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El imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), presentó esta semana, a la Junta Municipal, el pliego de bases y condiciones y otros documentos pendientes de aprobación, con intención de subastar dos inmuebles de propiedad municipal ubicados en la Costanera Norte. Con los recursos obtenidos, pretende realizar inversiones y pagar servicios de la deuda y gastos operativos, o sea, intereses de los bonos y salarios.
Los inmuebles que se quieren subastar son las fracciones A1 y A 3, de 2 hectáreas y 4 hectáreas respectivamente, ubicadas sobre la avenida General Santos y Costanera, detrás del viviendas sociales conocidas como “casitas de colores” y al costado de estas, donde en un momento se había instalado un autocine. Sin una mínima inversión en servicios urbanos, Nenecho pretende obtener con esta venta más de G. 174.862 millones (US$ 22 millones).
Sin embargo, uno de los detalles más notorios de estos inmuebles, a simple vista, es la baja permeabilidad del terreno. Un equipo de ABC Color constató, esta mañana lluviosa, la presencia de enormes charcos de agua en estas fracciones. En consulta con representantes del sector de desarrollo inmobiliario, explicaron que este detalle, que obedece a la condición de tierras refuladas, inciden en el precio que podría pagar un posible comprador.
A la falta de inversión en desarrollo urbano que muestran estos terrenos, se suma otro factor no menor, que es la inseguridad jurídica para potenciales inversores. Desde el sector de desarrollo inmobiliario, uno de los que podría estar interesado en las tierras, critican la falta de claridad de la Municipalidad con respecto al plan maestro, o Plan Regulador de la Franja Costera Norte, que regirá sobre estas potenciales inversiones, pero que aún no fue aprobado.
Subasta de la Costanera Norte: tierras refuladas no permean agua de lluvias
En un recorrido por la zona, un equipo periodístico de ABC constató hoy lo que desde la oposición y otros sectores de la sociedad civil anticipaban con respecto a la falta de inversión en desarrollo urbano de las tierras. Un factor evidente es la incapacidad de filtrar el agua de lluvia que muestran los inmuebles, que en total suman 6 hectáreas.
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La más comprometida, sin dudas, es la fracción A3, de 4 hectáreas, en donde actualmente se asientan más de una veintena de precarias viviendas de refugio para las familias desplazadas por el último incendio ocurrido en la Costanera, hacia la sede de la Policía Turística, en agosto. Estas familias amanecieron este viernes rodeadas de enormes charcos de agua, producto de la lluvia de la madrugada.
El terreno, además de irregular, está actualmente repleto de montículos de tierra mezclada con basuras, adornadas por precarias conexiones de energía eléctrica y de agua potable, instaladas de forma “temporal”.
El “paisaje” lo completan además una línea de alta tensión de la ANDE que atraviesa la parte posterior del terreno y una enorme zanja del arroyo que separa el lote A3 de la fracción A1. El borde de la zanja está ocupado por otras viviendas precarias, instaladas en parte sobre el cauce del arroyo.
Tierras no sirven para desarrollo inmobiliario, confirman
En consulta con respecto a las condiciones de estos lotes, el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrollos Inmobiliarios, Raúl Constantino, señaló que estos factores influyen en la oferta que podría hacer un potencial comprador. Al tratarse de tierras refuladas, Constantino explicó que en la superficie hay ripio, pero es necesario conocer qué tipo de relleno se hizo y si está compuesto por arena, escombros o residuos.
Pese a esto, el experto remarcó también algunos factores por los que, al menos en estas condiciones, consideran a estas tierras como inviables para el desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, dijo, para el desarrollo de viviendas del programa “Che Róga Porã” ya resulta costoso el precio al que se ofrecen estas tierras (unos US$ 360 el metro cuadrado). Esto teniendo en cuenta que las inversiones de desarrollo urbano correrían por cuenta del privado.
Las seis hectáreas, actualmente no tienen servicios básicos, como desagüe pluvial, conexiones de luz y agua potable ni el indispensable desagüe cloacal. Todo esto haría falta para el desarrollo inmobiliario, indicó Constantino. Además resaltó que cualquier inversión requerirá la construcción de un muro de contención al borde del cauce hídrico.
El experto sumó a todo esto la construcción de calles, veredas y espacios públicos. que son obligatorios para este tipo de espacios y que significarían una pérdida de al menos 30% del terreno comercializable.
Terreno “encajonado” tampoco sirve para hoteles o casinos, aseguran
El presidente de los desarrolladores inmobiliarios subrayó que por su ubicación, ”encajonado” entre las viviendas sociales conocidas como “casitas de colores”, un arroyo y la planta asfáltica de la Municipalidad, la fracción A3, sobre General Santos, tampoco es viable para otro tipo de inversiones, como hoteles o casinos.
Constantino señaló que, en las actuales condiciones, convendría más que el inmueble sea utilizado para una expansión del área de viviendas sociales y que, en todo caso, se prevea otro espacio para los fines con los cuales anunció la Municipalidad de Asunción que realizará la subasta.
El jefe de Gabinete de la comuna, Nelson Mora, informó esta semana que el objetivo de la venta sería la instalación en el sitio de espacios de “ocio, viviendas y negocios”, como shoppings, casinos, patios de comida grandes, torres de vivienda o locales comerciales. Pero desde el sector inmobiliario reclaman que eso no esté plasmado en un documento que otorgue seguridad jurídica a los potenciales inversores: el Plan Regulador, hasta ahora inacabado.
Preocupación por destino final de dinero generado en la subasta
A esto se suma el reclamo unánime de vecinos de Asunción, concejales de la oposición y de la disidencia colorada, que expresaron su preocupación por la venta de estos activos municipales para el pago de intereses de los bonos y salarios. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta el desvío de más de G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras, que terminaron siendo utilizados para el pago de gastos rígidos.
El desvío de los bonos fue confirmado por la Contraloría General de la República y es investigado por la Fiscalía. Paralelamente Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como “detergentes de oro”.