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El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción ratificó el arresto domiciliario de Hugo Javier Vallejos Rivas, uno de los tres policías de Interpol procesados por ocultar las notificaciones rojas de la esposa y del hombre de confianza del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
El 4 de octubre pasado, el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, del primer turno, Humberto Otazú ratificó el arresto domiciliario de Vallejos, tras rechazar la revisión de medidas solicitado por la defensa.
Esta decisión fue apelada por el abogado Adalberto Diosnel Martínez Ramírez, quien sostuvo que el juez no fundamentó debidamente el motivo por el cual rechazó la petición de la defensa y calificó la decisión de arbitraria.
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En este sentido, destacó que el uniformado ya cuenta con una caución real (sobre inmueble) de G. 280 millones y que los delitos por los cuales está imputado son considerados delitos, con una pena de hasta 5 años de cárcel.
“(...) mi defendido ya cuenta con una caución real de G. 280.000.000 ofrecida y aceptada en su momento, cuenta con arraigo en el país determinado por su domicilio, su familia y su carrera, no tiene antecedentes penales y no existe ningún peligro de fuga o de obstrucción a ningún elemento concreto de investigación que haya sido señalado por el Ministerio público conforme al 242 inc.3° y lo más importante que ha cumplido 10 meses de restricción de libertad sin haberla quebrantado y ha sobrepasado los límites de la pena mínima y sin embargo al mantenerle con arresto domiciliario se vulnera su derecho a trabajar y a estudiar, esto considerando que el mismo estaba realizando curso de ascenso en la policía nacional”, alegó el defensor.
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Fiscala se opuso a la libertad de policía de Interpol
“(...) Vallejos se encuentra como uno de los principales autores de los ilícitos, por corresponder aparentemente la administración como “superusuario” del sistema informático vulnerado en Dpto. de Interpol”, afirmó a su vez la fiscala Ruth Benítez, al manifestar su oposición a la liberación del agente.
“Asimismo, el recurrente refiere que el transcurso del tiempo de la investigación da a suponer que el Ministerio Público no reúne los elementos de convicción en contra de su defendido, cuya afirmación es totalmente errónea, en atención a que esta representación pública a la fecha se encuentra colectando elementos que aún sostienen su presunta participación, lo cual no viola el principio de inocencia como lo destaca el profesional”, agregó la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.
Los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez concluyeron que la decisión de Otazú está ajustada a derecho y es acorde a la situación del procesado Vallejos, por lo que debe ser ratificada.
“(...) se debe tener en cuenta que el procesado se encuentra beneficiado con medidas menos gravosas a la prisión preventiva, que este caso, es el arresto domiciliario, por lo que corresponde igualmente mencionar al recurrente, que la pena mínima al que hace referencia no es aplicable al caso particular, en razón de que el art. 19 de la Constitución Nacional, claramente establece que la situación señalada es aplicable a la prisión preventiva, es decir, no se encuentra contemplada ninguna otra situación como el caso particular en que nos encontramos ante un arresto domiciliario, el cual si bien se trata de una restricción de libertad, no obstante es una figura diametralmente distinta a la prisión preventiva al que hace referencia la normativa constitucional”, argumentó Fleitas.
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Los delitos investigados por el cese de notificación roja a la esposa de Sebastián Marset
El oficial segundo Vallejos está procesado por supuesto acceso indebido a sistemas informáticos (artículo 174 b), alteración de datos relevantes para la prueba (artículo 248), frustración de la persecución y ejecución penal (artículo 292) y realización del hecho por funcionarios (artículo 293).
La oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira (27) y el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria (22), son los demás procesados por el caso.
Vasso está procesada por la supuesta comisión de los delitos de frustración de la persecución y ejecución penal (artículo 292) y realización del hecho por funcionarios (artículo 293) y Montiel, por acceso indebido a sistemas informáticos (artículo 174 b), alteración de datos relevantes para la prueba (artículo 248), frustración de la persecución y ejecución penal (artículo 292), realización del hecho por funcionarios (artículo 293), cohecho pasivo agravado (artículo 301) y lavado de dinero (artículo 196).
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Todos fueron detenidos el 24 de noviembre de 2023, fecha en que se inició la intervención de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Paraguay, en Asunción. La intervención se dispuso tras detectarse el ocultamiento intermitente de la notificación roja que pesaba contra a uruguaya Gianina García Troche y el paraguayo José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, la esposa y el secretario de Marset, respectivamente, buscados en el caso A Ultranza Py.