversiones y, también se espera el aumento de los ingresos fiscales para la Comuna.
En cuanto a los cualitativos, se espera el acceso a recursos financieros para los beneficiarios, la mejora de las condiciones de vida, el aumento de la cohesión social, la reducción de la pobreza, una planificación urbana sostenible y, la promoción de la planificación urbana sostenible, así como la solución a los asentamientos informales existentes.
Concejal cuestiona falta de avance con el proyecto
En sus redes sociales, el concejal Pablo Callizo (PPQ) cuestionó que antes de avanzar con este auspicioso proyecto, con financiamiento incluido, el intendente cartista lo esté poniendo en riesgo con la intención de subastar parte de las tierras incluidas.
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“Esta solución propone un desarrollo inmediato de la zona, con enormes beneficios sociales, económicos, laborales, ambientales y urbanos. Mejoraría el entorno, brindaría una solución definitiva y podría servir como modelo para otras áreas de la ciudad”, dijo.
Callizo agregó que el “impedimento” sería la urgencia “política” del intendente antes que una cuestión estratégica. En ese sentido dijo que la obra tardaría entre 3 a 5 años, tiempo en el cual Nenecho ya habría terminado su mandato.
“Buscan cerrar la transacción lo antes posible, ignorando el potencial de un proyecto más rentable a largo plazo. Esta decisión podría tener serias consecuencias para la ciudad y hacer que se pierdan millones de dólares que podrían destinarse a obras”, remarcó
“Para colmo, lo recaudado no se utilizará para mejorar la ciudad, sino para pagar deudas anteriores. Eso, bajo cualquier punto de vista, es inaceptable. Cualquier venta en la Costanera debe ir a un fideicomiso y utilizar ese fondo para hacer mejoras en el entorno”, agregó.
Municipalidad dice que proyecto se mudó, pero no dice a dónde
ABC Color intentó obtener una versión del jefe de Gabinete Nelson Mora, quien se limitó a decir que se tratan de “fracciones diferentes” y, que el proyecto que menciona el concejal Callizo “es antiguo”.
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Sin embargo, al ser consultado sobre el avance del proyecto del MOPC para a inversión en el desarrollo urbano de la zona, respondió con evasivas, asegurando que solo los terrenos de 4 hectáreas y 2 hectáreas (A3 y A1, respectivamente) serían para la subasta.
El jefe de Gabinete no respondió dónde serían realizadas las obras previstas en el plan de “resiliencia urbana en la Franja Costera de Asunción”.
ABC también intentó conseguir una versión oficial del proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y aunque prometieron una respuesta, al cierre de esta nota aún no habían contestado a nuestras consultas.